El Constitucional paraliza los derribos de El Cabanyal

El Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite el recurso del Gobierno contra la ley valenciana que permite los derribos en El Cabanyal y ha ordenado paralizarlos. La decisi¨®n implica la suspensi¨®n de la norma aprobada por el Gobierno de Francisco Camps para intentar sortear la orden del Ministerio de Cultura que prohibi¨® el pasado diciembre el plan municipal de prolongar la avenida de Blasco Ib¨¢?ez hasta el mar a costa de demoler m¨¢s de 450 edificios en el barrio marinero, una parte de ellos en el ¨¢rea declarada Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC).

Seg¨²n el Constitucional, la suspensi¨®n de la vigencia y aplicaci¨®n de los preceptos impugnados, se produce desde el pasado 9 de abril -fecha en que se interpuso el recurso- para las partes del proceso y desde el d¨ªa en que aparezca publicada la suspensi¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE), para los terceros.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, envi¨® la semana pasada las excavadoras al barrio para demoler varios inmuebles situados fuera de la zona protegida, donde considera que no tiene competencias el ministerio a pesar de que la orden de Cultura exige que se detenga todo el plan urban¨ªstico y se cambie para respetar los valores patrimoniales del barrio. Los vecinos se movilizaron contra los derribos e intentaron evitar el paso de las m¨¢quinas. La Polic¨ªa Nacional carg¨® con dureza contra los manifestantes. Al menos ocho personas denunciaron heridas por la intervenci¨®n policial, que ahora investiga el Ministerio del Interior.

La investigaci¨®n tendr¨¢ su punto de partida en el informe que el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa ha hecho ya sobre los incidentes y al que ha tenido acceso EL PA?S. El escrito justifica el "uso m¨ªnimo de la fuerza", como califica la carga policial, en una "violenta agresi¨®n" previa por parte de los manifestantes. Adem¨¢s, asegura que "no hay constancia de personas heridas como consecuencia de la carga", pese a las im¨¢genes de la actuaci¨®n, y s¨ª de ocho agentes lesionados.

A ra¨ªz de la orden ministerial, la Generalitat apoy¨® el proyecto estrella de Barber¨¢ con un decreto ley que asum¨ªa el plan y autorizaba los derribos, a lo que el Gobierno ya respondi¨® con un primer recurso ante el Constitucional que tambi¨¦n fue admitido a tr¨¢mite. Pese a ello, Barber¨¢ insisti¨® en que puede actuar fuera de la zona protegida y as¨ª lo hizo la semana pasada despu¨¦s de que la mayor¨ªa del PP en las Cortes convirtiera el decreto recurrido en una ley. De nuevo, el Gobierno acudi¨® al Constitucional, que hoy ha admitido a tr¨¢mite el recurso contra la norma.

Para el Ejecutivo, el plan urban¨ªstico supone un expolio del patrimonio hist¨®rico, ya que destruir¨ªa la singular trama de casas del conjunto de El Cabanyal y partir¨ªa en dos la zona protegida. Las declaraciones de expolio son competencia del Gobierno. En ese sentido, la ley valenciana "menoscaba las competencias sobre protecci¨®n contra el expolio del patrimonio hist¨®rico que corresponden al Estado", indica el recurso del Gobierno.

"Si toca parar los derribos, paramos"

Las primeras reacciones a la decisi¨®n del Constitucional no se han hecho esperar. "Si toca parar los derribos, paramos, hasta que se resuelva finalmente el problema, que se resolver¨¢ porque estamos convencidos de que nos asiste la raz¨®n", ha manifestado el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau."Desde que se anunci¨® que por el Consejo de Ministros se hab¨ªa aprobado el presentar este recurso, lo l¨®gico y lo normal es que fuera admitido a tr¨¢mite", ha continuado Grau. No obstante, se trata de "una admisi¨®n a tr¨¢mite, y nada m¨¢s", seg¨²n ha subrayado. El gobierno local acata la decisi¨®n, como "siempre" hace con las resoluciones judiciales, ha dicho Grau, al tiempo que ha afirmado que la admisi¨®n a tr¨¢mite de este recurso "no es ni m¨¢s ni menos que un entorpecimiento m¨¢s" que estar¨ªa "sufriendo" el equipo de Barber¨¢ en este largo conflicto en torno a El Cabanyal, que dura ya m¨¢s de una d¨¦cada. Grau ha desviado la responsabilidad de que a partir de ahora no se realicen obras en el barrio a la oposici¨®n socialista y de los vecinos que rechazan la prolongaci¨®n de la avenida: "Los valencianos han de saber que esta paralizaci¨®n, de acuerdo con la descabellada orden del Ministerio de Cultura implica que en todo el ¨¢mbito del PEPRI, pr¨¢cticamente en todo El Cabanyal y El Canyameral, no se puede dar ninguna licencia de obras a nadie". Los vecinos llevan a?os reprochando al PP que no haya impulsado la rehabilitaci¨®n en el barrio mientras esperaba una resoluci¨®n judicial definitiva que permitiera derribar los edificios para prolongar la avenida de Blasco Ib¨¢?ez.

Por su parte, la portavoz de Salvem El Cabanyal, Maribel Dom¨¦nech, se ha mostrado "satisfecha" con la admisi¨®n a tr¨¢mite, aunque ha asegurado que la plataforma vecinal "no se va a relajar" porque, en su opini¨®n, "asumir la ley no est¨¢ dentro de los par¨¢metros del PP" y "no se quedar¨¢ con los brazos cruzados". Para Dom¨¦nech, "ahora m¨¢s que nunca", las demoliciones "est¨¢n fuera de la ley". En ese sentido, la portavoz ha criticado de nuevo la actuaci¨®n municipal de la semana pasada de "derribar por derribar en un proceso tan delicado". Dom¨¦nech ha exigido al PP que "respete la dignidad de las personas, del barrio y del proceso judicial" para, de esta forma, "recuperar la identidad del barrio; su paz, tranquilidad y armon¨ªa" a trav¨¦s de la "rehabilitaci¨®n" del conjunto hist¨®rico y de la vida de este distrito mar¨ªtimo, "evitando su degradaci¨®n".

La portavoz socialista en el consistorio de Valencia, Carmen Alborch, ha destacado que la tramitaci¨®n del recurso ante el Constitucional "abre un nuevo periodo de esperanza" para quienes defienden la "rehabilitaci¨®n sin derribos" en El Cabanyal. "El PP se ha quedado sin ning¨²n argumento legal para continuar los derribos durante los pr¨®ximos meses", seg¨²n Alborch, quien ha pedido a la alcaldesa "que respete la legalidad, que abandone la provocaci¨®n, que suspenda los derribos y que deje de amenazar con nuevas demoliciones". El decreto aprobado por el Consell, as¨ª como la posterior ley, han supuesto, seg¨²n la portavoz de la oposici¨®n, "una maniobra que vulner¨® tanto el esp¨ªritu como el contenido de la legislaci¨®n estatal y auton¨®mica sobre patrimonio hist¨®rico".

Tambi¨¦n se ha pronunciado sobre el asunto la diputada de Iniciativa y portavoz adjunta de Comprom¨ªs en las Cortes Valencianas, M¨°nica Oltra, para quien la decisi¨®n del alto tribunal implica que el gobierno local de Barber¨¢ "ha incumplido la legalidad" y "da la raz¨®n" a los ciudadanos que se pusieron "delante de las m¨¢quinas para impedir los derribos". Oltra ha exigido la rehabilitaci¨®n del barrio y ha exigido al PP que deje "ya de lado sus ansias destructoras, que no busque un nuevo camelo legal para continuar derribando y que acate la legalidad vigente".

El colectivo de vecinos favorables al plan de Barber¨¢, surgido a ra¨ªz de la pol¨¦mica por la suspensi¨®n del proyecto ordenada por el ministerio, considera, por el contrario, que "la guerra no est¨¢ perdida", por lo que seguir¨¢n recogiendo firmas de apoyo a la prolongaci¨®n de la avenida. "Alg¨²n d¨ªa se har¨¢", ha afirmado Amparo Molines, miembro de este grupo vecinal.