Agencias en entredicho

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra la agencia de calificaci¨®n Standard & Poor¡¯s (S&P) por la que pretende demostrar ante un tribunal de Justicia que la agencia sobrevalor¨® a sabiendas la nota de los paquetes de deuda estructurados con hipotecas basura, enga?¨® a los inversores y caus¨® unas p¨¦rdidas de m¨¢s de 3.700 millones de euros. Es evidente que esta pr¨¢ctica, consistente en minusvalorar el riesgo de productos complejos, en ocasiones fabricados bajo la asesor¨ªa de las propias agencias, contribuy¨® a hinchar la burbuja financiera y a detonar una crisis econ¨®mica global.

La justicia estadounidense pretende demostrar, bas¨¢ndose en informaciones y correos electr¨®nicos de analistas y directivos de S&P, que la agencia conoc¨ªa las consecuencias de sus desmesuradas calificaciones; y que, a pesar de ser consciente de los efectos destructivos de su pol¨ªtica, sigui¨® aplic¨¢ndola para contentar a los emisores y ganar cuotas de mercado. Hasta ahora, las agencias de rating han defendido sus decisiones ante la Administraci¨®n y los inversores atrapados por la crisis con dos argumentos. El primero es que sus an¨¢lisis fueron err¨®neos, pero en la misma proporci¨®n en la que se equivocaron las instituciones econ¨®micas, como la Reserva Federal u otros servicios de predicci¨®n y estudios; no hubo tergiversaci¨®n intencionada de la realidad para aumentar sus ingresos. El segundo, que la decisi¨®n de invertir corresponde siempre a los clientes; en ning¨²n caso a la agencia.

Pero la nueva estrategia de la justicia estadounidense ataca precisamente la presunci¨®n de que no puede probarse intencionalidad en los errores de calificaci¨®n. Los mensajes descubiertos por los investigadores van en la direcci¨®n adecuada para desmontar los argumentos de las agencias. Si la demanda de la fiscal¨ªa triunfa y demuestra que s¨ª hubo ¨¢nimo de enga?ar, las consecuencias para el sistema global de calificaci¨®n de activos ser¨¢n devastadoras.

En ese caso, los Gobiernos tendr¨ªan precedentes para reclamar cuantiosas sumas como reparaci¨®n a los enga?os sufridos por los inversores. Adem¨¢s, las autoridades econ¨®micas estar¨ªan obligadas pol¨ªticamente a reformar la estructura de negocio de las empresas del ramo (S&P, Moody¡¯s, Fitch); y esa reforma tendr¨ªa que establecer como pilar fundamental que las agencias est¨¢n para servir informaci¨®n relevante a los compradores o clientes de emisiones. En ning¨²n caso el calificador puede arrogarse la defensa de los intereses de los emisores. No podr¨ªa darse ya la pr¨¢ctica habitual de que sean los emisores quienes sufraguen la calificaci¨®n de sus emisiones. La reforma tambi¨¦n tendr¨ªa que radicalizar, hasta el l¨ªmite de segregar la propiedad, la separaci¨®n societaria entre la actividad de asesor¨ªa o recomendaciones y la de rating. Ser¨ªa el fin de una forma de entender la calificaci¨®n financiera.