La devastaci¨®n

El sondeo de Metroscopia publicado por este peri¨®dico hace una semana dec¨ªa que el 96% de los espa?oles cree que la corrupci¨®n pol¨ªtica es muy alta y solo un punto menos (el 95%) entiende que los partidos pol¨ªticos protegen y amparan a los acusados de corrupci¨®n. Seg¨²n la ficha t¨¦cnica, las llamadas telef¨®nicas se hicieron entre el 9 y el 10 de enero pasado: ?hasta d¨®nde hubiera llegado ese lamento ciudadano en forma de porcentaje si la consulta se hubiera hecho durante los ¨²ltimos siete d¨ªas?

La semana ha sido devastadora para cualquier ciudadano inquieto por las consecuencias de tanta y tan desvergonzada irregularidad. Incluso para aquellos que piensan que centrar el asunto solo en la parte pol¨ªtica del fen¨®meno y no contemplar al mismo tiempo la econ¨®mica (hay corruptores y corrompidos tanto en el sector privado como en el p¨²blico) limita el an¨¢lisis de sus ra¨ªces. Seg¨²n los estudios de Transparencia Internacional seis de cada diez ciudadanos en el mundo afirma que la corrupci¨®n ha crecido en los ¨²ltimos tres a?os y ocho de cada diez sostienen que los partidos pol¨ªticos son corruptos o muy corruptos.

Es por ello preciso activar con urgencia los instrumentos de que se disponga para evitar los estragos que la corrupci¨®n est¨¢ causando en la moral p¨²blica de la tropa. Uno de ellos, desde luego no el ¨²nico, es el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n y Buen Gobierno, que sali¨® en julio del Consejo de Ministros. Espa?a es el ¨²nico pa¨ªs de la UE que no tiene todav¨ªa una ley reguladora del derecho de acceso a la informaci¨®n. Si esta ley entrase en vigor permitir¨ªa una mejor fiscalizaci¨®n de la actividad p¨²blica y contribuir¨ªa a la regeneraci¨®n democr¨¢tica.

El texto que se est¨¢ discutiendo en el Parlamento supondr¨ªa un avance respecto a lo que hay, pero podr¨ªa ser otro brindis al sol si no se incorporasen algunos aspectos que ahora no est¨¢n contenidos en el texto. En la p¨¢gina web de Transparencia figuran algunos de los aspectos limitadores que habr¨ªan de ser corregidos. Seg¨²n el profesor Jes¨²s Lizcano, presidente de Transparencia en Espa?a, entre ellos destaca que no se contempla ning¨²n tipo de infracciones ni de sanciones a los funcionarios y a los pol¨ªticos por el incumplimiento de las normas de transparencia. Por otro lado, la agencia responsable de garantizar el derecho a la informaci¨®n no tiene independencia puesto que se basa en la ampliaci¨®n de un organismo ya existente, que se encuentra bajo el ¨¢mbito del Gobierno y su presidente es nombrado y destituido de forma pr¨¢cticamente libre por el propio Ejecutivo.

Adem¨¢s, en el proyecto de ley se limita el acceso a la informaci¨®n que perjudique, por ejemplo, a ¡°la pol¨ªtica econ¨®mica y monetaria¡±. Transparencia Internacional propone que estas cl¨¢usulas tan gen¨¦ricas sean matizadas o concretadas ya que una interpretaci¨®n amplia de las mismas puede ser una excusa para mermar el derecho de acceso a la informaci¨®n.