Garz¨®n, neutralizado
El Supremo inhabilita al juez avalando las tesis de la defensa de los cabecillas del ¡®caso G¨¹rtel¡¯
La condena del juez Baltasar Garz¨®n por las escuchas en la c¨¢rcel a los cabecillas de la trama G¨¹rtel y sus abogados, sospechosos de connivencia para blanquear fondos ocultos en Suiza, ya hab¨ªa sido anticipada en los autos del instructor del caso, a poco que se prestara atenci¨®n a sus argumentos y al modo de exponerlos. Que Garz¨®n haya sido condenado por un delito de prevaricaci¨®n a once a?os de inhabilitaci¨®n supone dejar fuera de la carrera judicial a un juez que, cualesquiera que sean las opiniones sobre ¨¦l, ha rendido importantes servicios a la sociedad en la lucha contra el terrorismo, el narcotr¨¢fico y la delincuencia organizada, adem¨¢s de desempe?ar un papel relevante en la aplicaci¨®n de la justicia universal a la defensa de los derechos humanos conculcados por las dictaduras.
Los siete jueces del Supremo que, por unanimidad, condenan a Garz¨®n hacen un canto al derecho de defensa ¡ªque debe compartirse¡ª y se?alan que la intervenci¨®n de las comunicaciones entre los presos cabecillas de la trama G¨¹rtel y sus abogados no fue un error de interpretaci¨®n de la ley sino un acto arbitrario, equiparable nada menos que a "pr¨¢cticas de reg¨ªmenes totalitarios". Si la actuaci¨®n de Garz¨®n merece tales reproches, estos alcanzan al ministerio fiscal que aval¨® las escuchas, al juez Pedreira que las prorrog¨® cuando se hizo cargo de la instrucci¨®n del caso G¨¹rtel, y al magistrado del Tribunal Superior de Madrid que discrep¨® de su anulaci¨®n. Es disparatado sugerir, por m¨¢s que le venga bien al Supremo para reforzar su condena, que el ministerio fiscal haya podido respaldar pr¨¢cticas totalitarias o se haya abstenido de perseguirlas.
La confluencia de diversos actores sobre la actuaci¨®n de Garz¨®n avala a esta como defendible en derecho, aunque resultara err¨®nea seg¨²n estableci¨® en su d¨ªa el Tribunal de Justicia de Madrid. Si se hubiera percibido como arbitraria hasta el punto de ser prevaricadora, como se?ala el Supremo, no habr¨ªa sido compartida hasta el final por la fiscal¨ªa. La condena a Garz¨®n supone convertir al menos al ministerio fiscal en c¨®mplice de su actuaci¨®n. Tambi¨¦n el fiscal, y no s¨®lo Garz¨®n, observ¨® indicios de connivencia entre los jefes presos de G¨¹rtel y sus abogados y no dud¨® del amparo de la ley para impedir que una parte de los millones de euros amasados en sus contactos corruptos con las Administraciones p¨²blicas terminara en para¨ªsos fiscales.
La hip¨®tesis de impedir el delito explica la actuaci¨®n de Garz¨®n en un caso de delincuencia organizada, con abundantes medios para burlar la ley, incluida la posible complicidad de abogados bien remunerados. Ha prevalecido, en cambio, la m¨¢s disparatada, absurda e incluso ofensiva: que busc¨® desbaratar "las estrategias de defensa" hasta el punto de colocar "el proceso penal espa?ol al nivel de los sistemas totalitarios". Pero era la que serv¨ªa para alcanzar el objetivo buscado: anular a Garz¨®n como juez.
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