Alaya ordena investigar el patrimonio del exconsejero Antonio Fern¨¢ndez

La juez que investiga los Expedientes de Regulaci¨®n de Empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha ordenado a la polic¨ªa que investigue el patrimonio del exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez, as¨ª como el de su esposa, los padres e hijos de ambos, sus hermanos, y c¨®nyuges y parejas de estos ¨²ltimos. Es decir, la familia de Fern¨¢ndez al completo. La magistrada decreta en un auto la misma medida, que incluye cuentas bancarias y patrimonio inmobiliario, de las familias del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, el intermediario Juan Lanzas y el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.

En dicho auto del pasado 16 de abril, la juez aclara la imputaci¨®n de Fern¨¢ndez por ser "indiciario conocedor" de las p¨®lizas ilegales que realiz¨® Guerrero a los intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas), por conocer los "importantes reparos" que la Intervenci¨®n General de la Junta expuso ante el procedimiento para conceder las ayudas p¨²blicas, y finalmente por su inclusi¨®n en 2008 en el ERE de la empresa Gonz¨¢lez Byass, donde dej¨® de trabajar en 1981.

El expediente inclu¨ªa un calendario de pagos por la p¨®liza de Fern¨¢ndez por 386.000 euros, al margen de los 31.419 euros que le correspond¨ªan en una p¨®liza de renta que cobrar¨¢ cuando est¨¦ desempleado o se jubile. Pero Fern¨¢ndez no cobrar¨¢ los 386.000 euros destinados en un principio para ¨¦l como trabajador de la bodega hasta principios de los a?os 80, cuando solicit¨® una excedencia, porque no firm¨® la adhesi¨®n a la p¨®liza ni pertenece a la asociaci¨®n que crearon los empleados afectados.

Mientras, la magistrada no tramitar¨¢ de momento ante el Tribunal Supremo el conflicto de jurisdicci¨®n planteado por la Junta, que se neg¨® a entregar las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001. Alaya argumenta "coherencia procesal" para esta decisi¨®n, ya que hay recursos por el mismo asunto planteados ante la Audiencia de Sevilla.

Seg¨²n la juez, esta decisi¨®n trata de "evitar tramitaciones paralelas y pronunciamientos in¨²tiles o contradictorios". La Junta de Andaluc¨ªa, entreg¨® las actas, que permanecen en un dep¨®sito judicial cerrado desde el pasado 7 de abril, pero recurri¨® la decisi¨®n judicial.

La juez mantiene abiertas estas diligencias, derivadas del "caso Mercasevilla", por la aparici¨®n en los ERE financiados por la Junta de 72 "intrusos" que nunca trabajaron en las empresas y 111 irregularidades administrativas.

La juez defendi¨® en sus autos que el Gobierno andaluz pod¨ªa haber incurrido en prevaricaci¨®n si obvi¨® las advertencias de la Intervenci¨®n contra el procedimiento administrativo con el que se daban las ayudas a empresas y para expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE). Tambi¨¦n exigi¨® el 30 de marzo la entrega de todas las actas del Consejo de Gobierno desde 2001 para evitar que fueran alteradas. La Junta recurri¨® esta resoluci¨®n y acus¨® a Ayala de infringir la ley en su investigaci¨®n.

El recurso del Gobierno andaluz sostiene que present¨® un d¨ªa antes del auto de la juez un escrito en los juzgados en el que planteaba un conflicto de jurisdicci¨®n que deb¨ªa resolver el tribunal de conflictos jurisdiccionales del Tribunal Supremo.

Seg¨²n la Junta, Alaya vulner¨® los art¨ªculos 10.4 y 11.1 de la Ley Org¨¢nica de Conflictos Jurisdiccionales al "dilatar la puesta en conocimiento de las partes, dictar resoluciones o establecer nuevos requerimientos no previstos en la ley". En este sentido, afirma la Junta que el auto del d¨ªa 30 de marzo "completa la deficiente motivaci¨®n" que hizo en un auto anterior (del 21 de marzo), en el que por primera vez reclam¨® las actas.

El Gobierno entiende tambi¨¦n que Alaya incumpli¨® con el auto del d¨ªa 30 el art¨ªculo 267 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, que impide a los tribunales "variar las resoluciones que pronuncien despu¨¦s de firmadas", aunque s¨ª permite "aclarar alg¨²n concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan". "El juzgado introduce una suerte de turno de r¨¦plica en la tramitaci¨®n del conflicto, vistiendo de motivaci¨®n aquello que no la ten¨ªa y en definitiva desnaturalizando el procedimiento con el menoscabo en la posici¨®n de esta Administraci¨®n", se?ala el recurso.

La Junta tambi¨¦n entiende que Alaya ha incumplido el art¨ªculo 11.3 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, que sostiene que los juzgados y tribunales tendr¨¢n que resolver sobre las "pretensiones que se les formulen" oficialmente, algo que no ha hecho hasta hoy.