La ONG Paz Ahora, desalojada de su sede
Varios activistas no logran impedir el segundo intento de desahucio por no pagar el alquiler, de 1.200 euros
Una comisi¨®n judicial, escoltada por media docena de polic¨ªas municipales, ha ejecutado esta ma?ana el desahucio de Paz Ahora, una ONG antimilitarista que llevaba desde diciembre sin pagar el alquiler de 1.200 euros de un piso de la calle Princesa, en el barrio de Moncloa de la capital. Apenas cuatro activistas de la asociaci¨®n han bloqueado la puerta a los agentes, que no han tardado m¨¢s que un par de minutos en apartarlos y acceder al piso en el que se hab¨ªa atrincherado su presidente, Julio Rodr¨ªguez.
La comisi¨®n llegaba sobre las 10.40 a la puerta del edificio y, 10 minutos despu¨¦s, el cerrajero ha entrado cargado con dos maletines. "?No a la violencia!", gritaban simpatizantes de la ONG, que achaca el impago del alquiler al recorte de subvenciones de las administraciones p¨²blicas. "Nuestra intenci¨®n no es resistirnos sin m¨¢s, sino que buscamos una soluci¨®n. El Ayuntamiento deber¨ªa ayudarnos a buscar una nueva oficina", dec¨ªa Rodr¨ªguez, atento desde el balc¨®n a los movimientos de la comisi¨®n judicial.
Esta ha sido la segunda intentona para desalojar a la ONG. En un primer intento, hace un mes, el desahucio se paraliz¨® por falta de polic¨ªas, que a esas horas participaban en los otros desalojos que se producen a diario en la ciudad. As¨ª constaba en el parte judicial que firm¨® el secretario judicial. Cuatro semanas despu¨¦s ha vuelto la misma pareja de agentes de polic¨ªa municipal, pero esta vez acompa?ada por m¨¢s compa?eros que, de todos modos, no han encontrado una gran resistencia en la puerta. Las dos diputadas del Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid Mar¨ªa Espinosa y Tania S¨¢nchez se comprometieron en su d¨ªa a mediar con las administraciones para buscar una soluci¨®n en este caso.
Rodr¨ªguez apela a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para buscar una soluci¨®n -el IVIMA y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo ofertan locales de alquiler bajo para asociaciones-. Espinosa y S¨¢nchez se comprometieron a trasladar a ambas administraciones esta petici¨®n, aunque hasta el momento no han recibido respuesta alguna.
La misma empresa que ha forzado la cerradura ha llevado hasta el lugar un cami¨®n de mudanza para trasladar las cajas de la mudanza hasta un dep¨®sito municipal. Pasado el mediod¨ªa el asunto estaba finiquitado. "Se alquila piso para oficina. 200 metros", dice un cartel colgado en la puerta del edificio.
La organizaci¨®n, que entre otras iniciativas ha organizado el proyecto Vacaciones en Paz para que ni?os palestinos visiten Espa?a, no ha recibido este a?o "ni un euro" de la subvenci¨®n que ven¨ªa recibiendo del Ministerio de Asuntos Exteriores, la principal en la financiaci¨®n de la ONG. Este a?o no ha sido posible organizar los viajes. Adem¨¢s, Paz Ahora est¨¢ involucrada en un proyecto de auxilio a seis campos de refugiados en Gaza y Cisjordania, en un hospital provincial p¨²blico de la provincia de Yen¨ªn y otro de empoderamiento de la mujer con asociaciones de mujeres de campos de refugiados de Gaza.
200 personas logran paralizar un desahucio en Getafe
Unas 200 personas convocadas por la Asamblea Getafe 15-M, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los vecinos del municipio han conseguido frenar esta ma?ana el desahucio de una mujer de 80 a?os, con una fuerte depresi¨®n, y de su hija enferma, al impedir a la comisi¨®n judicial entrar en la vivienda. La familia, que vive con una pensi¨®n de 460 euros, no puede hacer frente al pago de la hipoteca. La hija, Isabel, solicit¨® en 2008 una hipoteca de 110.500 euros -de la que firm¨® como avalista su madre- por la que pagaba una cuota mensual de 590 euros, que se increment¨® hasta 790 euros, y que estuvo pagando sin problemas hasta 2009 cuando se qued¨® sin trabajo. La deuda a la que tiene que hacer frente ahora es de entre 300.000 y 400.000 euros, por el capital m¨¢s los intereses de demora. La entidad bancaria ya no existe ni el notario donde ella firm¨® en su d¨ªa los documentos "por lo que las demandas son redactadas por una abogada y un procurador a los que la entidad bancaria proporcion¨® poder para llevar este caso", denuncian desde la asamblea.
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