Ajuste de emergencia

Las l¨ªneas generales de los Presupuestos del Estado para este a?o desarrollan tres decisiones pol¨ªticas importantes sobre las que el Gobierno pretende cumplir con el objetivo de reducir el d¨¦ficit p¨²blico desde el 8,5% del PIB declarado en 2011 hasta el 5,3% decidido por Bruselas, como parte del plan de estabilidad de las cuentas p¨²blicas que debe bajar dicho d¨¦ficit al 3% en 2013. La primera decisi¨®n es un recorte del gasto de 27.300 millones, que se conseguir¨¢, seg¨²n el ministro de Hacienda, con ajustes radicales en los ministerios de casi el 17% y un recorte sin precedentes en la inversi¨®n p¨²blica. La segunda es un plan de amnist¨ªa fiscal, que equivale a perdonar a todo aquel que aflore capitales ocultos mediante un m¨®dico gravamen del 10%. Con esta medida se calcula que aparecer¨¢ dinero escondido por importe de unos 25.000 millones y, por tanto, el Estado ingresar¨¢ este a?o unos 2.500 millones. La tercera disposici¨®n es una subida del impuesto sobre sociedades a las grandes empresas, a trav¨¦s de procedimientos variados, y una subida de la tributaci¨®n del tabaco. Los tres pilares, dice el Gobierno, m¨¢s otros ajustes menores y la congelaci¨®n del salario de los funcionarios, ser¨¢n suficientes para cumplir con el objetivo de d¨¦ficit.

El problema del ajuste presupuestario debe encajarse en un contexto pol¨ªtico para entender las dificultades de su ejecuci¨®n. El Gobierno ha cometido un error al demorar la presentaci¨®n de los Presupuestos, ya que obliga a concentrar el recorte en solo ocho meses. Y cometi¨® otro error al intentar imponer ante la UE una reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico al 5,8%. La mejor estrategia era demorar el cumplimiento de estabilidad del 3% hasta el a?o 2015. Estos dos errores pesar¨¢n sin duda sobre la credibilidad de las cuentas p¨²blicas.

Lo que se desprende de los recortes anunciados ayer, de la regularizaci¨®n fiscal y de las tibias subidas de impuestos es que ofrecen dudas sobre si ser¨¢n suficientes para cumplir con el objetivo del 5,3%. La disminuci¨®n del gasto p¨²blico necesaria para cumplir con el objetivo se aproxima m¨¢s a los 50.000 millones que a los 30.000. El efecto de la amnist¨ªa fiscal tampoco es seguro. No est¨¢n claros los supuestos en los que se basa una afloraci¨®n de dinero negro de 25.000 millones.

La ¡°atracci¨®n de rentas¡±, como eufem¨ªsticamente define el Gobierno a la amnist¨ªa fiscal, es una medida de indudable efectividad recaudatoria, pero muy impopular, ya que castiga a los contribuyentes que no ocultan el dinero. Por otro lado, no hace sino constatar un fracaso: la incapacidad del fisco espa?ol para perseguir el fraude. Evidencia, adem¨¢s, la desesperaci¨®n del Gobierno por cuadrar las cuentas. La decisi¨®n solo puede entenderse, por tanto, desde el obligado pragmatismo de un Ejecutivo obligado a tomar medidas que hab¨ªa rechazado abiertamente en campa?a electoral o cuando estaba en la oposici¨®n. Ser¨ªa deseable que el plan de lucha contra el fraude que Montoro anunci¨® ayer sin m¨¢s detalles fuera realmente efectivo.

Por todo lo dicho, lo m¨¢s probable es que durante este mismo a?o el Gobierno se vea obligado a elevar de nuevo los impuestos. La estricta vigilancia europea deja pocos resquicios para contemporizar con las cuentas p¨²blicas. La fase recesiva aumenta las dificultades del ajuste. Aunque se aplique la previsi¨®n m¨¢s optimista de elasticidad entre d¨¦ficit y PIB, hay que suponer que cada 10.000 millones de ajuste equivalen a una d¨¦cima de PIB. Con 27.000 millones drenados del sistema econ¨®mico, el PIB descender¨ªa en unas tres d¨¦cimas adicionales a la ca¨ªda ya prevista del 1,7%. Con una contracci¨®n del PIB del 2% el cumplimiento del objetivo del 5,3% parece improbable. Hay estrategias para salir de la recesi¨®n. Todas ellas son arriesgadas y requieren un mensaje firme de subida de impuestos. Ninguna de ellas apareci¨® ayer en el Consejo de Ministros.