Asegurar las pensiones

La reforma de las pensiones p¨²blicas es uno de los cambios estructurales que necesita abordar la econom¨ªa para garantizar la viabilidad del sistema en los pr¨®ximos 50 a?os. A diferencia de otras grandes reformas, como la financiera, de gran impacto inmediato sobre la econom¨ªa, los efectos de la de las pensiones se dejar¨¢n notar a medio y largo plazo. Pero no por eso es menos urgente, puesto que solo ser¨¢ eficaz si los cambios normativos empiezan a aplicarse poco a poco desde ahora. El Gobierno empieza a ser consciente de que es inevitable un cambio estructural en las pensiones, debido a la presi¨®n de la demograf¨ªa y al deterioro del mercado laboral. O al menos eso cabe deducir de la negativa del Consejo de Ministros a compensar la p¨¦rdida del poder adquisitivo de los pensionistas en 2012 a la subida de la inflaci¨®n.

El problema es de fondo y se ha debatido intensamente en los ¨²ltimos cinco a?os. El sistema actual es inviable a medio plazo por el creciente envejecimiento de la poblaci¨®n y el aumento de la esperanza de vida; y resulta m¨¢s inviable todav¨ªa si, adem¨¢s, la econom¨ªa est¨¢ en fase de depresi¨®n laboral profunda. La aportaci¨®n de un n¨²mero decreciente de ocupados resultar¨¢ insuficiente as¨ª que pasen 10 a?os para sufragar los pagos a un n¨²mero creciente de pensionistas.

Los Gobiernos de Rodr¨ªguez Zapatero pasaron de puntillas sobre la necesidad de una reforma en profundidad del sistema y el de Rajoy parece dispuesto a repetir el error. El argumento pol¨ªtico que la bloquea es que un cambio de esta naturaleza tendr¨ªa un coste muy elevado en votos. Resulta tambi¨¦n evidente que la demora en la petici¨®n de rescate se debe a otras razones distintas al temor a que una de las condiciones impuestas desde Bruselas y Fr¨¢ncfort sea precisamente un recorte en las pensiones. La fuerza de los hechos obligar¨¢ a iniciar esa reforma, la exija Bruselas o no.

Las l¨ªneas de acci¨®n para reformar las pensiones est¨¢n bien definidas. El Gobierno que acometa la tarea tiene el mapa de situaci¨®n perfectamente delimitado por el amplio consenso entre economistas, expertos laborales y pol¨ªticos con experiencia en la Administraci¨®n p¨²blica: ampliar el n¨²mero de a?os de ocupaci¨®n para acceder al 100% de la cotizaci¨®n, calcular esta sobre el conjunto de la vida laboral, adelantar a 2015 o 2016 la norma que aplaza la edad de jubilaci¨®n hasta los 67 a?os, prevista por el Ejecutivo anterior para la segunda d¨¦cada del siglo, y romper la indexaci¨®n de las pensiones con el IPC.

La tarea de un Gobierno consciente del problema y con una legislatura por delante deber¨ªa ser la de modular en el tiempo estas l¨ªneas de acci¨®n, de forma que no sean una carga insoportable para los nuevos pensionistas ni para aquellos con prestaciones m¨¢s reducidas, y alivien el peso sobre las cuentas p¨²blicas. Algunas decisiones pueden prolongarse (siempre que no se llegue al desatino de aplicarlas en 2022) y otras pueden escalonarse. Pero lo que resulta imprescindible es que los ciudadanos sepan con claridad cu¨¢les son los criterios de reforma y, por supuesto, que su aplicaci¨®n se negocie con los agentes sociales. Lo que no es recomendable es que el Ejecutivo siga subiendo las pensiones sin explicar sus consecuencias (un alza del 1% en 2012 est¨¢ produciendo un aumento del gasto del 4,6%) y no se advierta el riesgo de quiebra del sistema que anuncia el irresistible aumento del gasto estructural por las tendencias demogr¨¢ficas y laborales. En este ¨¢mbito tambi¨¦n se juega el Gobierno su credibilidad ante los ciudadanos, ante Europa y ante los inversores.