No con mis datos

El presidente del Gobierno es registrador de la propiedad y titular del Registro de Santa Pola. El ministro de Justicia es suegro de una registradora de la propiedad y cu?ado de un registrador de la propiedad, el director general de los Registros y del Notariado es registrador mercantil, el subdirector general de Notariado y Registros es registrador de la propiedad. Estos son los responsables pol¨ªticos y administrativos que han tomado la iniciativa de encargar la redacci¨®n de un anteproyecto de ley cuyo objeto es la ¡°reforma integral de los Registros¡±. Una conspiraci¨®n florentina en toda regla.

De este documento ya se ha hecho eco la prensa, pues el nuevo proceso legislativo comienza en los medios de comunicaci¨®n, antes que en el sosegado estudio y debate interno entre las diversas unidades t¨¦cnicas especializadas de los ministerios, que por lo que se sabe, han tenido conocimiento del mismo ¡°por la prensa¡±, antes que en una comunicaci¨®n leal entre departamentos. De ¨¦l nos hemos ocupado con anterioridad. Ahora, una vez se ha filtrado el primer borrador y tras las primeras reacciones se conciertan reuniones y se comienzan los debates, que han fructificado en un segundo borrado, m¨¢s c¨ªnico que el primero.

Este borrador de ley se presenta como un intento de modernizaci¨®n del tratamiento de la informaci¨®n que afecta a los ciudadanos. Un salto tecnol¨®gico, se dir¨¢, ?de una magnitud¡­ sideral! Este es el calificativo con el que los promotores del proyecto enfatizan su bondad. Adem¨¢s, se encargaran de decir que la modernidad del proyecto ser¨¢ atacada por los funcionarios apegados a sus procedimientos ancestrales, cuya conducta no hace m¨¢s que detener la locomotora de las nuevas tecnolog¨ªas a fin de conservar sus privilegios.

Tambi¨¦n subrayar¨¢n el arrojo del ministro, que volver¨¢ a decir que no esperaba aplausos de quienes ven reducidos sus privilegios por su acci¨®n. ?Qu¨¦ fortuna! La miop¨ªa del ciudadano est¨¢ suplida por la clarividencia de su l¨ªder, a quien ha de respetarse y no contradecir, pues lo hace por el bien de sus incapaces gobernados.

La realidad del proyecto es otra. No implica evoluci¨®n, sino todo lo contrario: involuci¨®n. Permite la descarada patrimonializaci¨®n de la Administraci¨®n por los registradores de la propiedad. Y eso no es modernidad.

Lo que pretenden es tener una parcela de poder real sobre los ciudadanos

Francisco de Vitoria en 1552 escrib¨ªa que la venta de oficios introduc¨ªa una seria perturbaci¨®n en la dispensaci¨®n de la justicia distributiva propia del oficio real, privando a las personas virtuosas y h¨¢biles de lo que por merced les correspond¨ªa (Tom¨¢s y Valiente, F., Opiniones de algunos juristas cl¨¢sicos espa?oles sobre la venta de oficios p¨²blicos, en Filosof¨ªa y Derecho. Estudi). La venta de cargos y oficios p¨²blicos es un fen¨®meno que, como subraya Dom¨ªnguez Ortiz, se dio en todos los pa¨ªses europeos en la ¨¦poca en que se consolida el Estado moderno, por razones econ¨®micas y pol¨ªticas. Se trata de un fen¨®meno que revela un concepto de dominaci¨®n que est¨¢ lejos del Estado racional weberiano. As¨ª pues, la venta de oficios, ya fue protagonista de la historia, como mecanismo aglutinador de poder y de creaci¨®n de oligarqu¨ªas.

A ese modelo responde el borrador, que fija negro sobre blanco la m¨¢xima aspiraci¨®n de un cuerpo de funcionarios de estatuto especial de la Administraci¨®n: ser independientes, y hacerse con el control de una important¨ªsima parcela de poder real sobre los ciudadanos. Mientras las mayor¨ªas pol¨ªticas en el Congreso y los Gobiernos pasen, los registradores permanecer¨¢n y lo har¨¢n controlando la informaci¨®n m¨¢s sensible de los ciudadanos, sin ser controlados por nadie, pues los interinos y advenedizos del poder nada tienen que hacer frente a su posici¨®n ininmutable.

Pretenden controlar desde nuestro nacimiento, hasta nuestra muerte, pasando por incapacitaciones, emancipaciones, matrimonios, separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales, parejas de hecho, testamentos, domicilio a efecto de notificaciones, seguros de vida y de fallecimiento (y la informaci¨®n relativa a quien sea beneficiario del mismo), si somos socios de una asociaci¨®n, o de una sociedad mercantil y quienes nos acompa?an en la aventura, o si somos fundadores de una fundaci¨®n o patronos de la misma, y con quien compartimos la tarea...

En fin, todos los datos de nuestra vida, los m¨¢s ¨ªntimos, los vinculados no solo al ejercicio de nuestros derechos fundamentales, sino tambi¨¦n de nuestros derechos constitucionales, en las manos de un cuerpo de funcionarios que, adem¨¢s, se cuida de evitar cualquier control directo por el Poder Legislativo, pero tambi¨¦n del Ejecutivo: el borrador desmantela la Direcci¨®n General de la que, hasta ahora, dependen.

Defender la privacidad est¨¢ por encima de un anhelo gremial

Un cuerpo de funcionarios que lo es, como ahora, cuando le interesa vestir este traje, pero que se desprende de ¨¦l cuando esta condici¨®n no le interesa, por ejemplo, en la gesti¨®n de los aranceles que cobran por prestar su funci¨®n.

El borrador de proyecto pretende que los registradores presten su potente sistema inform¨¢tico para realizar una gesti¨®n eficiente de los datos del Registro Civil y del resto de la informaci¨®n. Este sistema inform¨¢tico no es p¨²blico. Aunque se ha creado por las aportaciones de los registradores, aportaciones que son el resultado de lo obtenido por la aplicaci¨®n del arancel. En consecuencia, la gesti¨®n de los datos m¨¢s ¨ªntimos de los ciudadanos espa?oles ¨C¨Cy sus interrelaciones¨C se realizar¨¢ por empresas, y por sus empleados, todos eventuales tras la nueva regulaci¨®n de las relaciones laborales, no sujetos al estatuto y disciplina funcionarial.

?Consentir¨ªamos que los archivos de la polic¨ªa y Guardia Civil fueran elaborados, tratados y gestionados por particulares? ?Consentir¨ªamos que nuestros datos fiscales y las bases de datos p¨²blicas no fueran tratados por inspectores y subinspectores y funcionarios p¨²blicos sino que se incorporasen a bases de datos de propiedad privada y fueran gestionadas por personal contratado y eventual? ?Consentir¨ªamos que los datos relativos a la Seguridad Social fuesen incorporados a bases de datos de titularidad privada y gestionados por personal contratado eventual? Sin duda alguna, la respuesta es no.

Nuestro derecho fundamental a la privacidad est¨¢ por encima de un anhelo gremial. No se olvide: los derechos fundamentales lo son frente a los poderes del Estado. No nos dejemos embaucar por cantos de sirena o reclamos de modernidad¡­corporativista. No se ha avanzado en la defensa de la privacidad hasta alcanzar las altas cotas que ofrece la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos de Car¨¢cter Personal para que el sue?o de una noche de verano de un registrador de la propiedad y mercantil la destrocen. Desde luego este sue?o no puede ser realidad y si lo fuera desde ahora ha de avanzarse el grito: ?no con mis datos!

Pilar Blanco-Morales Limones es catedr¨¢tica de Derecho Internacional Privado.