Crisis de afiliaci¨®n
La ca¨ªda de cotizantes reduce el plazo para afrontar una reforma de las pensiones
La catastr¨®fica evoluci¨®n del mercado laboral espa?ol estaba perfectamente descrita en la Encuesta de Poblaci¨®n Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2012. El n¨²mero de parados registrados por el Ministerio de Empleo durante el mes de enero subraya el p¨¦simo diagn¨®stico al confirmar que el n¨²mero de desempleados registrados super¨® en enero los 4,98 millones. Aunque resulta muy llamativo el c¨¢lculo de que Espa?a perdi¨® 8.500 puestos de trabajo al d¨ªa en enero, el aspecto m¨¢s da?ino para el conjunto de la sociedad, al mismo nivel de perjuicio que causa el aumento incesante del paro, es el desplome lento pero continuo del n¨²mero de afiliados a la Seguridad Social. Al acabar el mes hab¨ªa descendido en m¨¢s de 263.000 personas, de forma que el n¨²mero total de cotizantes desciende hasta 16,179 millones. Dicho de otro modo, entre enero de este a?o y enero de 2012 la Seguridad Social perdi¨® casi 780.000 trabajadores.
A este ritmo de destrucci¨®n de empleo y de cotizantes el sistema de pensiones entrar¨¢ en crisis antes de lo previsto. En estos momentos se contabilizan 1,93 afiliados por cada perceptor de una prestaci¨®n; en 2013 la ca¨ªda proseguir¨¢, quiz¨¢ a menor ritmo, pero con unas consecuencias desastrosas. Los c¨¢lculos iniciales sugieren que, diciembre sobre diciembre, en 2013 se perder¨¢n aproximadamente otros 450.000 empleos. El Gobierno se consuela de esta hemorragia persistente aduciendo que el ritmo de deterioro de las afiliaciones se va haciendo progresivamente m¨¢s lento; pero la consecuencia inmediata es que reduce el margen de maniobra para reformar el sistema de pensiones y desata todas las alarmas sobre el malestar social que se est¨¢ incubando.
Es obligado insistir en lo urgente de un plan para recuperar el empleo o, por lo menos, evitar que se destruya poco a poco el tejido empresarial y laboral. Dado que las exigencias de recorte del gasto impiden articular un plan de empleo aut¨®nomo, financiado por los presupuestos, es obligado, por una parte, presionar a las autoridades europeas, en especial a Alemania, para que el dinero de la eurozona, poco o mucho, se libere de una vez y pueda utilizarse en estimular el empleo juvenil. Alemania ha obtenido buenos resultados con sus programas de acci¨®n, legal e inversora, hasta el punto de que el paro juvenil alem¨¢n apenas rebasa el 2%.
Por otra parte, tambi¨¦n sin dinero se pueden articular planes que favorezcan la ocupaci¨®n. Lo que no es discutible es que cualquier ayuda que se establezca en forma de subvenci¨®n o apoyo fiscal debe estar condicionada a resultados reales y perfectamente mensurables; cada euro invertido o dejado de ingresar tiene que estar ligado a contrapartidas estrictas de generaci¨®n de empleo. El Gobierno deber¨ªa revisar los gastos fiscales y comprobar que las desgravaciones vigentes para crear empleo son efectivas; si no lo son, tendr¨ªa que valorar la necesidad de suprimirlas y articular otras menos costosas y m¨¢s eficaces.
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