Contra la tortura, sin excepciones

Un ciudadano que ha escondido una bomba en una gran plaza, que estallar¨¢ cuando se est¨¦ celebrando un acto pol¨ªtico, es detenido por la polic¨ªa, que decide torturarle para que confiese donde est¨¢ el artefacto explosivo, a fin de desactivarlo. Este es el dilema que plantea Jos¨¦ K, torturado, el mon¨®logo teatral representado del 14 de enero al 5 de febrero de este a?o en el Teatro Espa?ol de Madrid, magistralmente interpretado por el actor Pedro Casablanc: ?Es l¨ªcita, en estas circunstancias, la tortura para evitar la masacre?

La respuesta la da el autor del texto originario, el periodista Javier Ortiz (fallecido en 2009): "Aceptar la tortura en ese caso extremo es, de hecho, admitirla siempre. (¡­) Quienes torturan casi siempre creen que lo hacen para conseguir algo que es bueno para la colectividad: aclarar un crimen, encontrar un arsenal, desarticular un grupo terrorista... Incluso quienes torturan por placer se autojustifican con esa coartada: ellos hacen el trabajo sucio para que la sociedad pueda estar limpia".

En la obra teatral, el torturado explica su maldad con crudeza, a la vez que describe la sa?a del torturador, funcionario de un Estado s¨¢dico. La ficci¨®n converge con la realidad de la mano de Ortiz: "La sociedad que acepta la tortura como excepci¨®n deja la determinaci¨®n de la excepcionalidad en manos de los torturadores y sus jefes. Habr¨¢n de ser ellos -?qui¨¦n, si no?- los que decidan, seg¨²n su jerarqu¨ªa de criterios, que tal o cual caso es lo suficientemente grave como para tirar para adelante, apoy¨¢ndose en ese respaldo social".

Estrasburgo ha recriminado a Espa?a repetidamente por no investigar esta lacra

Ese respaldo social ha hecho que, a pesar de su prohibici¨®n absoluta -en Espa?a desde la Constituci¨®n de 1978 y, a nivel internacional, desde 1984-, la tortura se siga practicando, cada a?o, en unos 100 de los 147 pa¨ªses que han ratificado el convenio, seg¨²n certific¨® Esteban Beltr¨¢n, director de la secci¨®n espa?ola de Amnist¨ªa Internacional, durante una mesa redonda en el propio Teatro Espa?ol. Beltr¨¢n record¨® que el Tribunal de Estrasburgo ha recriminado repetidas veces a Espa?a por no investigar las torturas y mantener la detenci¨®n incomunicada hasta 13 d¨ªas.

La magistrada Manuela Carmena, que tras su jubilaci¨®n asesora al Gobierno vasco en el reconocimiento y atenci¨®n a las v¨ªctimas de abusos policiales, revel¨® su estupor cuando conoce a personas torturadas. "Veo la respuesta judicial y me da verg¨¹enza", dijo. "?C¨®mo es posible que la judicatura mire para otro lado?", se pregunt¨®. Record¨® un caso reciente de torturas evidentes negadas por el juez y que cuando se pidi¨® a la Audiencia que oyera a la v¨ªctima, la respuesta fue: "No es necesario". Dijo que otras denuncias de torturas se tramitan as¨ª: "?No calumnie a la Guardia Civil!". Y que si la evidencia es incontestable, la respuesta es: "Pero es que esta gente mata".

La judicatura coincide aqu¨ª con los pol¨ªticos, porque no existe un clamor social contra la tortura, con impacto medi¨¢tico, que impresione a los jueces, o que se materialice en votos y condicione entonces a los pol¨ªticos. Ni siquiera los indignados del 15-M han puesto el acento en esa lacra contra la dignidad humana, originaria de cuando la tortura y el tormento eran herramientas legales para el juez. Durante el franquismo, la tortura se utiliz¨® sistem¨¢ticamente, como se record¨® el 21 de enero ¨²ltimo, al constituirse La Comuna, una asociaci¨®n "contra la impunidad del franquismo", que reuni¨® a unas 250 personas, en su mayor¨ªa "represaliados, no v¨ªctimas", como puntualiz¨® Manuel Blanco Chivite, quien insisti¨® en que los j¨®venes deben conocer lo que fue la dictadura, para abordar ¡°la lucha actual contra los restos del franquismo¡± y la reparaci¨®n de las agresiones sufridas desde "el Estado policial".

Jueces de alto nivel tienen una capacidad suprema para exculpar a torturadores

Los jueces, hoy, al m¨¢s alto nivel -los del Tribunal Supremo- tienen una capacidad suprema para exculpar a torturadores. En noviembre ¨²ltimo, anul¨® la condena impuesta por la Audiencia de Gipuzkoa, a finales de 2010, por torturar a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, condenados por el atentado a la T-4 de Barajas, en el que murieron dos ecuatorianos. La Audiencia, tras conocer las decenas de variadas lesiones de Sarasola y de Portu -este tuvo que ingresar en la UVI-, compulsadas por los m¨¦dicos forenses, conden¨® por torturas a cuatro guardias civiles. El Supremo atribuy¨® las palizas al intento de fuga -negado por la Audiencia y esgrimido por el Gobierno- de los dos detenidos frente a los ?15 guardias civiles! que participaron en su detenci¨®n, as¨ª como al obediente cumplimiento de las instrucciones de ETA de denunciar torturas.

El magistrado Ram¨®n S¨¢ez, en un trabajo sobre La involuci¨®n en el proceso de civilizaci¨®n del juicio penal, se pregunta si los jueces deben tener "una confianza sin l¨ªmites en el escrupuloso respeto a los derechos fundamentales en toda actuaci¨®n policial" y si deben renunciar a "controlar la actuaci¨®n de la autoridad y sus agentes". Esa desconfianza de los jueces en la polic¨ªa y la grabaci¨®n y filmaci¨®n de todo el periodo de detenci¨®n incomunicada reducir¨ªan al menos el ¨¢mbito en el que se produce la tortura... excepcionalmente.

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