Se?ales contradictorias

El Congreso de los Diputados est¨¢ ultimando sus trabajos para adoptar una ley que ampare a los deudores hipotecarios de buena fe y reduzca el drama de los desalojos. Dar¨¢ respuesta as¨ª a una reclamaci¨®n social ampliamente compartida que no deber¨ªa haberse demorado tanto. Y es justamente la tardanza de los grandes partidos pol¨ªticos en escuchar a los afectados, a los jueces y a las asociaciones que luchan por parar los desalojos la que va a generar ma?ana una contradictoria situaci¨®n en el Congreso. Una plataforma formada por sindicatos y activistas en defensa de los afectados ha logrado ya casi 1,5 millones de firmas (el triple de lo que exige la ley) para que la c¨¢mara considere una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea, entre otras cosas, la propuesta de la daci¨®n en pago.

La idea ser¨¢ previsiblemente rechazada por cuanto el Partido Popular ya ha anunciado su posici¨®n en contra, aunque ahora est¨¢ dispuesto a dar una respuesta a las demandas que la iniciativa pone sobre la mesa. Tras la movilizaci¨®n de jueces y fiscales, la alarma social provocada por el abrumador aumento de desalojos ¡ªse han quintuplicado durante la crisis¡ª y algunos casos de suicidios, el Gobierno y el PP han sido receptivos a un problema de tan dram¨¢ticas dimensiones. El Ejecutivo no solo aprob¨® en noviembre pasado algunas medidas urgentes que supusieron la paralizaci¨®n de los desalojos para las familias de menor renta durante dos a?os, sino que llev¨® al Congreso el proyecto de ley con la idea de reformar un marco normativo que, seg¨²n los jueces, permite abusos de ley, desalojos r¨¢pidos y casi autom¨¢ticos y unos intereses de demora desproporcionados.

El Gobierno ya ha anunciado que quiere ofrecer margen de maniobra a los jueces, limitar esos intereses de demora y flexibilizar las modalidades de condonaci¨®n de las deudas. La oposici¨®n, por su parte, con un PSOE ahora dispuesto tambi¨¦n a acometer cambios legales, lucha por una reforma m¨¢s profunda en la misma direcci¨®n. En tal contexto, no parece razonable que el PP rechace la mera toma en consideraci¨®n de una iniciativa popular que no es descabellada. La daci¨®n en pago es la f¨®rmula defendida por los jueces y la misma banca la ha aplicado, aunque en contadas ocasiones.

El Parlamento llega tarde a este problema. Pero, una vez iniciado el procedimiento, deber¨ªa ser capaz de estar abierto a todas las opciones que desemboquen en un marco legal equilibrado que proteja a los deudores de buena fe, que evite abusos y, al tiempo, respete los derechos del prestamista. Cerrarse en banda a las propuestas de quienes mejor conocen el problema o evitar la comparecencia ¡ªcomo ocurri¨® la semana pasada¡ª de los dos jueces m¨¢s informados y cr¨ªticos con el sistema, como son Manuel Almenar y Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Seijo, es una mala se?al que, por otra parte, no deber¨ªa prejuzgar el resultado final.