"Los ministros espa?oles trabajan para que no prosperen las ¨®rdenes de detenci¨®n"

Conseguir el archivo del caso Couso en la Audiencia Nacional ha sido uno de los objetivos prioritarios de la Embajada de Estados Unidos en Madrid durante los ¨²ltimos siete a?os. En su lucha diplom¨¢tica, la legaci¨®n presion¨® en dos direcciones. Por un lado, mantuvo contactos con miembros del Ejecutivo: con la entonces vicepresidenta, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega; con los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores en ese momento, Juan Fernando L¨®pez Aguilar y Miguel ?ngel Moratinos, y con el secretario de Estado de Justicia, Julio P¨¦rez Hern¨¢ndez. Por otro, se dirigi¨® directamente al fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. El apoyo del Ejecutivo espa?ol, seg¨²n la embajada estadounidense, era total. Un telegrama confidencial de fecha 21 de octubre de 2005 y firmado por el entonces embajador Eduardo Aguirre llevaba como t¨ªtulo: "Los ministros espa?oles est¨¢n trabajando para que no prosperen las ¨®rdenes de detenci¨®n internacional" . Se refer¨ªa a las que hab¨ªa dictado dos d¨ªas antes el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso, contra los tres soldados involucrados en la muerte del c¨¢mara gallego Jos¨¦ Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 tras el disparo de un tanque estadounidense.

"Hemos luchado con u?as y dientes para hacer desaparecer los cargos contra los soldados"

"La embajada continuar¨¢ con los contactos con el Gobierno para presionar y que se archive el caso"

"Moratinos asegura que la vicepresidenta De la Vega se ha implicado en el asunto"

La embajada no ten¨ªa dudas sobre lo que quer¨ªa -y seg¨²n los telegramas diplom¨¢ticos, obten¨ªa- del Ejecutivo espa?ol. El embajador escribi¨® en un cable dirigido a su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, d¨ªas antes de su visita oficial a Madrid el 1 de junio de 2007 ( telegrama 109781 ) , que "el Gobierno de Espa?a" hab¨ªa "ayudado entre bastidores a que la fiscal¨ªa apelara [las decisiones del juez]". Le recomendaba tambi¨¦n que, en su reuni¨®n con el presidente del Ejecutivo, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, le hiciera notar la "constante preocupaci¨®n" del Gobierno de EE UU por la causa. Conclu¨ªa que era importante que hubiera "una continua vigilancia y cooperaci¨®n por parte del Ejecutivo" hasta que el asunto decayera.

La legaci¨®n admit¨ªa que aunque en p¨²blico los diplom¨¢ticos mostraban "respeto por la independencia del sistema judicial espa?ol" y por "la tr¨¢gica muerte" de Couso, "entre bastidores", luchaban "con u?as y dientes para hacer desaparecer los cargos" contra los tres militares implicados. Son las palabras textuales de un telegrama confidencial enviado al Departamento de Estado el 14 de mayo de 2007 (informe 108143) .

El c¨¢mara de Telecinco Jos¨¦ Couso muri¨® el 8 de abril de 2003 durante la toma de Bagdad. Un blindado norteamericano dispar¨® hacia el hotel en el que se alojaba, el Palestina. El proyectil impact¨® en la habitaci¨®n 1503, mat¨® al c¨¢mara ucraniano de Reuters Taras Protsyuk y dej¨® otros tres periodistas heridos. Couso estaba grabando en la terraza del piso de abajo. Result¨® gravemente herido y muri¨® horas m¨¢s tarde en el hospital mientras los m¨¦dicos trataban de salvarle la vida y despu¨¦s de que tuvieran que amputarle una pierna. El 27 de mayo la familia se querell¨® contra los autores de los disparos. Se abri¨® un procedimiento penal en la Audiencia Nacional.

Un proceso "durmiente"

Durante el primer a?o la embajada consider¨® este caso como un proceso "durmiente". Empezaron a preocuparse cuando el juez Pedraz inici¨® actuaciones que consideraron m¨¢s agresivas. El encargado de negocios de la embajada, Robert Manzanares, habl¨® el 22 de julio de 2004 con el entonces Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Bernardino Le¨®n, para entregarle una carta de Colin Powell al ministro Miguel ?ngel Moratinos sobre el caso Couso, en respuesta a una previa del pol¨ªtico espa?ol. Manzanares expres¨® su inquietud por el proceso, dijo que quer¨ªan evitar cualquier acusaci¨®n sobre sus soldados y pidi¨® que, si el juez acusaba formalmente, EE UU esperaba que el Ministerio de Asuntos Exteriores expresara claramente a la Audiencia Nacional su oposici¨®n (telegrama confidencial 19029) .

El juez Pedraz prosigui¨® su investigaci¨®n. El 19 de octubre de 2005 orden¨® la detenci¨®n internacional a efectos de extradici¨®n de los tres militares estadounidenses implicados en la muerte de Couso: el sargento Thomas Gibson, que realiz¨® el disparo desde el tanque; el capit¨¢n Philip Wolford, que ten¨ªa el mando de la unidad de blindados; y el teniente coronel Philip de Camp, que mandaba el Regimiento de Blindados n¨²mero 64. El magistrado aleg¨® que era la ¨²nica forma de lograr que declararan ante la falta de cooperaci¨®n judicial por parte de Estados Unidos.

Tras la resoluci¨®n judicial, dos ministros se pusieron en contacto con el embajador para tranquilizarlo. Lo hicieron ese mismo d¨ªa. El primero en llamar fue el entonces titular de Justicia, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, que asegur¨® a Aguirre que "el Ejecutivo pondr¨ªa todo su empe?o en cuestionar la decisi¨®n del juez bas¨¢ndose en argumentos t¨¦cnicos", seg¨²n el relato de un cable confidencial de fecha 21 de octubre de 2005 (43323) . La siguiente llamada la hizo el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel ?ngel Moratinos, para decir que la vicepresidenta Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega estaba "implicada en el tema" y que, "si el magistrado arreglaba las cuestiones t¨¦cnicas, el Ejecutivo pasar¨ªa a apelar la resoluci¨®n". El telegrama subraya que "en p¨²blico, ambos ministros mostraron respeto por la decisi¨®n del juez".

"Ministros trabajan para resolver la situaci¨®n"

Las conversaciones telef¨®nicas tranquilizaron al embajador, que a su vez tranquiliz¨® a su Gobierno con este an¨¢lisis: "Ministros importantes se han movido r¨¢pidamente para hacernos saber que el Ejecutivo est¨¢ trabajando para resolver esta situaci¨®n. Deben actuar con cuidado mientras tratan de influir en la judicatura espa?ola, ferozmente independiente. Para no agravar la situaci¨®n, los l¨ªderes gubernamentales espa?oles deben mostrar en p¨²blico su respeto por el trabajo independiente de los tribunales. (...) Nosotros seguimos reiterando que este tema ha sido investigado completamente, que el Gobierno espa?ol ha sido informado y que las acciones de los soldados estaban justificadas". El t¨ªtulo del telegrama, clasificado como confidencial, es el siguiente: "Los ministros espa?oles est¨¢n trabajando para que no prosperen las ¨®rdenes de detenci¨®n".

La fiscal¨ªa recurri¨® de inmediato la resoluci¨®n de Pedraz. Un d¨ªa despu¨¦s de las llamadas de los ministros al embajador, Conde-Pumpido anunci¨® p¨²blicamente que el ministerio p¨²blico se opondr¨ªa a la resoluci¨®n del juez por la falta de indicios de delito contra los soldados y porque Espa?a carec¨ªa de jurisdicci¨®n para juzgar el caso. Ese mismo d¨ªa, el 20 de octubre, el fiscal Pedro Rubira recurri¨® efectivamente la decisi¨®n de detener a los militares estadounidenses.

Cinco meses despu¨¦s, el 10 de marzo de 2006, la secci¨®n segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archiv¨® el caso Couso. Los jueces argumentaron que no se hab¨ªa cometido un "asesinato" sino un "acto de guerra contra un enemigo aparente err¨®neamente identificado". El tribunal consider¨® que no ten¨ªa jurisdicci¨®n para investigar los hechos y revoc¨® las ¨®rdenes de detenci¨®n de los tres soldados norteamericanos.

El embajador, satisfecho

El embajador, satisfecho con la decisi¨®n -que cre¨ªa definitiva-, se reuni¨® el d¨ªa 21 de ese mes con la vicepresidenta Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega para tratar varios asuntos. Ella le dijo, seg¨²n un telegrama confidencial enviado el 22 (n¨²mero 57678) , que Conde-Pumpido ya le hab¨ªa informado de la "excelente cooperaci¨®n de la que hab¨ªa disfrutado por parte de la embajada y las autoridades norteamericanas para ayudar a concluir el caso".

Pero la familia de Couso, que llevaba casi tres a?os luchando en los tribunales, no tir¨® la toalla y recurri¨® al Supremo. El alto tribunal les dio la raz¨®n el 14 de diciembre de 2006: orden¨® a la Audiencia Nacional que reabriera el caso y el juez Santiago Pedraz prosigui¨® su investigaci¨®n.

La Embajada de EE UU intensific¨® a partir de ese momento sus contactos con pol¨ªticos y fiscales para desactivar el proceso (informe sin clasificar n¨²mero 92692) . Diplom¨¢ticos de la secci¨®n pol¨ªtica, legal y consular se reunieron el 18 de enero de 2007 con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para "sensibilizarlo sobre la preocupaci¨®n de EE UU por este proceso". Zaragoza les explic¨® que no conoc¨ªa con la suficiente profundidad el expediente, pero que lo estudiar¨ªa. A?adi¨® que era consciente del "inter¨¦s y compromiso" de C¨¢ndido Conde-Pumpido en el asunto. En el telegrama emitido por la embajada ese mismo d¨ªa (n¨²mero 93036) se dice que Zaragoza "entiende claramente las implicaciones pol¨ªticas del caso" y que "anticipan" que "proceder¨¢ con el cuidado que ha dicho que tendr¨ªa".

Cada movimiento de Pedraz acrecentaba la inquietud de la embajada. El 22 de enero envi¨® un fax a legaci¨®n pidiendo los datos completos de los militares imputados. Tres d¨ªas m¨¢s tarde el fiscal general del Estado mantuvo una "reuni¨®n informal" con el embajador Aguirre. En un telegrama confidencial de fecha 26 de enero (94177) , en el que se califican las revelaciones de Conde-Pumpido como de "estrictamente protegidas" se relata que el fiscal asegur¨® a Aguirre que, "aunque no hay nada que el Gobierno espa?ol pueda hacer para controlar las acciones de los jueces, los fiscales de la Audiencia Nacional continuar¨¢n oponi¨¦ndose a las ¨®rdenes de detenci¨®n de los tres militares as¨ª como a los intentos de embargar bienes norteamericanos conectados con el proceso".

Sin intenci¨®n de responder a Pedraz

EE UU no ten¨ªa intenci¨®n alguna de responder a la petici¨®n de Pedraz, como la embajada reconoci¨® en el cable, porque, seg¨²n su criterio, la hab¨ªa enviado de manera informal y no seg¨²n los cauces legales establecidos. Conde-Pumpido recomend¨® al embajador que contestaran, aunque fuera de forma "superficial", para minar el argumento de Pedraz de que EE UU no estaba colaborando. El fiscal general del Estado expres¨® su convencimiento de que Espa?a no tiene jurisdicci¨®n sobre el caso y es ah¨ª cuando "anticip¨®" que este "no iba a llegar a ninguna parte". Tranquiliz¨® tambi¨¦n al embajador confirmando que cualquier petici¨®n de extradici¨®n de los tres militares tendr¨ªa que ser aprobada por el Ejecutivo espa?ol.

Aguirre dijo tener la "sensaci¨®n" de que el Gobierno "buscar¨ªa una v¨ªa para acabar el caso de forma silenciosa apelando a argumentos t¨¦cnicos mientras conf¨ªaban en evitar cualquier enfrentamiento directo con la familia Couso (que ya hab¨ªa acusado a los fiscales de trabajar para defender los intereses del Gobierno de EE UU)".

Ante el rev¨¦s que hab¨ªa supuesto la decisi¨®n del Tribunal Supremo, el embajador se plante¨® varias posibilidades, entre ellas, hablar con "el ministro de Justicia y/o con la vicepresidenta De la Vega". "Como en anteriores comunicaciones con autoridades espa?olas sobre este tema, nos comprometer¨ªamos de manera informal con ellos a evitar cualquier percepci¨®n p¨²blica de que estamos ejerciendo presi¨®n sobre el Gobierno de Zapatero en este tema o de que los animamos a que interfieran en el proceso judicial" , se?ala un telegrama confidencial del 8 de febrero de 2007 (95857) .

El cable elucubra tambi¨¦n sobre las supuestas motivaciones del juez Pedraz -"en parte la frustraci¨®n por la negativa de EE UU a aceptar su jurisdicci¨®n" y, por otro lado, "el deseo de "evitar que le culpen por no ser capaz de llevar adelante el caso", se sugiere- y habla de una representante de Reporteros Sin Fronteras que habr¨ªa dicho a la embajada que el magistrado buscaba publicidad y que no estaba gestionando el caso Couso como un "asunto judicial serio".

El delicado procesamiento de tres militares

Otro momento delicado es el procesamiento de los tres militares por parte del juez Pedraz el 27 de abril de 2007. Despu¨¦s de la reapertura del caso, el magistrado acus¨® formalmente a los soldados de delito contra la comunidad internacional (castigado con penas de 10 a 15 a?os) y asesinato (de 15 a 20 a?os). La embajada, en ese momento, empez¨® a hablar ya directamente de presionar al Ejecutivo. Esta es la reflexi¨®n del embajador que aparece en el cable de ese d¨ªa (106159) : "Claramente el juez Pedraz tiene la intenci¨®n de seguir este caso de forma agresiva. Continuaremos con nuestros contactos de alto nivel con representantes del Gobierno espa?ol para presionar con el fin de lograr la retirada de los cargos contra los funcionarios de EE UU". Aguirre firma que respetadas figuras en los ministerios de Justicia e Interior y en La Moncloa hab¨ªan asegurado a la embajada que estaban de acuerdo con el punto de vista de EE UU sobre el caso, y que este era tan d¨¦bil que se desmoronar¨ªa.

El mismo d¨ªa del procesamiento un miembro de la legaci¨®n llam¨® por tel¨¦fono al secretario de Estado de Justicia, Julio P¨¦rez Hern¨¢ndez, para "enfatizar su malestar" por los procesamientos a pesar de que el Gobierno de EE UU hab¨ªa entregado un informe con la investigaci¨®n completa sobre la muerte del c¨¢mara. Poco despu¨¦s, la directora general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia, Cristina Latorre, devolvi¨® la llamada. Dijo, seg¨²n la embajada, que las acciones de Pedraz hab¨ªan sorprendido al ministerio, que ella estaba de acuerdo en que no hab¨ªa base legal para los cargos y que "hab¨ªan trabajado con los fiscales en 2006 para lograr el archivo del caso".

El siguiente movimiento fue una reuni¨®n del segundo de la embajada, Hugo Llorens, con Julio P¨¦rez Hern¨¢ndez el d¨ªa 10 de mayo para abordar directamente el caso. Este, despu¨¦s de decir que el Ejecutivo no controlaba a los jueces y que "podr¨ªa ser contraproducente que iniciara un acercamiento formal", a?adi¨® que el Gobierno de Espa?a "trabajar¨ªa con el de EE UU para asistirlo en el proceso", seg¨²n el despacho confidencial del embajador, fechado el d¨ªa siguiente (107903) . Dijo que el Ejecutivo "compart¨ªa la preocupaci¨®n del norteamericano, que ¨¦l seguir¨ªa cada paso que se diera en el procedimiento y que estar¨ªa en contacto con la embajada".

Llamada de Zaragoza a la embajada

Como hab¨ªa sucedido con las resoluciones anteriores de Pedraz, el procesamiento de los tres militares por parte del juez fue recurrido por la fiscal¨ªa el 11 de mayo. El propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, llam¨® a la embajada tres d¨ªas despu¨¦s para informar de ello (seg¨²n un cable del 14 de mayo de 2007, n¨²mero 108128). Dijo que aunque compadec¨ªa a la familia Couso por la tragedia, su trabajo era hacer una evaluaci¨®n t¨¦cnico legal y que despu¨¦s de revisar los hechos hab¨ªa concluido que la muerte de Jos¨¦ Couso no fue intencional. La noticia del recurso no apareci¨® publicada hasta el 19 de mayo.

Mientras se resolv¨ªa la cuesti¨®n, las gestiones diplom¨¢ticas continuaron. C¨¢ndido Conde-Pumpido tuvo un almuerzo con el embajador Aguirre el 18 de julio de 2007 y este asegur¨® al d¨ªa siguiente, en un cable confidencial (115995) , que el fiscal general del Estado le hab¨ªa dicho que "continuaba haciendo lo que pod¨ªa para que el caso fuera archivado, a pesar de la presi¨®n de la familia, de los grupos de izquierda y de la prensa".

El 13 de mayo de 2008 la Audiencia Nacional revoc¨® el procesamiento de los militares norteamericanos. Los magistrados consideraron posible la hip¨®tesis de que los soldados creyeran que hab¨ªa un francotirador en la terraza a la que dispararon. La resoluci¨®n, que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa tuvo un voto particular discrepante, del magistrado Jos¨¦ Ricardo de Prada, en el que hablaba de "suficientes indicios de criminalidad para procesar a los tres militares" y calificaba los razonamientos y criterios de sus compa?eros de "ins¨®litos".

La embajada recibi¨® la noticia con gran alivio. Fueron informados ese mismo d¨ªa por Javier Zaragoza y por el magistrado de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez Berm¨²dez. En un telegrama emitido el d¨ªa siguiente (153919) se indicaba que, con suerte, la ¨²ltima resoluci¨®n era uno de los pasos finales que pondr¨ªan fin a esta "larga saga". Pero se equivocaron. Aparecieron nuevas pruebas y el magistrado Pedraz volvi¨® a procesar a los tres militares, el 21 de mayo de 2009, aunque a partir de aqu¨ª apenas aparecen cables diplom¨¢ticos en los papeles filtrados. Solo hay uno, de fecha 22 de mayo de 2009 (208341) , que hace una descripci¨®n as¨¦ptica de los ¨²ltimos acontecimientos y de las nuevas pruebas. En ¨¦l se se?ala que, de acuerdo con un asesor legal espa?ol, es probable que la fiscal¨ªa vuelva a recurrir la decisi¨®n de reabrir el caso de Pedraz (al que califican como apasionado con el caso y cercano a la familia Couso) y se sugiere que quiz¨¢ sea un tema que Washington quiera tratar con Javier Zaragoza en un pr¨®ximo viaje del fiscal a EE UU.

Como hab¨ªa ocurrido antes, la fiscal¨ªa volvi¨® a recurrir la reapertura del procedimiento, y la Audiencia volvi¨® a archivarlo el 14 de julio de 2009. El Tribunal Supremo orden¨® de nuevo la reapertura del procedimiento el 6 de julio de 2010. El d¨ªa 30 de ese mismo mes Pedraz orden¨® la busca, captura e ingreso en prisi¨®n de los tres soldados, pero Interpol no ha inscrito las ¨®rdenes. Estados Unidos se neg¨® y consider¨® los hechos un "delito militar". El juez tiene ahora tiene el permiso del Consejo General del Poder Judicial para viajar a Irak a reconocer el escenario en el que se produjo la muerte del c¨¢mara Jos¨¦ Couso durante la toma de Bagdad a manos del Ej¨¦rcito de EE UU. A pesar de sus innumerables intentos, la embajada no logr¨® cerrar el caso.

Puedes contactar en Eskup con la autora del art¨ªculo, M¨®nica Ceberio Belaza. | Comenta esta noticia en la red social de El Pa¨ªs | La mayor filtraci¨®n de la historia | Preguntas y respuestas | Ir al especial

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