M¨¢s transparencia

Las contradicciones est¨¢n marcando los primeros pasos de lo que ser¨¢ la primera ley de transparencia de la que dispondr¨¢ Espa?a, el ¨²nico gran pa¨ªs europeo que carece de ella. De un lado, es de ley reconocer que este Gobierno es el primero que corre el riesgo de lanzar un proyecto que, en mayor o menor medida, va a aumentar la capacidad de control ciudadano sobre sus decisiones y sus actuaciones. De otro lado, como si la pesada inercia de la opacidad fuera insoslayable, el Ejecutivo est¨¢ utilizando un procedimiento poco transparente. Prueba palmaria de ello es que el Gobierno aprob¨® ayer el proyecto de ley, lo present¨®, pero no lo dio a conocer. Es cierto que ejecutivos anteriores han usado el mismo subterfugio, pero no puede ser argumento v¨¢lido justamente para el que pretende romper con el tradicional oscurantismo espa?ol. Tampoco ha habido transparencia informativa en el novedoso proceso de participaci¨®n ciudadana que, seg¨²n el Gobierno, ha provocado 3.700 observaciones a trav¨¦s de la p¨¢gina web abierta para ello y, finalmente, ni se ha esperado el final del debate abierto a instancias del mismo Ejecutivo entre 38 expertos ni se ha explicado el motivo de tan extravagante desplante.

El cambio m¨¢s sustancial y, en principio, positivo acometido en el proyecto desde que se lanz¨® el borrador en marzo es el sistema de nombramiento y cese del presidente de la Agencia Estatal de Transparencia, que, seg¨²n Moncloa, ¡°se equipara a los organismos reguladores¡±, lo que significa que lo nombrar¨¢ el Gobierno (y con mayor¨ªa absoluta del parlamento), pero su cese solo es posible por causas mayores, lo que debe permitir al nombrado un cierto margen de maniobra respecto a quien lo design¨®.

El aspecto m¨¢s negativo del proyecto es el principio de ¡°silencio negativo¡±, que deja al criterio de las administraciones p¨²blicas la potestad de dar la callada por respuesta a cualquier pregunta. Y el Gobierno tambi¨¦n ha deso¨ªdo las propuestas de incorporar a la Casa Real a este ejercicio obligado de transparencia. Por lo dem¨¢s, la puesta en marcha de esta ley que obliga a publicar contratos, sueldos y actividades de los altos cargos de todas las administraciones y que prev¨¦ sanciones para los que falseen y oculten datos deber¨ªa ser el inicio ¡ªpor fin¡ª de una nueva manera de concebir la gesti¨®n pol¨ªtica que pasa por ampliar la capacidad de supervisi¨®n de los administrados.