Mercados, confianza y transparencia
Urge dotar de mayor claridad a los mecanismos de toma de decisiones p¨²blicas y privadas, eje de las reformas del PP. Esperemos que lo lleve a la pr¨¢ctica y que, sobre todo, los mercados se lo reconozcan
La p¨¦rdida de confianza en nuestro sistema financiero y en nuestra capacidad para retomar la senda del crecimiento no es s¨®lo uno de los efectos de esta crisis, sino tambi¨¦n uno de los condicionantes que nos impiden, o al menos nos dificultan gravemente, salir de ella. Urge, pues, adoptar medidas que afecten tanto a las Administraciones P¨²blicas como al sector privado, especialmente el financiero, y que tengan un denominador com¨²n: dotar de mayor transparencia a los mecanismos de toma de decisiones p¨²blicas y privadas.
Sin duda va a ayudar a este objetivo la crisis actual, que est¨¢ provocando como efecto colateral el nacimiento, por fin, de la conciencia del contribuyente. Los pol¨ªticos, a partir de ahora, deber¨¢n tener que argumentar mucho m¨¢s sus propuestas, suministrar mucha m¨¢s informaci¨®n y acreditar, en mayor medida, la bondad de sus iniciativas. Confiemos en que esta tendencia se intensifique.
En el ¨¢mbito privado, la confianza en el sistema financiero se ha debilitado como consecuencia de la falta de transparencia en la reforma financiera, en la comercializaci¨®n de productos financieros y en el gobierno corporativo de las empresas. Ha sido una pena no haber seguido desde el principio el modelo italiano de transformaci¨®n de las Cajas de Ahorros, que se aprob¨® hace una d¨¦cada y que oblig¨® a ¨¦stas a transformarse en Bancos cotizados en Bolsa, atribuyendo parte de las acciones a fundaciones creadas al efecto y colocando la otra parte en el mercado. Si lo hubi¨¦ramos hecho as¨ª, no s¨®lo habr¨ªamos sometido la gesti¨®n de las Cajas a la disciplina del mercado, sino que habr¨ªamos contribuido a sanear el d¨¦ficit p¨²blico auton¨®mico y municipal, al adjudicarse a estas Administraciones los paquetes accionariales que les hubiesen correspondido por haber sido los fundadores de las Cajas.
Con la perspectiva de los ¨²ltimos dos a?os no ser¨ªa aventurado afirmar que las SIP, o fusiones fr¨ªas dise?adas por el anterior Gobierno, han sido reflejo de una falta de valent¨ªa pol¨ªtica y de una torpe visi¨®n econ¨®mica. El miedo o recelo de las Comunidades Aut¨®nomas a perder sus respectivos virreinatos bancarios cre¨® un engendro que, en la pr¨¢ctica, expuls¨® a cualquier inversor extranjero de tomar una participaci¨®n en el capital de las Cajas pues, a la falta de credibilidad de sus balances, se sum¨® un inadmisible sistema de gobierno corporativo. Ante la imposibilidad de reforzar sus recursos propios a trav¨¦s de inversores institucionales extranjeros, que no quer¨ªan saber nada de este asunto tal y como estaba dise?ado, s¨®lo les quedaba a las Cajas mirar dentro de nuestras fronteras con la esperanza de encontrar en la red los recursos que aquellos les negaron, tendencia que tambi¨¦n fue seguida por la mayor¨ªa de los Bancos. Esta necesidad impuls¨® la emisi¨®n generalizada de participaciones preferentes.
A la vista de lo sucedido, posiblemente hubiese sido m¨¢s prudente no haber autorizado su colocaci¨®n entre particulares o, al menos, haber obligado a las entidades a efectuar un test de conveniencia estandarizado y mucho m¨¢s riguroso que el que en realidad han efectuado.
La colocaci¨®n de Bankia guarda un paralelismo con lo que sucedi¨® hace 18 a?os con Banesto
Las entidades de cr¨¦dito han hecho estos dos ¨²ltimos a?os, y siguen haci¨¦ndolo en la actualidad, verdaderos esfuerzos para solucionar esta delicada situaci¨®n, fundamentalmente a trav¨¦s de su conversi¨®n en dep¨®sitos u otros t¨ªtulos m¨¢s simples. La gran mayor¨ªa ha valorado las preferentes al 100% de su valor nominal, cuando en los mercados secundarios cotizaban con descuentos del 50% de media. Estas condiciones muy favorables de conversi¨®n, que reflejan impl¨ªcitamente un cierto acto de contrici¨®n por parte de las entidades, est¨¢n siendo muy bien acogidas por los tenedores de las preferentes que ver¨¢n compensadas, en gran parte, las p¨¦rdidas latentes de su inversi¨®n. Junto a las participaciones preferentes, se ha producido este ¨²ltimo a?o otro foco de preocupaci¨®n que ha da?ado la imagen del sistema financiero espa?ol: la salida a bolsa de Bankia, acontecimiento que no s¨®lo ha afectado a la entidad emisora, sino que ha salpicado a todo el sistema.
Y es que la colocaci¨®n de Bankia guarda un preocupante paralelismo con lo que sucedi¨® hace 18 a?os con la ampliaci¨®n de capital de Banesto. En 1993, la situaci¨®n financiera de Banesto era extremadamente delicada y con el fin de potenciar sus recursos propios se autoriz¨® una macroampliaci¨®n de capital en julio de aquel a?o. Los fondos generados, sin embargo, no fueros suficientes y finalmente, en diciembre, se nacionaliz¨® el Banco ocasionando una ingente p¨¦rdida a los accionistas que, seis meses antes, hab¨ªan acudido a la ampliaci¨®n.
Casi 20 a?os despu¨¦s, hemos contemplado un proceso muy parecido: un banco sist¨¦mico con muchos problemas, una macro colocaci¨®n en Bolsa, una nacionalizaci¨®n a los pocos meses y un derrumbamiento de la cotizaci¨®n. ?Qu¨¦ pas¨® entonces y qu¨¦ ha pasado ahora? La respuesta no es sencilla pero parece que en el dif¨ªcil juego de equilibrar intereses, existe en nuestro sistema financiero un sesgo favorable a las entidades sist¨¦micas, como Banesto y Bankia, en detrimento de los peque?os ahorradores. Y hasta cierto punto es comprensible porque el Banco de Espa?a tiene que evitar a toda costa el riesgo de insolvencia de una entidad sist¨¦mica, y la mejor forma de hacerlo es capitalizando la entidad en dificultades a trav¨¦s de una ampliaci¨®n de capital.
Habr¨ªa que evitar que tres de los siete miembros del consejo de la CNMV est¨¦n en el Banco de Espa?a
Pero es precisamente en estas situaciones extraordinarias, cuando la CNMV debe velar con extremado celo por la bondad de la informaci¨®n que se suministra al mercado, y por la calidad de las pr¨¢cticas de comercializaci¨®n a trav¨¦s de la red. Lejos de ser conveniente una pl¨¢cida convivencia entre supervisores, lo recomendable es que haya una sana tensi¨®n entre ellos, porque defienden intereses contrapuestos.
Es en este punto donde, a mi juicio, la ley adolece de un defecto que convendr¨ªa subsanar, pues por imperativo legal el subgobernador del Banco de Espa?a forma parte del Consejo de la CNMV y, en reciprocidad, el vicepresidente de la CNMV forma parte del Consejo del Banco de Espa?a. Pero hay m¨¢s, y es que la ley prescribe que el secretario general del Tesoro y Pol¨ªtica Financiera forme parte del Consejo del Banco de Espa?a y del de la CNMV. Por mucho que todos sean unas personas extremadamente equilibradas, que seguro que lo son, es imposible abstraerse de la gran losa de preocupaci¨®n que les debe suponer lidiar con una posible insolvencia de una entidad sist¨¦mica. Por lo tanto, ser¨ªa deseable romper cuanto antes estos lazos de consanguinidad y evitar que tres de los siete miembros del Consejo de la CNMV se sienten tambi¨¦n en el Banco de Espa?a.
Por ¨²ltimo, y en la b¨²squeda de esa mayor confianza en nuestra econom¨ªa, habr¨ªa que profundizar en la transparencia del gobierno corporativo de las empresas y bancos espa?oles. La corriente de una mayor fiscalizaci¨®n por parte de los accionistas est¨¢ propag¨¢ndose por todos los pa¨ªses desarrollados y es un reflejo m¨¢s de que la globalizaci¨®n no afecta s¨®lo a los derechos econ¨®micos, sino tambi¨¦n a los derechos pol¨ªticos. Este movimiento, que algunos llaman la ¡°primavera de los accionistas¡±, est¨¢ liderado por instituciones de primer nivel, y no por accionistas que reclaman su minuto de gloria en las asambleas, lo que hace prever que no sea una tendencia pasajera, sino una acci¨®n organizada para hacer cumplir a los ejecutivos las Recomendaciones de Transparencia y Buenas Pr¨¢cticas de Gobierno Corporativo. Son de diversa naturaleza, pero una de ellas destaca sobre las dem¨¢s debido, sin duda, a la especial sensibilidad que ha provocado la crisis: la transparencia de las remuneraciones del Consejo de Administraci¨®n. Si los accionistas quieren una prueba irrefutable de que los intereses del consejo y los de la empresa est¨¢n perfectamente alineados, tienen forzosamente que saber cu¨¢les son las retribuciones de los miembros del consejo y cu¨¢les son los mecanismos que ¡°disparan¡± la retribuci¨®n variable de los m¨¢ximos ejecutivos. No parece que haya otra alternativa. El Gobierno actual ha consagrado la transparencia como eje de sus reformas. Esperemos que sea capaz de llevarlo a la pr¨¢ctica y que, sobre todo, los mercados se lo reconozcan.
Ignacio Garralda es presidente de Mutua Madrile?a.
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