C¨®mo pactar la austeridad
Los nuevos aumentos de impuestos y recortes del bienestar perjudicar¨¢n m¨¢s a la mayor¨ªa trabajadora y de clase media. Si son ineludibles para sanear la econom¨ªa, deben acordarse mediante una gran conjura social
No hay dos sin tres. Tras los aumentos de impuestos y los recortes de bienestar de diciembre y del presupuesto ¡ªy pospresupuesto: matr¨ªculas universitarias y copago sanitario¡ª, se avecina una nueva oleada de medidas de austeridad. Hay que apretar m¨¢s las tuercas.
Ello es debido al mediocre resultado cosechado de momento en la lucha contra el d¨¦ficit. Y a la necesidad de cumplir al mil¨ªmetro los compromisos de saneamiento de las finanzas p¨²blicas. Necesidad m¨¢s perentoria por cuanto se ha convertido en condici¨®n inexcusable para acceder al multimillonario rescate europeo de la banca espa?ola.
El nuevo ajuste perjudicar¨¢ a buen seguro a sectores sociales hasta ahora blindados por el actual Gobierno, como t¨¢ctica social para desmarcarse de su predecesor socialista: funcionarios, pensionistas, incluso desempleados. Y a los consumidores y el consumo, v¨ªa alza del IVA, y...
La pol¨ªtica de austeridad limita al norte con su propia eficacia, sobre todo en una fase recesiva: los mayores ingresos impositivos y menores gastos derivados de los recortes se los come el agujero de la menor recaudaci¨®n fiscal, derivada de la ca¨ªda en la actividad econ¨®mica. Por eso la Uni¨®n Europea ha iniciado un giro hacia una agenda del crecimiento que complete las insuficiencias de la ortodoxia presupuestaria. Pero sus efectos ¡ªojal¨¢ que no sean limitados¡ª, llegar¨¢n m¨¢s adelante. Y, entre tanto, Espa?a debe seguir cumpliendo su deberes.
No todos son culpables por igual de la crisis: lo es m¨¢s el complejo inmobiliario-financiero
La austeridad tambi¨¦n limita, al sur, con la equidad y una dosis ¡ªaunque sea m¨ªnima¡ª de esta suele ser requisito de la propia eficacia. Hay que decirlo sin tapujos: aunque sea necesaria, la pol¨ªtica de ajustes es injusta. Y la nueva oleada probablemente aumente esa injusticia.
Lo es por dos motivos. El primero es que castiga a una mayor¨ªa social que no es la causante de que el rigor se haya hecho imprescindible. No es cierto que todos seamos culpables de lo ocurrido. Por lo menos, no en la misma medida.
M¨¢s ac¨¢ de colaboradores necesarios, c¨®mplices temporales y vigilantes ineficaces, la autor¨ªa principal del drama de la crisis espa?ola le corresponde al complejo inmobiliario-financiero: promotoras y bancos/cajas. Si el c¨¢ncer de esta crisis es el endeudamiento excesivo, habr¨¢ que recordar que quien lo provoca es la burbuja. Y que ¡°en la gestaci¨®n de una burbuja ejerce un papel principal el sistema financiero: sin sistema financiero no hay burbuja porque la presi¨®n compradora que hace posible el aumento del precio de los pisos y terrenos se alimenta del cr¨¦dito¡±, como ha diseccionado Alfredo Pastor.
Que el Gobierno olvide su mayor¨ªa absoluta y la oposici¨®n ejerza como si estuviese en el Gobierno
De modo que es injusto que paguen justos (y semijustos e ingenuos), por pecadores, incluso aunque estos no salgan indemnes: bajan las cotizaciones de sus carteras y fortunas. Tambi¨¦n es injusto que la parte del le¨®n de la factura de la crisis la pague la ciudadan¨ªa corriente en forma de austeridad en el gasto/inversi¨®n p¨²blicos, por otra raz¨®n. Porque el grueso del endeudamiento espa?ol no corresponde al sector p¨²blico, sino al privado, aunque algunos aparatosos despilfarros p¨²blicos tiendan a ocultarlo. Si la deuda total bordea el 270% del PIB, solo el 72,1%, menos de un tercio, corresponde a la deuda p¨²blica, y m¨¢s de dos tercios a bancos, empresas y familias.
Ocurre sin embargo que la contenci¨®n de la deuda y la reducci¨®n del flujo que la alimenta (el d¨¦ficit) es requisito b¨¢sico para mantener la confianza de los acreedores, sobre todo externos, y evitar su hu¨ªda y el colapso de la financiaci¨®n de todos. Sobre todo porque la deuda p¨²blica soberana se contamin¨® de la crisis bancaria. Los inversores tem¨ªan/temen que, con m¨¢s o menos Europa, su saneamiento recaiga al final en el Estado. Por eso la mayor¨ªa ciudadana no ser¨¢ culpable del desastre, pero parad¨®jicamente s¨ª tiene que convertirse en responsable de evitarlo. Es de temer que no haya otra manera de salir del pozo y remontar la recesi¨®n que repartiendo, entre todos, la factura de la austeridad. Y adem¨¢s de forma asim¨¦trica, sobre todo entre los no causantes, los no culpables. M¨¢s injusticia.
Si alg¨²n sabio no demuestra lo contrario, ello es as¨ª no solo por la acendrada costumbre de que paguen m¨¢s la crisis quienes tienen menos. Sino tambi¨¦n por culpa de la actual estructura de la fiscalidad, que atribuye la mayor capacidad recaudatoria a las rentas del trabajo y las clases medias, algo poco reversible en una noche. Por la urgencia que impone una recesi¨®n rampante que desploma los ingresos. Por el secuestro que supone para la recuperaci¨®n la total libertad de circulaci¨®n de capitales. Y por la hegemon¨ªa sociocultural de la minor¨ªa dirigente.
Ahora bien, una cosa es actuar como hermanos y otra ser primos. Para hacerse cargo de la responsabilidad ¨²ltima, de una austeridad ineludible aunque sea injusta, la ciudadan¨ªa deber¨ªa poder reclamar algunas condiciones que al menos suavizaran la inequidad y la hiciesen menos indigesta. A saber:
1.- Un programa claro, dialogado y sin provocaciones. El Gobierno debe ofrecer, a los ciudadanos y a la UE, una hoja de ruta para que todos hagan sus previsiones, en forma de un plan a tres a?os, dialogado en el Parlamento: claro, detallado y cuantificado. Sin eufemismos: si se sube el IVA, se sube el IVA y no se ¡°reorganizan las bases redistribuyendo los subgrupos de productos y servicios entre los distintos subtipos¡±, bl¨¢, bl¨¢, bl¨¢. Y sin provocaciones: canc¨¦lese la amnist¨ªa fiscal, ese bochorno inconstitucional, ese agravio a la moral fiscal colectiva, am¨¦n de rijosa chapuza t¨¦cnica; si conviene una regularizaci¨®n, contraten su dise?o a quienes saben pues ya hicieron otras, como la gente de Jaime Garc¨ªa A?overos (q.e.p.d.), Miguel Boyer o Carlos Solchaga. Y mejor una aut¨¦ntica cruzada contra el fraude fiscal.
2.- Contribuci¨®n de la banca y las grandes rentas. Deben contribuir todos, incluidos los segmentos de mayor renta y patrimonio y la banca, y deben evitarse medidas directamente antiredistributivas, como la de pasar los productos de primera necesidad del IVA superreducido del 4% al tipo est¨¢ndar del 18%. La banca puede garantizar la devoluci¨®n de las ayudas p¨²blicas que reciba, en ¨²ltimo extremo a trav¨¦s del Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos. Puede activar un pacto de limitaci¨®n de rentas, v¨ªa moderaci¨®n de los dividendos. Y las grandes rentas y los beneficiarios de bonus extraordinarios, asumir un tipo marginal del IRPF del 75% para remuneraciones superiores al mill¨®n de euros anual, como promueve Francia. Aunque en t¨¦rminos absolutos la recaudaci¨®n generada por estas medidas sea modesta, no lo es su simbolog¨ªa.
3.- Definici¨®n de los segmentos sociales m¨¢s vulnerables y blindaje de los mismos. Decisi¨®n solemne ¡ªpor pacto expl¨ªcito parlamentario¡ª sobre qui¨¦nes componen los sectores m¨¢s vulnerables, pr¨®ximos al riesgo de exclusi¨®n social. Y blindaje de estos frente a las medidas de austeridad y por ende frente a su efecto acumulativo (reducciones de renta real, m¨¢s recorte de servicios, m¨¢s aumentos de copagos). Por ejemplo, discriminaci¨®n entre los pensionistas con pensi¨®n ¨²nica y los que obtienen ingresos adicionales, o por segmentos de edad o situaci¨®n individualizada: todos tienen igual derecho, pero no la misma capacidad de esfuerzo.
4.- Temporalidad. La austeridad p¨²blica [no la frugalidad] debe ser en t¨¦rminos generales un contrato temporal, con vigencia por un periodo limitado, sobre todo en lo tocante a los beneficios sociales sacrificados. Las p¨¦rdidas de poder adquisitivo y otras deben recuperarse a su t¨¦rmino. La periodificaci¨®n y la expectativa que otorga un calendario de redenci¨®n racionaliza y suaviza el sacrificio. Nada peor para la moral de la sociedad que un horizonte de desesperanza, por el cual el futuro de cada uno ser¨¢ peor y el de las generaciones siguientes, p¨¦simo.
Una operaci¨®n de largo alcance como esta requiere de un acuerdo general de complicidad, de una aut¨¦ntica conjura social que vaya m¨¢s all¨¢ del pacto pol¨ªtico. Dentro de esa conjura, el Gobierno deber¨ªa actuar como si careciese de mayor¨ªa absoluta. Y la oposici¨®n ejercer¨ªa tanta responsabilidad como si estuviese en el Gobierno. Todos los dem¨¢s debieran implicarse.
Puede no hacerse, pero ser¨ªa peor.
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