Un partido salpicado por la corrupci¨®n
Tres grandes esc¨¢ndalos acechan a los populares valencianos
El PP valenciano protagoniza tres grandes casos de corrupci¨®n: el caso Fabra, el caso G¨¹rtel y, ahora, la investigaci¨®n judicial que afecta al presidente de la Diputaci¨®n de Alicante, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll. Bajo la lupa de la justicia est¨¢n los principales dirigentes del partido, empezando por su presidente, Francisco Camps.
La trama de corrupci¨®n del caso G¨¹rtel tiene en la Comunidad Valenciana uno de sus epicentros, ya que en ¨¦l se han visto implicados, adem¨¢s de Camps, altos cargos de su Gobierno y tambi¨¦n de su partido. Camps est¨¢ imputado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, junto a otros tres altos cargos, por haber recibido trajes regalados por la red de corrupci¨®n que dirig¨ªa Francisco Correa, actualmente en prisi¨®n. Por otra parte, la investigaci¨®n de las relaciones de la Generalitat y del PP con la empresa Orange Market, que dirig¨ªa ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes,cabeza visible de la trama G¨¹rtel en Valencia, ha llevado al juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a trasladar al TSJ valenciano la mayor parte de su instrucci¨®n relacionada con la Comunidad Valenciana, tras haber hallado indicios de hasta siete delitos por parte de Camps y su gobierno. Uno de los aspectos de esa investigaci¨®n apunta a la financiaci¨®n ilegal del PP valenciano en varias campa?as electorales, que implica a media docena de empresarios.
Mientras, desde hace seis a?os, el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, es objeto de investigaci¨®n judicial. Actualmente est¨¢ a un paso de sentarse en el banquillo para ser juzgado. Cohecho, tr¨¢fico de influencias y fraude fiscal son los delitos que se le imputan a Fabra, en cuyas cuentas bancarias la Agencia Tributaria detect¨® 600.000 euros sin procedencia justificada.
El de Fabra es uno de los casos paradigm¨¢ticos de imputado con apoyo incondicional de su partido. Un apoyo que posteriormente se traslad¨® a la imputaci¨®n de Camps y al caso G¨¹rtel. La ¨²nica v¨ªctima pol¨ªtica de esa trama corrupta ha sido el ex secretario general del PP, Ricardo Costa, apartado oficialmente por contradecir las decisiones de G¨¦nova.
Si exceptuamos al ex consejero de Sanidad, Luis Fernando Cartagena, que dimiti¨® en marzo de 1998 por su implicaci¨®n en un caso de corrupci¨®n de cuando era alcalde de Orihuela (un caso en el que fue condenado junto al empresario ?ngel Fenoll, precisamente) y que le llevar¨ªa a la c¨¢rcel, ninguno de los cargos populares imputados en la Comunidad Valenciana ha sido expulsado del partido ni obligado a dimitir, si se except¨²a al ex alcalde de Polop, detenido por su supuesta participaci¨®n en el asesinato de su predecesor, tambi¨¦n del PP.
Los socialistas valencianos expulsaron al alcalde de Bigastro, Joaqu¨ªn Moya, y a otros dos concejales, todos imputados por cohecho y malversaci¨®n (Moya estuvo preso). La alcaldesa de San Fulgencio, Trinidad Mart¨ªnez, tambi¨¦n detenida, fue suspendida de militancia, al igual que dos concejales.
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