M¨¢xima transparencia

Carlos D¨ªvar baj¨® ayer el tel¨®n del espect¨¢culo ofrecido por una alta autoridad presuntamente cogida en falta, que se resist¨ªa a extraer las consecuencias adecuadas. Alegaba no tener conciencia de haber hecho algo malo por cargar al erario una serie de gastos por 32 viajes de fin de semana; pero la ciudadan¨ªa lo ve de otra forma y, naturalmente, la protecci¨®n del inter¨¦s de la instituci¨®n est¨¢ por encima del inter¨¦s particular de su presidente.

Lo que hab¨ªa comenzado como una exigencia de responsabilidades planteada por una minor¨ªa del Consejo General del Poder Judicial ¡ªque la Fiscal¨ªa del Estado bloque¨® en la v¨ªa judicial¡ª se ha convertido, al cabo de poco m¨¢s de un mes, en una retirada de la confianza por parte de la mayor¨ªa de sus compa?eros. Antes de verse destituido por ellos, D¨ªvar ha tenido el gesto digno de renunciar a la doble presidencia del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

Se plantea ahora la cuesti¨®n de nombrar otro responsable y de restablecer el prestigio de la instituci¨®n, cuya existencia como ¨®rgano de gobierno de los jueces, su n¨²mero de miembros y su car¨¢cter de poder del Estado derivan de la propia Constituci¨®n. Es importante acertar con el relevo, porque est¨¢ en juego el deterioro de la calidad del servicio prestado por miles de jueces y magistrados, cuya imagen se ha visto injustamente contaminada por el comportamiento de su m¨¢xima autoridad.

Algunos sectores atribuyen los problemas a la politizaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de la judicatura, y abogan por volver al nombramiento por los jueces de todos o la mayor¨ªa de los vocales. Pero esa propuesta implicar¨ªa el regreso al modelo corporativo, sin garant¨ªa de mejora respecto al resultado arrojado por la actual designaci¨®n parlamentaria. Desde el Ministerio de Justicia se ha apuntado tambi¨¦n reducir a cinco los miembros de plena dedicaci¨®n del ¨®rgano, y que los otros 15 sigan ejerciendo como jueces o fiscales, lo cual puede situarles en la tesitura de tratar en el Consejo cuestiones relacionadas con su actividad cotidiana o la de compa?eros con los que comparten los tribunales a diario. El problema es lograr que se dediquen precisamente al gobierno de los jueces, y solo a eso.

En todo caso, la crisis causada por los gastos de D¨ªvar no tiene que ver con politizaciones, sino con la opacidad de los modos de actuaci¨®n. Las actividades del presidente de la instituci¨®n, como las de sus dem¨¢s miembros, han de ser transparentes y someterse a una estricta rendici¨®n de cuentas. Lo decisivo es encontrar a una persona que realmente se ocupe de dirigir al Consejo en la b¨²squeda de la calidad del servicio p¨²blico de la justicia, de agilizarla y de potenciar los medios a disposici¨®n de jueces y magistrados. Todo ello bajo el criterio de que la transparencia es el ant¨ªdoto m¨¢s seguro contra desviaciones o corruptelas, en el Consejo del Poder Judicial y en las dem¨¢s instituciones.