El 'caso Falciani'

Un tribunal de la Audiencia Nacional tiene que decidir si es legal entregar a Suiza a Herv¨¦ Falciani, el ingeniero inform¨¢tico que en 2008 sac¨® de la filial en Ginebra de su banco, el HSBC, datos de 130.000 clientes que despu¨¦s le incautaron en Francia, lo cual dio origen a actuaciones administrativas y judiciales en Estados Unidos y en media docena de pa¨ªses europeos. Esos datos ayudaron a descubrir cuentas en Suiza de m¨¢s de 600 espa?oles, que tuvieron que regularizar su situaci¨®n, lo cual aport¨® m¨¢s de 250 millones de euros al fisco seg¨²n las cifras aportadas por el exsecretario de Estado de Hacienda, Carlos Oca?a, al tribunal encargado de dilucidar la extradici¨®n. El juez del caso G¨¹rtel tambi¨¦n investiga pistas a partir de los datos de Falciani.

Un tribunal suizo espera al inform¨¢tico para juzgarle por robo de datos personales, vulneraci¨®n del secreto comercial y violaci¨®n del secreto bancario. Los a?os transcurridos hasta su detenci¨®n en Barcelona, en julio de 2012, dieron origen a dudas sobre si Falciani trat¨® de sacar partido econ¨®mico a la entrega de datos, que ¨¦l neg¨® ayer durante la vista celebrada en la Audiencia Nacional, asegurando que previamente hab¨ªa intentado ponerlos en conocimiento de las autoridades suizas, aunque de forma an¨®nima.

La cuesti¨®n de fondo consiste en determinar hasta qu¨¦ punto debe respetarse la protecci¨®n del secreto bancario cuando encubre a defraudadores; esto es, si la existencia de para¨ªsos fiscales y de Estados que mantienen diversos grados de opacidad bancaria es una lacra insoportable para otras sociedades. A nadie le gusta contar con piratas inform¨¢ticos, pero ser¨ªa mucho m¨¢s dif¨ªcil dar con los defraudadores sin informaci¨®n interna de las entidades que hacen posibles sus conductas.

A la extradici¨®n se opone la fiscal espa?ola encargada del caso, Dolores Delgado, bas¨¢ndose en que Espa?a no reconoce el secreto bancario como lo hace Suiza. Tambi¨¦n sostiene que haber colaborado con la justicia implica que no hay un ¨¢nimo delictivo. En todo caso, la fiscal tiene raz¨®n al argumentar que no se puede castigar a los que denuncian conductas fraudulentas. Al contrario: lo que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos es la sustracci¨®n de fondos por los defraudadores, porque ese dinero debe ser destinado al inter¨¦s general.