Salud sin papeles

El Gobierno ha propuesto a las comunidades aut¨®nomas que los inmigrantes sin permiso de residencia, excluidos de la asistencia sanitaria p¨²blica en virtud de un decreto reciente, podr¨¢n recuperarla pagando una especie de seguro de unos 60 euros al mes para personas de entre 18 y 65 a?os y de unos 155 euros para mayores de esa edad. La medida ha sido rechazada por colectivos m¨¦dicos y varias autonom¨ªas, que temen el desmantelamiento del actual modelo sanitario, universal y gratuito.

Una consecuencia de esa universalidad ha sido hasta ahora la consideraci¨®n de la asistencia sanitaria como un derecho de la persona, no condicionado por situaciones m¨¢s o menos transitorias, como la de carecer de papeles. Esto es lo que ahora se ve amenazado, en el marco de los ajustes emprendidos por el Gobierno. No es discutible la necesidad de reducir el gasto sanitario, con independencia de la actual crisis, pero s¨ª los m¨¦todos que se empleen.

Desde mediados de la pasada d¨¦cada exist¨ªan dudas sobre la sostenibilidad de un sistema cuyo coste crec¨ªa aceleradamente. La magnitud de la poblaci¨®n asistida aument¨® tambi¨¦n por la inmigraci¨®n masiva a partir del cambio de siglo. Pero prueba de que no se trataba solo de eso es que, en el periodo 2004-05, frente a un incremento de la poblaci¨®n asistida del 3,2%, los costes del sistema subieron un 22%. Hab¨ªa por tanto que recortar, pero siempre se traz¨® una l¨ªnea roja: se har¨ªa sin renunciar a la universalidad y gratuidad. La exclusi¨®n de los sin papeles es el primer paso para romper ese principio, y la propuesta de paliarla mediante el pago de una cuota, un indicio de los criterios que se van a seguir. El hecho de que la cantidad sea m¨¢s elevada para los mayores de 65 a?os refleja una mentalidad mercantil: que pague m¨¢s, no quien m¨¢s tenga, sino quien m¨¢s asistencia reciba (y necesite).

Se argumenta que esas cuotas est¨¢n muy por debajo del coste medio de la asistencia, y que la diferencia ser¨¢ cubierta por la Administraci¨®n. Pero eso es algo que ocurre en muchos servicios p¨²blicos. De lo que se trata es de determinar si el ahorro que pueda conseguirse justifica establecer esa discriminaci¨®n contra los m¨¢s d¨¦biles, inmigrantes sin empleo. Est¨¢ por ver, adem¨¢s, qu¨¦ sucede con los sin papeles que padecen enfermades cr¨®nicas y no puedan satisfacer la cuota.

Estudios realizados la pasada d¨¦cada demostraron que los inmigrantes recurren a la sanidad en mucha menor medida que los nacionales, y que lo que cotizan cuando tienen trabajo compensa con creces el coste de la asistencia. Muchos irregulares de hoy ser¨¢n trabajadores regulares un d¨ªa y entre tanto deber¨ªan tener derecho a asistencia. Por razones humanitarias o por deontolog¨ªa m¨¦dica: un sistema p¨²blico de salud no puede regirse unicamente por criterios mercantiles. Para los que no puedan acogerse a la f¨®rmula s¨®lo quedar¨¢ la exclusi¨®n y la discriminaci¨®n. Y un riesgo adicional para la salud p¨²blica: un pa¨ªs civilizado no puede tolerar bolsas de poblaci¨®n fuera del control sanitario.