Boadilla recurre a los tribunales contra una empresa de la red 'G¨¹rtel'

La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) tiene previsto votar esta tarde en su Consejo de Administraci¨®n la rescisi¨®n de uno de los contratos que el Equipo de Gobierno encabezado por el exalcalde Arturo Gonz¨¢lez Panero, imputado por varios delitos en el caso G¨¹rtel, adjudic¨® a las empresas relacionadas con la red corrupta encabezada presuntamente por Francisco Correa.

Se trata, en concreto, de la adjudicaci¨®n realizada a la empresa R¨²sticas MBS S.L., en virtud del cual el Consistorio permit¨ªa la construcci¨®n y explotaci¨®n de 33 locales comerciales y 178 plazas de garaje en la Avenida Siglo XXI del municipio. El motivo por el que se resuelve el contrato, seg¨²n una nota difundida por el Ayuntamiento, es el impago por parte de la empresa R¨²sticas MBS, encabezada por Ram¨®n Blanco Bal¨ªn, otro de los imputados, del canon estipulado para la concesi¨®n.

Con esta medida, el equipo de Gobierno pretende recuperar para el patrimonio municipal estos locales y plazas de garaje. "Para ello la EMSV iniciar¨¢ acciones legales para reclamar los da?os y perjuicios producidos as¨ª como las cantidades no pagadas del canon correspondiente", explica la nota municipal.

Esta decisi¨®n del actual alcalde, Antonio Gonz¨¢lez Terol (PP), da un vuelco de 360 grados con respecto a las decisiones adoptadas hasta el momento por el Ejecutivo local. Con el anterior regidor Juan Siguero el Consistorio pact¨® pagar hace menos de un a?os 7,1 millones de euros para recuperar los locales. Para que este acuerdo pudiera ser ejecutado ten¨ªa que tener el visto bueno del magistrado que instruye el caso G¨¹rtel en Madrid, Antonio Pedreira, que mantiene intervenida la empresa R¨²sticas MBS y su sucesora, Artas Consultores. Pero este contrato cont¨® con la oposici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y de la acusaci¨®n popular del caso G¨¹rtel, ejercida por varios ediles del PSOE de Boadilla, entre los que se encuentra el portavoz socialista en Boadilla del Monte, Pablo Nieto. Juan Siguero acab¨® siendo imputado y el acuerdo entre el Ayuntamiento y el empresario Ram¨®n Blanco Bal¨ªn por un valor de 7,1 millones no lleg¨® a tener efecto.

Y se paraliz¨® gracias a que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n consider¨® que los 7,1 millones de euros a los que se hab¨ªa comprometido a pagar la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte a la sociedad Artas Consultores (R¨²sticas MBS) era una cantidad "excesiva". Estos locales comerciales fueron adjudicadas por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda a R¨²sticas MBS, SL, de Ram¨®n Blanco Bal¨ªn, en 2005, y posteriormente cedidas a la sociedad Artas Consultores, del mismo empresario.

El sumario pone de manifiesto que el aut¨¦ntico propietario de ambas firmas era Correa, por lo que permanece intervenida judicialmente. En un informe dirigido a Pedreira el fiscal justifica su oposici¨®n: "La suscripci¨®n del contrato inicial podr¨ªa constituir una infracci¨®n penal de lo que derivar¨ªa inexorablemente su declaraci¨®n de nulidad". Y en el caso de declararse nula esa operaci¨®n acordada en 2005, seg¨²n el documento del ministerio p¨²blico, servir¨ªa de base a una "extinci¨®n unilateral" por parte de la empresa municipal del suelo "con un menor coste" para Boadilla. Este es el camino que ha adoptado ahora el consistorio de Gonz¨¢lez Terol, que ha iniciado las acciones legales contra la empresa de la red G¨¹rtel. Anticorrupci¨®n consideraba, adem¨¢s, que el acuerdo era perjudicial para este municipio porque el contrato de resoluci¨®n de la adjudicaci¨®n gozaba de una garant¨ªa de dos millones de euros ajena a los inmuebles gravados por la hipoteca que se hiciera efectiva en caso de impago.

Adem¨¢s, la operaci¨®n anterior auspiciada por el exalcalde Juan Siguero cont¨® con el rechazo de la interventora municipal del Ayuntamiento, quien en un informe anunci¨® su "disconformidad". El trato tambi¨¦n fue criticado por los grupos de la oposici¨®n (Alternativa por Boadilla y PSOE), ya que la hasta hace unos meses la edil Rosal¨ªa de Padura (la mujer del que fuera accionista de Artas, Tom¨¢s Mart¨ªn Morales, tambi¨¦n imputado en el caso) particip¨® en la votaci¨®n celebrada en la comisi¨®n municipal de Hacienda en la que el PP dio el visto bueno a la operaci¨®n que permit¨ªa que una de las empresas de Correa se hiciera con 7,1 millones de euros del Ayuntamiento de Boadilla.

Por otro lado, la EMSV incluye en su orden del d¨ªa de esta tarde la resoluci¨®n de la concesi¨®n administrativa concedida a la firma Claco Golf S.L., por un plazo de 10 a?os, como resultado del "reiterado incumplimiento" de las obligaciones de la adjudicataria y por el impago del canon o arrendamiento establecido, seg¨²n el Ayuntamiento. La concesi¨®n es una instalaci¨®n deportiva de minigolf ubicada en un complejo residencial situado en la Avenida Isabel de Farnesio. La empresa municipal del suelo requerir¨¢, a instancias del equipo de Gobierno, la restituci¨®n de esta instalaci¨®n as¨ª como la indemnizaci¨®n correspondiente por los da?os y perjuicios que el adjudicatario haya podido causar, relata el consistorio.

Por ¨²ltimo, el equipo de Gobierno del PP ha aprobado hoy incoar el expediente e iniciar acciones judiciales contra la constructora Dico-Harinsa Obras (DHO) "por el incumplimiento de sus obligaciones como empresa adjudicataria de la ejecuci¨®n de las obras del pabell¨®n cubierto municipal, situado en la calle Julio Caro Baroja. Con la resoluci¨®n de este contrato el Ayuntamiento pretende recuperar la obra para poder finalizarla, actualmente se encuentra parada, y ponerla cuanto antes al servicio de los vecinos de Boadilla".

"Estamos actuando con rapidez y determinaci¨®n para resolver todo contrato en el que se detecten incumplimientos que van en perjuicio de los intereses del municipio. Esto incluye tanto recuperar patrimonio municipal comprometido mediante concesiones inadecuadas como reiniciar obras paradas", explic¨® el actual alcalde.