Defender las libertades

El ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, ha generado reacciones de preocupaci¨®n al anunciar el en¨¦simo endurecimiento del C¨®digo Penal, en este caso para castigar a los convocantes de ¡°actos violentos¡± por cualquier medio, incluido Internet, y elevar a dos a?os la pena m¨ªnima en los atentados contra agentes de la autoridad para facilitar la prisi¨®n preventiva. Asociaciones de magistrados, expertos en derecho penal y la oposici¨®n pol¨ªtica de izquierdas desconf¨ªan de la dureza anunciada, que se eleva al grado de alarma al conocer una propuesta de Interior al departamento de Justicia para perseguir criminalmente a partidos pol¨ªticos o sindicatos, en caso de que alguno de sus afiliados cause da?os ¡°de relevancia penal¡± en actos convocados por aquellos.

Un proyecto para encarecer el coste penal de la violencia callejera no deber¨ªa presentarse a trav¨¦s de declaraciones, sino de forma mucho m¨¢s precisa. Que las sociedades abiertas se ven zarandeadas por minor¨ªas vand¨¢licas es una evidencia: Barcelona es el blanco de grupos de salvajes, cada vez que se produce la celebraci¨®n popular de un ¨¦xito deportivo o una huelga. Una sociedad democr¨¢tica debe combatir a los que agreden a las personas o destrozan los bienes p¨²blicos o privados, pero el castigo penal de tales conductas ya est¨¢ previsto en la ley vigente. El problema en estos casos suele ser, m¨¢s bien, disponer de la capacidad de identificar y detener a los violentos.

En todo caso, ese combate debe distinguirse n¨ªtidamente de la protecci¨®n de los derechos y libertades fundamentales. El anuncio del Gobierno ha sido lo suficientemente impreciso como para que se le atribuya el objetivo de atajar como sea la conflictividad social o impedir concentraciones al estilo del 15-M. Las im¨¢genes de los incidentes entre estudiantes y polic¨ªa en Valencia, o de los actos vand¨¢licos en Barcelona durante la huelga del 29 de marzo, han ocupado las portadas de medios de comunicaci¨®n internacionales y esa es una ocasi¨®n que el Ejecutivo no parece dispuesto a dejar escapar. Tampoco, la facilidad de las redes sociales para llamar a marchas o concentraciones.

Reprimir exige un estricto criterio de proporcionalidad. Una democracia que ha sobrevivido a d¨¦cadas de grav¨ªsimos actos terroristas no puede sucumbir a la tentaci¨®n de cuestionar el normal ejercicio de los derechos constitucionales porque existan grupos de v¨¢ndalos urbanos.