Escraches: un problema de democracia

Hoy se vota en el Congreso el proyecto de Ley de Protecci¨®n de Deudores Hipotecarios elaborado por el Grupo Popular y que, aparte de recoger las modificaciones a que obliga la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, refunde en teor¨ªa aunque de manera asim¨¦trica elementos tomados de las propuestas que hay sobre la mesa: el decreto aprobado en diciembre por el Gobierno, la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y algunas enmiendas de otros grupos, incluyendo la planteada por los socialistas sobre la base del decreto ley del Gobierno de Andaluc¨ªa que incluye la posibilidad de expropiaci¨®n temporal de viviendas sometidas a procedimiento de desahucio.

El debate tendr¨ªa que tomar en consideraci¨®n datos recientemente conocidos, como que el 90% de los casi 39.000 desahucios producidos en 2012 lo fueron de primera vivienda, lo que desautoriza algunos intentos de relativizar el problema diciendo que la mayor¨ªa eran segundas residencias. Es un dato que influye en la valoraci¨®n del efecto de la daci¨®n en pago: una posibilidad que alivia el drama cuando se trata de segunda vivienda, pero no cuando es la ¨²nica casa familiar.

Otro dato de inter¨¦s es que de todas formas la banca admiti¨® esa f¨®rmula en m¨¢s de un tercio de los desahucios de primeras viviendas, lo que cuestiona el argumento de que esa f¨®rmula es inaplicable salvo subiendo los intereses de los cr¨¦ditos hipotecarios; pero el m¨¢s llamativo es que de las 800.000 hipotecas concedidas en los a?os de la burbuja, no pasan del 4% las que presentan problemas de morosidad.

Si el 96% est¨¢ al corriente del pago resulta exagerado decir que algunas de las medidas propuestas ponen en riesgo el sistema financiero. As¨ª acotado el problema, hay condiciones para que las instituciones financieras asuman parte del coste de las iniciativas destinadas a evitar o atenuar el drama de tantas personas v¨ªctimas de una insolvencia sobrevenida no dolosa.

Que no sea equiparable a ETA o los nazis no convierte en democr¨¢tica esa forma de acci¨®n

Defensores de la Iniciativa Legislativa Popular han lamentado estos d¨ªas que se est¨¦ prestando m¨¢s atenci¨®n a la forma de popularizarla (los escraches) que a su contenido. De entrada, si desv¨ªa la atenci¨®n de lo importante, raz¨®n de m¨¢s para renunciar a esa forma de acci¨®n pol¨ªtica. Pero adem¨¢s, en el contexto de la crisis pol¨ªtica actual, es una pr¨¢ctica peligrosa.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha declarado que no debe ¡°criminalizarse¡± cualquier reuni¨®n o manifestaci¨®n, y que la fiscal¨ªa solo analizar¨¢ los escraches que tengan ¡°trascendencia penal¡±; y que, en todo caso, hay que aplicar un criterio de proporcionalidad entre los derechos de reuni¨®n y manifestaci¨®n y los de intimidad, privacidad y a la propia imagen. Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha indicado que se ha limitado a sancionar con multas a los promotores de concentraciones que no hab¨ªan sido comunicadas a la autoridad, como exige la ley, y ello con independencia de que se hayan producido ante los domicilios de parlamentarios o en cualquier otro lugar.

El criterio del fiscal general es prudente, por m¨¢s que en el C¨®digo Penal haya art¨ªculos que podr¨ªan tal vez aplicarse, como el 498, que contiene una referencia a quienes ¡°coarten la libre manifestaci¨®n de sus opiniones o emisi¨®n del voto¡± de los parlamentarios; o el 172, sobre el delito de coacciones, entre las que incluye el de quien sin estar autorizado ¡°compeliere¡± a otro a hacer ¡°lo que no quiere, sea justo o injusto¡±. Tambi¨¦n quiere ser prudente la delegada, pero deja de serlo al trivializar el problema como cuesti¨®n administrativa, ignorando lo singular de los escraches: que al producirse ante los domicilios (y las familias) de representantes de un partido concreto ejercen una presi¨®n injusta y de fuerte poder intimidatorio. Que los hijos de los se?alados tengan que escuchar los gritos que califican de asesinos o criminales a sus padres no puede ser una acci¨®n pol¨ªtica amparada por la libertad de expresi¨®n. Los defensores de esa forma de hacer pol¨ªtica argumentan que comprenden que es molesto lo que hacen ante las casas de los diputados, pero que m¨¢s lo es quedarse sin casa. Es un argumento ret¨®rico. Para ser v¨¢lido habr¨ªa que demostrar que lo uno justifica lo otro; tambi¨¦n alegan que como los pol¨ªticos no resuelven el problema, ni ellos tienen otra forma de hacerles escuchar sus razones, no tienen m¨¢s remedio que actuar as¨ª. Es un argumento tan poco convincente como el de los piquetes informativos de las huelgas generales para justificar que obliguen a los tenderos a cerrar.

La equiparaci¨®n de esta forma de presi¨®n con la practicada por las cuadrillas de acoso del entorno de ETA, insinuada por varios miembros del PP, resulta improcedente porque falta el elemento esencial del acoso etarra: la peri¨®dica intervenci¨®n violenta de la banda dando credibilidad a las amenazas. Pero que determinados comportamientos no sean equiparables a los de ETA (o los nazis) no los convierte en democr¨¢ticos. El objetivo reconocido por los impulsores de los escraches es presionar a los diputados del PP para que cambien su voto. Pero el efecto de esa presi¨®n no afecta solo a esos diputados, sino que condiciona tambi¨¦n a los de los otros grupos, que no podr¨¢n dejar de pensar que si se sumaran a la propuesta del Gobierno, o incluso negociaran hacerlo si se admiten sus enmiendas, podr¨¢n ser tambi¨¦n se?alados y escrachados.

El problema no es, por tanto, solo de legalidad o no. Es un problema de democracia. Y por ello, los dem¨¢s partidos, con independencia de su opini¨®n sobre el proyecto de nueva Ley Hipotecaria, o del PP en general, est¨¢n moralmente obligados a desmarcarse claramente de esa pr¨¢ctica. No de manera gen¨¦rica y rutinaria, sino directa: diciendo que es un medio de acci¨®n pol¨ªtica ileg¨ªtimo, no democr¨¢tico. Y sin escapar del problema diciendo que el escrache es leg¨ªtimo siempre que no implique coacci¨®n, hostigamiento, abuso o invasi¨®n de la intimidad. Porque esas caracter¨ªsticas son consustanciales al escrache como m¨¦todo de presi¨®n. Y es esa forma de acci¨®n pol¨ªtica, y no la causa invocada o las intenciones que mueven a los que la practican, lo que se cuestiona. Tambi¨¦n conviene recordar, frente a inercias muy arraigadas en algunos sectores, que iniciativas que pudieron ser leg¨ªtimas frente a la dictadura dejaron de serlo en condiciones de democracia.

Se trata de una pr¨¢ctica injusta, pero tambi¨¦n peligrosa, como ha advertido Felipe Gonz¨¢lez

En la primavera de 2003, coincidiendo con el inicio de la guerra de Irak, miles de personas asediaron y ocuparon, o lo intentaron, numerosas sedes del PP a los gritos de asesinos y fascistas. Zapatero conden¨® esos ataques, aunque no lleg¨® a hacer en aquel momento lo que bastantes de los suyos hubieran esperado: que declarase que el PP era un partido democr¨¢tico que contaba con la legitimidad que le hab¨ªan dado los espa?oles en las elecciones.

Pero unos a?os despu¨¦s, el 10 de noviembre de 2007, intent¨® decir eso mismo en la ¨²ltima jornada de la XVII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santiago de Chile. El entonces presidente venezolano Hugo Ch¨¢vez hab¨ªa calificado a Aznar de fascista y Zapatero pidi¨® la palabra para decir que si bien estaba ¡°en las ant¨ªpodas¡± de las ideas del expresidente, este fue ¡°elegido por los espa?oles, y exijo, exijo...¡±. En este punto le interrumpi¨® Ch¨¢vez con nuevos denuestos contra Aznar que a su vez intent¨® atajar el Rey con su famoso: ¡°?Por qu¨¦ no te callas?¡±.

El escrache es una pr¨¢ctica injusta, pero tambi¨¦n peligrosa, como ha advertido Felipe Gonz¨¢lez al hablar del deslizamiento hacia un ¡°anarquismo disolvente¡±. Pues en el marco de la actual crisis pol¨ªtica, caracterizada por el desprestigio de la pol¨ªtica institucional, la pretensi¨®n de que es leg¨ªtimo ignorar la ley o las sentencias, y el traslado a la calle (y a los medios) del sectarismo extremo que preside las relaciones entre partidos, dejar pasar como normal esta forma de acci¨®n pol¨ªtica podr¨ªa estimular ciertas din¨¢micas antidemocr¨¢ticas.

Ya hay sectores que contraponen la legitimidad inmanente que atribuyen a la protesta radical, a la emanada de las urnas. Y ha dejado de ser inveros¨ªmil la extensi¨®n de esos m¨¦todos coactivos a cualquier colectivo y en relaci¨®n a cualquier problema. Lo que ha dado alas para que una minor¨ªa imagine alardes como ese de convocar un asedio al Congreso de los Diputados hasta que acepte disolverse, dimita el Gobierno y caiga el r¨¦gimen.