Recortes y castigos electorales

Seguramente m¨¢s de un responsable auton¨®mico se est¨¢ preguntando ya por las futuras consecuencias electorales de los recortes en sanidad y educaci¨®n. No ser¨ªa extra?o pensar que, bajo el manto de los consensos adoptados en las Conferencias Sectoriales, comienza a librarse una soterrada batalla entre el gobierno central y los auton¨®micos sobre c¨®mo se repartir¨¢n en las urnas los costes del tijeretazo. El Ejecutivo de Rajoy puede pensar que parte del coste caer¨¢ sobre las regiones porque ¨¦stas son las encargadas de aplicar el ajuste en las pol¨ªticas m¨¢s sensibles para los ciudadanos. Y posiblemente los l¨ªderes regionales conf¨ªan en que la mayor visibilidad que el gobierno central ha adquirido en la adopci¨®n de las medidas les libere parcialmente del castigo electoral.

En Espa?a, como ocurre en otros pa¨ªses descentralizados, los resultados de las elecciones auton¨®micas han estado muy ligados a la pol¨ªtica nacional, especialmente en las regiones del mismo color pol¨ªtico que el gobierno central. Por eso es probable que el futuro electoral de las regiones del PP dependa en gran medida de las decisiones del ejecutivo de Mariano Rajoy. Es cierto que ese v¨ªnculo es ahora m¨¢s d¨¦bil que en los a?os 80 y que la independencia electoral de algunos barones territoriales les ha hecho resistentes al declive de su partido en las elecciones generales. Sin embargo, en este contexto de crisis, en el que el gobierno central ha hecho gala de un dirigismo a menudo incompatible con la autonom¨ªa financiera de las regiones, la visibilidad de los gobiernos auton¨®micos ha quedado reducida.

Tradicionalmente los l¨ªderes auton¨®micos han sabido hacer de la necesidad virtud y refugiarse en esa dependencia electoral para esquivar el posible castigo de una mala gesti¨®n en el gobierno. Cuando los resultados en su regi¨®n no han sido buenos, han preferido desdibujar su responsabilidad entre las de la administraci¨®n central e ir a rebufo de los buenos resultados de su partido en las generales. Acudir a esta estrategia ha sido relativamente f¨¢cil dado el dise?o del Estado Auton¨®mico, pues la complejidad sobre el reparto de competencias hace que los ciudadanos tengan problemas para identificar qui¨¦n es el responsable de qu¨¦. Por eso es frecuente encontrar a pol¨ªticos de uno y otro nivel enzarzados en acusaciones mutuas sobre la responsabilidad de los malos resultados de una pol¨ªtica o atribuy¨¦ndose m¨¦ritos que no les corresponden.

La visibilidad del gobierno central es mayor en las Comunidades que asumieron las competencias m¨¢s tarde

El problema es que, en la actual coyuntura, hay pocos m¨¦ritos que reclamar y muchos potenciales costes por repartir como consecuencia de la multiplicidad de recortes que se han puesto en marcha. Y ¨¦stos afectan a todas las administraciones. Las regiones que no est¨¢n gobernadas por el Partido Popular parten de una situaci¨®n algo m¨¢s favorable, pues pueden entrar en el juego de exoneraci¨®n y culpa frente al gobierno central para intentar sobrevivir a los ajustes. Para los barones populares la situaci¨®n es m¨¢s complicada, pues pocos se atrever¨¢n a acusar a Mariano Rajoy de haber impuesto el ajuste sin dejarles margen de maniobra. No obstante, esto no significa que todas las regiones del PP tengan un destino electoral inexorablemente ligado al de Rajoy, pues la presencia y visibilidad que el gobierno central tiene para los ciudadanos en cada regi¨®n es muy distinta.

Aunque hace tiempo que todas las Comunidades Aut¨®nomas poseen las mismas competencias sobre las grandes pol¨ªticas p¨²blicas ¡ªsanidad, educaci¨®n y servicios sociales¡ª la percepci¨®n de los ciudadanos sobre qui¨¦n ejerce la responsabilidad sobre esas pol¨ªticas es muy desigual entre regiones. Por ejemplo, tomando los datos del ¨²ltimo bar¨®metro auton¨®mico publicado por el CIS en el 2010, el porcentaje de ciudadanos que sigue pensando que el principal gobierno responsable de la educaci¨®n es el gobierno nacional oscila entre m¨¢s del 60% en Extremadura, Murcia o Canarias y el 23% en el Pa¨ªs Vasco o el 32% en Navarra. Existen patrones similares en la atribuci¨®n de responsabilidades sobre la sanidad. Y aunque en pol¨ªtica econ¨®mica las diferencias entre regiones son menores, el porcentaje de los que identifican al gobierno central como principal responsable fluct¨²a entre el 91% en Extremadura, en torno al 85% en La Rioja, Murcia, Arag¨®n y Asturias y el 58% en Navarra. En general, la visibilidad del gobierno central es mayor en las Comunidades que asumieron las competencias m¨¢s tarde y menor en las que llevan m¨¢s tiempo gestionando las principales pol¨ªticas.

Que el gobierno central sea muy visible para los ciudadanos en algunas regiones y menos en otras significa que los barones populares tendr¨¢n distinto margen de maniobra para protegerse de los costes electorales de los ajustes. La supervivencia de los l¨ªderes de Comunidades Aut¨®nomas donde la administraci¨®n central sigue siendo muy visible estar¨¢ m¨¢s vinculada a las decisiones del gobierno central. En cambio, donde la actividad del ejecutivo auton¨®mico est¨¢ m¨¢s presente para los ciudadanos, los gobiernos tendr¨¢n m¨¢s capacidad para evitar cargar con el coste electoral de las decisiones adoptadas por Rajoy. En definitiva, si los ajustes marcan el desenlace de esta legislatura y tambi¨¦n la de los gobiernos auton¨®micos, lo har¨¢n sobre todo en aquellas regiones en las que la sombra del gobierno central sigue siendo alargada.

Sandra Le¨®n es profesora de la Universidad Complutense y colaboradora de la Fundaci¨®n Alternativas.

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