La otra burbuja, la del agua

Hoy, con un llamamiento a la cooperaci¨®n, se celebra el d¨ªa mundial del agua. Oportuno mensaje en un pa¨ªs presidido por la confrontaci¨®n h¨ªdrica. En ¨¦pocas de abundancia, desaladoras y trasvases han propiciado ruidosos debates maniqueos, hoy acallados por unas arcas exhaustas. En su lugar se ha desempolvado la vieja discusi¨®n gesti¨®n p¨²blica¨Cprivada, intr¨ªnseca a este servicio. Con el Canal de Isabel II naciendo en 1858 y Aguas de Barcelona en 1867, pronto llegar¨¢ el primer conflicto (Birmingham, 1875). El ayuntamiento compra el servicio a los inversores privados porque ¡°el suministro de agua a los ciudadanos es asunto del m¨¢ximo inter¨¦s para la ciudadan¨ªa y deben controlarlo sus representantes, no especuladores¡±. La historia se repetir¨¢ no lejos de all¨ª (?msterdam, 1898). El municipio expropia el servicio a sus promotores porque ¡°no les interesaba ampliar la cobertura. Les preocupaban m¨¢s los beneficios que prestar un servicio de calidad¡±. El tiempo pasa, los argumentos perduran.

Un destino, el de Birmingham y ?msterdam, compartido al inicio, divergente despu¨¦s. La ciudad de los tulipanes, como todo el norte de Europa, apost¨® por lo p¨²blico. Pero conviene decir que, con Dinamarca a la cabeza, pagan el agua m¨¢s cara del mundo (7€/m3), cinco veces m¨¢s que Espa?a. Pero al recuperar todos los costes el servicio es sostenible. Sin embargo Inglaterra, con Birmingham, es paradigma de lo privado. Al llegar al poder, Margaret Tatcher privatiza tanto la prestaci¨®n del servicio como las infraestructuras. Vaya, lo habitual en administraciones endeudadas que ven en la externalizaci¨®n un alivio a sus estrecheces. Y para garantizar el cumplimiento de un principio que Espa?a incumple (el dinero del agua debe destinarse a mejorar el servicio, no a otros menesteres) regula el sector.

La explosi¨®n de privatizaciones inunda los juzgados de reclamaciones

Espa?a, inmersa en una formidable crisis, es hoy tierra de privatizaciones. Destaca, por su repercusi¨®n medi¨¢tica, la sanidad madrile?a. Su fulgor difumina la privatizaci¨®n de ATLL (Aig¨¹es Ter Llobregat), todo un follet¨ªn. Promovido por la Generalitat, el concurso lo perdi¨® la favorita, Aguas de Barcelona (AGBAR). Y se entiende. La oferta econ¨®mica otorgaba el 75% de la calificaci¨®n (la Generalitat necesitaba hacer caja) y la t¨¦cnica s¨®lo el 25%. Y Acciona, rasc¨¢ndose el bolsillo m¨¢s que AGBAR, gan¨® la partida. La noticia, un bombazo, pilla por sorpresa a tirios y troyanos. Que en tiempos de m¨¢ximo fervor nacionalista la Generalitat adjudique un servicio estrat¨¦gico a una empresa madrile?a y deje con la miel en los labios a la catalana, causa estupor. Al parecer, ideolog¨ªas al margen, la pela sigue siendo la pela. Como el ingreso deb¨ªa maquillar el d¨¦ficit del ejercicio, el contrato se firm¨® a finales de 2012.

Pero el primer d¨ªa h¨¢bil de este a?o (ni una semana, repleta de fiestas, hab¨ªa transcurrido) el asunto toma un derrotero sorprendente. Con el canon en caja, el ?rgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalu?a dependiente del Govern, visto un primer recurso de AGBAR, suspende la concesi¨®n porque Acciona, dicen, incumple el pliego de bases. Inmediatamente la Generalitat, que previamente lo hab¨ªa adjudicado, anuncia que recurrir¨¢ la decisi¨®n del ¨®rgano subordinado. Y claro, nadie entiende nada. Vale que un mismo asunto se vea diferente desde ¨®pticas distintas. Pero la secuencia de los hechos es injustificable y la actuaci¨®n de la Generalitat, de nota. Porque ?c¨®mo es posible tanta descoordinaci¨®n en una decisi¨®n de tal calado? ?Tan dif¨ªcil es, dentro de casa, ponerse de acuerdo antes de consumar los hechos? ?Alguien ha urdido un maquiav¨¦lico plan para, hecha la caja, habilitar cauces para que el agua vuelva a discurrir por donde debe? Con independencia de la resoluci¨®n judicial final, el rid¨ªculo es de libro.

Se est¨¢, pues, en el guion tradicional. La ¨²ltima palabra la tendr¨¢ un juzgado, pues no hay concurso que escape al recurso. AGBAR mantiene otro litigio con Aguas de Valencia (AVSA) por el suministro a su ¨¢rea metropolitana. Y como una sentencia judicial ha dictaminado que AGBAR abastece Barcelona sin la preceptiva concesi¨®n y que, por ello, su actuaci¨®n es ileg¨ªtima, AVSA le ha devuelto a AGBAR la pelota donde m¨¢s le duele, en su casa. Son s¨®lo ejemplos sonados porque la explosi¨®n de privatizaciones inunda los juzgados de reclamaciones. Salvo que excesivas pretensiones (nada es como ayer) las dejen desiertas. Como en Jerez y Lanzarote, concesiones obligadas a rebajar su cach¨¦ para encontrar adjudicatario. Tampoco lo tiene f¨¢cil el Canal de Isabel II. Quiere dinero privado sin perder el control. Dif¨ªcil cuadrar el c¨ªrculo en tiempos turbulentos.

Los costes que se recuperan representan la mitad del de amortizaci¨®n

Podr¨ªa pensarse, dada la feroz competencia, que el negocio es formidable y que cualquier aumento tarifario llenar¨¢, a¨²n m¨¢s, el bolsillo del operador. La respuesta es s¨ª¡­, pero no. Porque las millonarias inversiones de las ¨²ltimas d¨¦cadas no las est¨¢n pagado, en contra de la Directiva Marco del Agua, los usuarios. Buena parte las ha financiado Bruselas. El resto, el Estado y las autonom¨ªas. Y as¨ª, las gestoras operan los servicios asumiendo s¨®lo costes de explotaci¨®n y mantenimiento. Las tarifas no contemplan la amortizaci¨®n de estas costosas infraestructuras. As¨ª salen las cuentas que ya, como siempre, saldr¨¢ el sol por Antequera cuando toque renovarlas.

Los costes que se recuperan representan la mitad del de amortizaci¨®n. Es como si se nos condonase la hipoteca del piso y pag¨¢semos s¨®lo los gastos. Consumimos, pues, un patrimonio regalado lo que explica la diferencia de precios entre el norte y el sur de Europa que, como siempre, vive por encima de sus posibilidades. Pero el man¨¢ de las subvenciones se acaba y el sistema camina hacia el colapso. Otra burbuja que, en cualquier momento, puede explotar. Mayormente porque los c¨¢nones de las empresas no se destinan a renovar estas infraestructuras, un dinero que desv¨ªa la administraci¨®n, no el operador privado. En los servicios p¨²blicos la caja ¨²nica municipal facilita el trasvase.

En el corto plazo, pues, el panorama es confuso y en el largo, muy preocupante. Porque como en todos los conflictos h¨ªdricos, el debate est¨¢ descentrado. M¨¢s que su modo de gesti¨®n, importa garantizar agua de calidad a un precio razonable, lo que requiere concretar un marco estable y claro que evite que los concursos, a veces sainetes, acaben en el juzgado. Entre otras cuestiones relevantes, claro. S¨®lo alejando el agua de la arena pol¨ªtica y pasando, como hoy se nos invita, de la confrontaci¨®n a la cooperaci¨®n, se conseguir¨¢.

La actual confusi¨®n, adem¨¢s, dificulta que aflore el dinero necesario para renovar unas infraestructuras cuyos largos periodos de amortizaci¨®n son incompatibles con la incertidumbre. El pragmatismo necesario para evitar su quiebra exige regular este singular sector (el agua es un derecho universal), iniciativa que de momento no aparece ni en lista de espera. Triste, porque esta crisis ha evidenciado cu¨¢n caro es reaccionar tarde. Seguimos sin aprender y as¨ª nos va.

Enrique Cabrera es catedr¨¢tico de Mec¨¢nica de Fluidos en la Universidad Polit¨¦cnica de Valencia.