Correcci¨®n de excesos

El saneamiento de las finanzas p¨²blicas exige poner fin a los excesos que se han cometido en el gasto de distintas Administraciones, no solo de las autonom¨ªas. Esas tareas urgentes deben diferenciarse bien de dos fundamentalismos: el de enrocarse en el centralismo y defender la reducci¨®n al m¨ªnimo del Estado auton¨®mico, de un lado, y el de los que quieren exacerbar las tensiones soberanistas. El Estado de las autonom¨ªas es una f¨®rmula de ¨¦xito y a nada conducir¨ªa la s¨²bita concentraci¨®n de competencias en un Estado unitario y elefanti¨¢sico, que podr¨ªa ser a¨²n m¨¢s dif¨ªcil de manejar y optimizar.

Pero tampoco se puede aplazar eternamente un proyecto de racionalizaci¨®n de competencias y servicios. Las estructuras auton¨®micas canalizan bastante m¨¢s de un tercio del gasto p¨²blico, de modo que volver grupas sobre lo actuado har¨ªa temblar los cimientos del edificio institucional. Tampoco es posible plantear a los ciudadanos la opci¨®n entre pagar el Estado del bienestar o pagar el Estado de las autonom¨ªas, como si uno y otro no tuvieran nada que ver: esa dicotom¨ªa es falsa. Servicios p¨²blicos esenciales se prestan a trav¨¦s de las autonom¨ªas, de modo que pretender una reducci¨®n sustancial del gasto en educaci¨®n o sanidad equivale a cuestionar, en realidad, tales prestaciones o dar el volantazo hacia su privatizaci¨®n.

Asunto distinto es que la emergencia econ¨®mica del presente exija correcciones urgentes. Un sector de la sociedad demanda la reducci¨®n del aparato pol¨ªtico de las autonom¨ªas, sobre todo de los despliegues en personal o empresas p¨²blicas. La demanda se extiende al recorte de tama?o de los Parlamentos, operaci¨®n aconsejable donde no encubra un ardid para reducir o suprimir el pluralismo. La emergencia exige replantearse tambi¨¦n la necesidad de las diputaciones provinciales, la enorme cantidad de ayuntamientos y el n¨²mero de ediles. Un pa¨ªs de tama?o medio no necesita cuatro niveles administrativos ¡ªEstado, comunidad aut¨®noma, provincia, ayuntamiento¡ª sobre todo si duplican servicios. Reducir un 20% de funcionarios y empleados de las administraciones p¨²blicas hasta 2020 ser¨ªa un objetivo realizable sin medidas traum¨¢ticas, aparte de las que ya hay en marcha.

Cualquiera que sea el mapa resultante, la clave es asegurar un control muy serio y profesionalizado del gasto p¨²blico; en el Estado central, desde luego, pero tambi¨¦n en las comunidades aut¨®nomas y en las corporaciones locales. El rosario de d¨¦ficits ocultos, impagos o atribuciones de sueldos escandalosos a asesores o altos cargos alimentan la creciente desconfianza ciudadana hacia la clase pol¨ªtica y la tentaci¨®n populista de desprestigiarla.

Tampoco se justifican las tensiones independentistas. A?adir esa fuente de inestabilidad a la crisis no ayuda a resolver los motivos de descontento esgrimidos y contribuye a ensanchar la zanja de incomprensi¨®n. Las quejas desde Catalu?a deben ser analizadas conjuntamente. Tiene que ser posible hacer frente a las emergencias y replantearse con calma la cuesti¨®n territorial en una futura reforma constitucional. Esa reconsideraci¨®n ser¨ªa la oportunidad de revisar la funci¨®n del Senado, declarado c¨¢mara "territorial¡± desde 1978 pero que nunca ha jugado ese papel, ni recibido cuentas, ni discutido una evaluaci¨®n precisa de los programas auton¨®micos.

En todo caso, ninguna operaci¨®n duradera podr¨¢ hacerse sin el consenso y la lealtad entre los principales partidos, a cuya responsabilidad apelamos con firmeza desde estas p¨¢ginas. A estos efectos, tampoco ser¨ªa suficiente el consenso entre fuerzas de ¨¢mbito estatal: el respeto al esp¨ªritu con que se redact¨® la Constituci¨®n precisa tambi¨¦n de la participaci¨®n de los nacionalistas con mayor implantaci¨®n.