Gracia arbitraria

Es dif¨ªcil encontrar un precedente de uso arbitrario del derecho de gracia ¡ªquiz¨¢ el indulto concedido al entonces juez Javier G¨®mez de Lia?o en el a?o 2000 tambi¨¦n por un Gobierno del Partido Popular¡ª como el que acaba de protagonizar el Gobierno en el caso de cuatro mossos d¡¯esquadra condenados a cuatro a?os y medio de prisi¨®n por torturar a un ciudadano rumano detenido por error. El indulto es un residuo de la monarqu¨ªa absoluta que ha sobrevivido en los Estados constitucionales y democr¨¢ticos como un hecho excepcional y siempre sometido a reglas que lo hagan compatible con la independencia del poder judicial y con el cumplimiento de sus resoluciones. De ah¨ª que se trate de una medida discrecional pero no arbitraria.

El Gobierno se ha saltado ol¨ªmpicamente esas reglas al indultar por segunda vez y por los mismos hechos a los cuatro polic¨ªas torturadores. Habr¨ªa puesto en circulaci¨®n, adem¨¢s, una figura hasta ahora desconocida en la historia del derecho de gracia: el doble indulto o reindulto. Si un primer indulto ¡ªrebajarles a los mossos d¡¯ esquadra torturadores la condena de cuatro a?os y medio a dos¡ª no consigue su prop¨®sito de librarles de la carcel, se les concede de inmediato un segundo para descartar del todo ese riesgo, sustituyendo el resto de la pena por una simple multa.

Se explica que un amplio colectivo de jueces ¡ªm¨¢s de 200¡ª haya tomado una iniciativa arriesgada, aunque sin duda acorde con la gravedad que atribuyen a la decisi¨®n del Gobierno: hacer p¨²blico un duro aunque razonado escrito contra esa decisi¨®n y en defensa de la independecia judicial, que merecer¨ªa ser avalado por la jurisdicci¨®n entera ¡ªel Tribunal Supremo a la cabeza¡ª y en ¨²ltima instancia por el Consejo del Poder Judicial. Y ello porque en su prop¨®sito de librar de la c¨¢rcel a los mossos d¡¯esquadra torturadores ¡ªen connivencia y perfecta armon¨ªa en este supuesto con el Gobierno de la Generalitat¡ª, el Gobierno de Rajoy se ha metido m¨¢s de lo que le est¨¢ permitido en el terreno de los jueces boicoteando la ejecuci¨®n de la pena que restaba por cumplir.

El mensaje del Gobierno es desolador: debilita la siempre dif¨ªcil lucha contra la tortura y favorece su impunidad. Y supone un claro menosprecio a la inmensa mayor¨ªa de polic¨ªas que act¨²an dentro de la ley al tiempo que un bochornoso amparo a quienes la trasgreden en el trato con los detenidos.