Buenas intenciones

El proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno que el Ejecutivo present¨® el viernes es una esperanzadora declaraci¨®n de intenciones que, sin embargo, adolece de una indefinici¨®n preocupante. El esbozo de lo que todav¨ªa no es siquiera un anteproyecto de ley exigir¨¢ a las administraciones y empresas p¨²blicas dar informaci¨®n cumplida de sus cuentas, incluidos contratos y subvenciones, obligar¨¢ a estas a responder a las cuestiones planteadas por los ciudadanos en el plazo de un mes, establecer¨¢ un ¡°baremo de retribuciones¡± para controlar los sueldos de los alcaldes y ediles y marcar¨¢ duras sanciones para los gestores que incumplan sus obligaciones, en especial las relativas al manejo de los fondos p¨²blicos.

El proyecto se abre ahora a los ciudadanos para que durante dos semanas puedan opinar sobre el mismo. Se trata de un proyecto legislativo ampliamente demandado en Espa?a, el ¨²nico gran pa¨ªs europeo que carece de una norma como esta. Sin embargo, solo el desarrollo legislativo posterior determinar¨¢ si la ley que prepara el Gobierno de Rajoy se alinea con los del resto de Europa y Estados Unidos.

De momento cabe resaltar que el proyecto espa?ol nace con se?ales inquietantes. La primera de ellas es el ¨¦nfasis puesto en la importancia de lanzar al exterior un mensaje n¨ªtido sobre la solvencia espa?ola a la hora de cumplir sus compromisos financieros. Para tal empe?o no es necesaria una ley que exige una larga tramitaci¨®n. Basta con que los gestores del PP, mayor¨ªa abrumadora en las administraciones espa?olas, act¨²en correctamente en el desempe?o de sus obligaciones. Las duras sanciones anunciadas para determinadas conductas exigen ciertas modificaciones del c¨®digo penal, pero muchas otras ya son perseguibles penalmente: lo ¨²nico que se necesita es tener la voluntad de ponerles coto desde el poder.

No se establecen, que se sepa, los mecanismos para garantizar la calidad de la informaci¨®n que se pone a disposici¨®n de la ciudadan¨ªa. En el aire queda tambi¨¦n si se terminar¨¢ creando un organismo p¨²blico independiente que vigile el cumplimiento de esas nuevas obligaciones o exija una simplificaci¨®n en los tr¨¢mites que deber¨¢ realizar el ciudadano para obtener la informaci¨®n requerida. Por lo dem¨¢s, la raz¨®n para dejar fuera de la Ley de Transparencia a la Casa Real tampoco es convincente.

Son muchas lagunas en un proyecto que se percibe crucial para recuperar la credibilidad de la acci¨®n pol¨ªtica y que el Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero no se atrevi¨® a culminar. Esta iniciativa de Mariano Rajoy es, con todo, un primer paso positivo que no debiera quedar en papel mojado durante las etapas que faltan para su culminaci¨®n. Ser¨ªa un flaco favor a la democracia espa?ola y un gesto muy negativo para el PP, un partido gravemente afectado por casos de corrupci¨®n y mal gobierno que ahora se pretenden atajar.