El TSJ valenciano da el primer paso para imputar por corrupci¨®n a la c¨²pula del PP de Camps

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha dado hoy el primer paso para asumir el grueso de la investigaci¨®n de la vertiente valenciana del caso G¨¹rtel. En ella figuran m¨²ltiples indicios de que la c¨²pula del PP valenciano y los principales cargos del Gobierno de Francisco Camps cometieron los delitos de prevaricaci¨®n, cohecho, financiaci¨®n ilegal (delitos electorales) y delitos fiscales con motivo de la estrecha relaci¨®n y los numerosos negocios que mantuvieron durante a?os con la trama corrupta.

La Sala Civil y Penal del TSJ ha solicitado la acreditaci¨®n de "la actual condici¨®n de aforadas de dichas personas por su pertenencia a la Diputaci¨®n Permanente", una vez que las Cortes Valencianas han sido disueltas por la convocatoria de las elecciones del 22 de mayo. Un paso imprescindible para proceder a asumir la competencia de la investigaci¨®n de los supuestos delitos, que se deriva de la segunda inhibici¨®n dictada por el juez instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, a favor del tribunal valenciano.

Son miembros de la Diputaci¨®n Permanente, y por tanto deben acreditar su actual condici¨®n de aforados: David Serra (vicesecretario del PPCV, diputado, candidato); Yolanda Garc¨ªa (tesorera del PPCV, diputada, candidata); Ricardo Costa (exsecretario general del PPCV, diputado, portavoz parlamentario de Econom¨ªa, candidato, que ya est¨¢ imputado en la causa de los trajes) y Milagrosa Mart¨ªnez (Presidenta de las Cortes Valencianas, exconsejera de Turismo, candidata).

En la inhibici¨®n a que se refieren los cinco magistrados que forman la Sala Civil y Penal, figuran tambi¨¦n como presuntos autores de graves delitos de corrupci¨®n Vicente Rambla (vicepresidente de la Generalitat y candidato); Cristina Ib¨¢?ez (administradora del PPCV); Luis B¨¢rcenas (extesorero del PP nacional); Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo, responsable de protocolo en la Diputaci¨®n de Valencia, tambi¨¦n imputado en el caso de los trajes), y Pedro Garc¨ªa (exdirector de Canal 9 y exsecretario de Comunicaci¨®n de Presidencia de la Generalitat).

En la inhibici¨®n se hace referencia igualmente a diversos funcionarios y cargos con altas responsabilidades en distintas consejer¨ªas de la Generalitat, que habr¨ªan adjudicado directamente contratos a dedo a las empresas de la trama o los habr¨ªan parcelado en contratos menores para burlar los controles legales. Y se se?ala que algunas de dichas adjudicaciones precisaban la autorizaci¨®n del Gabinete del presidente Camps.

Los plazos, se?alan fuentes jur¨ªdicas, van a ir muy justos: no se puede descartar que la asunci¨®n de la competencia y por tanto la imputaci¨®n de los altos cargos mencionados se produzca antes de las elecciones del 22 de mayo, pero tambi¨¦n podr¨ªa tener lugar poco despu¨¦s. Lo que la decisi¨®n anuncia, en todo caso, es que el tribunal tomar¨¢ la decisi¨®n en breve, con lo que ello significa en el contexto de los ritmos judiciales.

Si la decisi¨®n se anuncia antes de las elecciones, las listas del PP valenciano ser¨ªan a¨²n m¨¢s dif¨ªciles de digerir, al aumentar de cinco a nueve el n¨²mero de candidatos imputados por corrupci¨®n.

Llegue antes o despu¨¦s de los comicios, la asunci¨®n de la investigaci¨®n por parte del TSJ, que es a lo que todo apunta, completar¨¢ la secuencia judicial de la corrupci¨®n masiva que la red G¨¹rtel presuntamente desarroll¨® en Valencia al calor del PP y el Ejecutivo auton¨®micos, ambos presididos por Camps.

Seg¨²n la investigaci¨®n, apoyada en declaraciones de testigos, registros en oficinas y propiedades de la trama, intervenci¨®n de las comunicaciones de los cabecillas de la red, informes de la polic¨ªa, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado y la Direcci¨®n General del Notariado, la red dirigida por Francisco Correa y ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, logr¨® unos ocho millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat. La red saque¨® los fondos p¨²blicos destinados a cubrir la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Las empresas de la trama, siempre seg¨²n la investigaci¨®n, participaron en la financiaci¨®n ilegal de las ¨²ltimas campa?as electorales del PP sirviendo del veh¨ªculo a los fondos que aportaban ocho constructoras valencianas.

Y, para engrasar esa maquinaria corrupta, se hincharon a hacer regalos (joyas, relojes, art¨ªculos de lujo, prendas de vestir e incluso un autom¨®vil) a altos cargos del Gobierno valenciano y del PP. La trama apuntaba todas esas d¨¢divas en sus libros, pero los investigadores s¨®lo han podido confirmar la "realidad" de los mismos en aquellos casos en los que, adem¨¢s, ha podido hallar otros medios de pruebas, como facturas y declaraciones de testigos en los comercios. En esta ¨²ltima situaci¨®n se encuentra el propio presidente Camps, a quien la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n considera sobradamente acreditado que la trama G¨¹rtel entreg¨®, "al menos" 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros de la trama G¨¹rtel entre los a?os 2005 y 2008.