Romper el ocultismo

Espa?a podr¨ªa dejar de ser durante esta legislatura una anomal¨ªa europea. De contener las recomendaciones b¨¢sicas de organismos multilaterales como el Consejo de Europa, la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno que el Gobierno de Mariano Rajoy se dispone a presentar el 17 de abril ser¨ªa un importante paso adelante en la profundizaci¨®n de la democracia espa?ola. En esa l¨ªnea han avanzado democracias similares. Solo una devastadora crisis econ¨®mica y los alt¨ªsimos ¨ªndices de descr¨¦dito de los pol¨ªticos parecen haber sido capaces de romper las resistencias de Gobiernos de uno y otro color. Todos se han opuesto hasta ahora a otorgar a los ciudadanos el derecho que les pertenece de tener cumplida informaci¨®n de la actividad de sus representantes y de c¨®mo estos administran el dinero p¨²blico que se les ha confiado.

No es una cuesti¨®n menor. La transparencia en la gesti¨®n p¨²blica es la mejor herramienta de la que disponen los ciudadanos para ejercer un control real de la pol¨ªtica. Votar cada cuatro a?os no es suficiente para colmar las expectativas de una sociedad democr¨¢tica avanzada. La arraigada cultura espa?ola del secretismo hurta a los contribuyentes este derecho esencial y solo sirve para favorecer la corrupci¨®n y el mal gobierno; fen¨®menos ambos que resultan sin embargo imposibles de ocultar a una ciudadan¨ªa cada vez m¨¢s crispada por la crisis econ¨®mica.

El anterior Ejecutivo de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero dej¨® por dos veces incumplido su compromiso electoral de sacar adelante una ley que obligara a las Administraciones a aportar a los ciudadanos la informaci¨®n requerida sin necesidad de que este justificara su petici¨®n y siempre y cuando los datos no pusieran en riesgo la seguridad nacional. Su anteproyecto de ley, acorde con los est¨¢ndares internacionales, qued¨®, sin embargo, aparcado sin las debidas explicaciones.

Espa?a necesita una ley de transparencia que rompa la cultura del ocultismo. Es una demanda social extendida a la que han dado voz el Movimiento 15-M y algunos partidos pol¨ªticos, como UPyD e IU. La democracia espa?ola se ha dotado durante las tres ¨²ltimas d¨¦cadas de Administraciones locales y aut¨®nomas, supuestamente m¨¢s pr¨®ximas al ciudadano, que han extendido la misma opacidad que imperaba en la pol¨ªtica nacional. Resulta intolerable que a los espa?oles se les niegue el derecho a conocer las listas de espera de sus hospitales, los ¨ªndices de calidad de los centros educativos, los contratos que firma una Administraci¨®n o los informes medioambientales que se elaboran y pagan con dinero p¨²blico.

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene en el anteproyecto de ley del anterior Ejecutivo una buena base sobre la que trabajar. Utilizarlo ir¨ªa en contra de la habitual inercia sectaria de la pol¨ªtica espa?ola, pero ser¨ªa una magn¨ªfica se?al de buen gobierno y de gesti¨®n de los recursos p¨²blicos; justo lo que la futura ley deber¨ªa promover.