La Junta acude al Supremo en el conflicto con la juez Alaya
El Ejecutivo apela directamente al alto tribunal para que intervenga por las actas de los Consejos de Gobierno
La Junta de Andaluc¨ªa se ha dirigido directamente al Tribunal Supremo para que intervenga en el conflicto que mantiene con la juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE), y que exigi¨® al Ejecutivo las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001, petici¨®n a la que la Junta se neg¨® por considerarlas reservadas. El Gobierno andaluz acudi¨® hace un mes al Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n del Supremo y solicit¨® su intervenci¨®n tras la decisi¨®n de Alaya de suspender el conflicto planteado por la Junta, para evitar "pronunciamientos contradictorios", ya que la Audiencia Provincial a¨²n deb¨ªa pronunciarse al respecto, seg¨²n aleg¨® la juez.
El Supremo ha atendido la petici¨®n de la Junta y ha designado un ponente para resolver el conflicto: el magistrado Octavio Juan Herrero Pina. Este juez ha pedido a la Junta y la fiscal¨ªa que presenten sus alegaciones al conflicto generado entre la magistrada y el Ejecutivo, y a continuaci¨®n deber¨¢ resolver la admisi¨®n o no a tr¨¢mite de las actuaciones recibidas.
La Audiencia ha estimado esta semana que las actas de los consejos del Gobierno andaluz no son secretas, pero la Junta estim¨® el pasado 23 de mayo que Alaya no ten¨ªa por qu¨¦ dejar en suspenso el conflicto planteado y esta deb¨ªa enviarlo inmediatamente al Supremo. De ah¨ª que acudiera al alto tribunal tras entender improcedente la decisi¨®n de la juez de suspender el conflicto.
La juez no tramit¨® ante el Tribunal Supremo el conflicto de jurisdicci¨®n al argumentar "coherencia procesal" y para "evitar tramitaciones paralelas y pronunciamientos in¨²tiles o contradictorios", ya que exist¨ªan recursos por dicho asunto planteados ante la Audiencia Provincial de Sevilla. La magistrada hab¨ªa pedido las actas a la Junta, que se neg¨® a entreg¨¢rselas por entender que son reservadas.
Antes de decidir si enviaba el caso al Tribunal Supremo, la magistrada advirti¨® al Ejecutivo de que si no entregaba la documentaci¨®n en 72 horas cometer¨ªa un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Finalmente, la Junta entreg¨® las actas para su custodia en sede judicial despu¨¦s de que Alaya insinuara que el Gobierno podr¨ªa alterarlas. La espera no ha impedido a Alaya avanzar en el resto de v¨ªas abiertas en la compleja investigaci¨®n.
Al final, la Junta entreg¨® las actas que han quedado guardadas en un armario blindado en los juzgados de Sevilla, pero a las que la juez no podr¨¢ acceder hasta que se dirima el conflicto competencial. Mientras, el enfrentamiento entre la Junta y la juez ha subido de temperatura con agrios escritos judiciales.
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