Confusi¨®n fiscal
La ca¨®tica gesti¨®n de la amnist¨ªa anula el efecto recaudatorio y abre un conflicto con la inspecci¨®n
La amnist¨ªa fiscal propuesta por Hacienda bajo el eufemismo de regularizaci¨®n fiscal est¨¢ deteriorando la credibilidad de la Administraci¨®n tributaria debido a un c¨²mulo de contradicciones interpretativas y de concesiones a los defraudadores. Si la propuesta inicial del departamento de Crist¨®bal Montoro ya era discutible, en cuanto que, a trav¨¦s de un real decreto, permit¨ªa el blanqueo de dinero negro a cambio de un modesto gravamen del 10%, las interpretaciones posteriores de la Direcci¨®n General de Tributos definen una amnist¨ªa todav¨ªa m¨¢s onerosa para la Hacienda p¨²blica y m¨¢s humillante para los contribuyentes que pagan sus impuestos. Porque lo que se desprende de la interpretaci¨®n de la Direcci¨®n General de Tributos es que en determinadas circunstancias, f¨¢cilmente manipulables, el defraudador no tributar¨¢ el ya escu¨¢lido 10% por la renta aflorada sino solo por los intereses y dividendos generados por dichas rentas.
Esta no es la amnist¨ªa fiscal (o regularizaci¨®n) planteada por Montoro en el Parlamento. O bien el ministro ocult¨® el contenido real de la medida o bien la Direcci¨®n General de Tributos ha hecho una interpretaci¨®n complaciente y abusiva de la norma. Al parecer, los contactos de la Subdirecci¨®n de Ordenaci¨®n Legal de Hacienda con los despachos de asesores fiscales, encaminados a solicitar a dichas firmas que insten a sus clientes para regularizar los capitales ocultos, detectaron la escasa disposici¨®n del dinero negro a blanquearse; y ante el m¨¢s que probable fracaso de los objetivos de la amnist¨ªa (recaudar este a?o unos 2.500 millones), se ha optado por abaratar las condiciones de la regularizaci¨®n; con la contrapartida de que con tan bajos grav¨¢menes ser¨¢ muy dif¨ªcil llegar a los 2.500 millones.
Por mera torpeza, la gesti¨®n de esta amnist¨ªa fiscal linda con el esc¨¢ndalo. Despu¨¦s del informe de Tributos, que, entre otras inconsecuencias mayores, niega que la inspecci¨®n fiscal pueda comprobar la declaraci¨®n especial de regularizaci¨®n, o se retracta el ministro o se retracta la Direcci¨®n; y ambos deber¨ªan explicarse en el Parlamento, que para eso est¨¢. Todo ello al margen de que la supuesta regularizaci¨®n fiscal haya sido mal concebida y nadie con experiencia en tributos haya concedido la menor credibilidad al prop¨®sito de aflorar 25.000 millones de dinero oculto y recaudar el 10% de lo aflorado.
Da una idea del malestar que provoca esta amnist¨ªa el hecho de que los inspectores fiscales, con la jurisprudencia hacend¨ªstica a su favor, se nieguen a secundar la interpretaci¨®n de Tributos. El conflicto administrativo ya est¨¢ aqu¨ª, agravado por la presunci¨®n de que el Tribunal Constitucional puede anular la medida, aunque solo sea porque se ha tramitado en forma de real decreto. Si hab¨ªa pocas probabilidades de que un defraudador cambiase dinero que tributa a tipo cero por dinero gravado al 10%, la confusi¨®n actual reduce pr¨¢cticamente a cero obtener ingresos significativos por el tortuoso camino de esta amnist¨ªa claudicante.
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