Excusas para privatizar el litoral

Que el Gobierno del PP tiene la decidida intenci¨®n de privatizar el suelo litoral es algo sabido desde hace tiempo. En tanto que se trata de una decisi¨®n de orden pol¨ªtico, el Ejecutivo estar¨ªa legitimado para adoptarla, salvo por dos detalles en absoluto menores que deben ser tenidos en cuenta. El? primero de ellos es el Art¨ªculo 132.2 de la Constituci¨®n Espa?ola, que consagra la zona mar¨ªtimo terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona econ¨®mica y la plataforma continental, como bienes de dominio p¨²blico. Y el segundo es la b¨²squeda permanente de subterfugios y disculpas para no explicitar las verdaderas razones, que no son otras que la simple especulaci¨®n con unos suelos p¨²blicos de alto valor para la generaci¨®n de plusval¨ªas que pasar¨ªan a los bolsillos privados de unos pocos.

Las tres ¨²ltimas razones que el Ministerio da para justificar la perentoria necesidad de acometer la reforma de la ley son: el "hecho de que las concesiones en las costas no sean transmisibles inter vivos, una pretendida arbitrariedad de la ley, y la inseguridad jur¨ªdica que la misma genera".??

1.- Respecto a la transmisi¨®n inter vivos, la disposici¨®n transitoria primera de la ley no limita ni la posibilidad de transmisi¨®n, ni el procedimiento de otorgamiento de las concesiones. Tan es as¨ª que durante un tiempo la Administraci¨®n estuvo reconociendo el derecho de la transmisi¨®n tanto inter vivos como mortis causa, hasta que un informe jur¨ªdico emitido en el tr¨¢mite de una de las concesiones corrigi¨® aquella interpretaci¨®n. Posteriormente, sucesivas sentencias han dado por bueno el primer criterio que la Administraci¨®n hab¨ªa aplicado. Esto es, la ley no impide en absoluto el reconocimiento de la transmisi¨®n de la concesi¨®n sin alterar sus condiciones y requisitos. A¨²n as¨ª, el Gobierno impuls¨® una transposici¨®n de la jurisprudencia a la ley en la pasada legislatura, iniciativa que choc¨® frontalmente con la oposici¨®n del PP, sin que finalmente pudiese ser culminada; por lo que sorprende este s¨²bito arrepentimiento que Arias Ca?ete experimenta en su tr¨¢nsito de la condici¨®n de diputado de la oposici¨®n a la de ministro.

No se puede elevar a propiedad lo que era un mero t¨ªtulo de concesi¨®n

2.- No se puede admitir de ninguna de las maneras que, en un Estado de Derecho, pueda tildarse de arbitraria una ley que est¨¢ avalada por el Tribunal Constitucional, cuya aplicaci¨®n ha sido intensamente controlada por los tribunales en su aplicaci¨®n por Gobiernos de distinto signo pol¨ªtico, y que sea nada menos que un ministro del Gobierno de Espa?a quien patrocine semejante dislate. La falta de acierto en la aplicaci¨®n de esta, o de cualquier otra ley, no es en absoluto achacable a la norma, sino al responsable de aplicarla; por tanto, est¨¢ en manos del propio ministro el evitar cualquier tipo de arbitrariedad que pudiese sospechar por parte de las Administraciones o de su propio equipo.

Por el contrario, no habr¨ªa mayor arbitrariedad que elaborar una ley a la medida de un 5% de afectados (que es el per¨ªmetro litoral que queda por deslindar), distinta de la ley que ha sido aplicada a la inmensa mayor¨ªa que constituye el 95% de costa ya deslindada.

3.- Conviene aclarar que las posibles situaciones de inseguridad jur¨ªdica que afectar¨ªan a determinados casos particulares, no vienen dadas por el cumplimiento de la ley, sino que es su vulneraci¨®n (tal como elevar dolosamente a la categor¨ªa de propiedad lo que era un mero t¨ªtulo concesional, para poder vender a un tercero bienintencionado obteniendo un beneficio injustificado) la que da lugar a las mismas. Y es que la ley incluye disposiciones transitorias que ofrecen largos plazos (de 30 a 90 a?os) a los titulares de derechos preexistentes para amoldarse a la nueva situaci¨®n de dominio p¨²blico preeminente en aplicaci¨®n del principio constitucional.

La madre de todas las inseguridades jur¨ªdicas ser¨ªa la que se producir¨ªa a partir del momento en que se modificase la ley, generando dos categor¨ªas de administrados frente a dos leyes sucesivas distintas para resolver un mismo procedimiento de deslinde.

Ninguna raz¨®n de peso ha aportado el Gobierno para justificar la profunda modificaci¨®n de la Ley de Costas que anuncia, y por tanto el PSOE sigue oponi¨¦ndose frontalmente al asalto que el Partido Popular pretende desencadenar contra la bolsa del suelo p¨²blico litoral.

Hugo Alfonso Mor¨¢n Fern¨¢ndez es secretario de Ordenaci¨®n del Territorio y Sostenibilidad de la Comisi¨®n Ejecutiva Federal del PSOE.?