La gota malaya de las balanzas fiscales

Hace unos d¨ªas se hizo p¨²blico el en¨¦simo informe de la Generalitat sobre la balanza fiscal de Catalu?a. En ¨¦l se destaca que el saldo fiscal de la comunidad con la Administraci¨®n Central espa?ola (y la Uni¨®n Europea) en el a?o 2010 se situ¨® en torno a los 16.500 millones de euros cuando el c¨¢lculo se realiza por el llamado m¨¦todo del flujo monetario. Le falt¨® tiempo al bien orquestado coro de portavoces y opinadores nacionalistas para salir en tromba, identificando esta abultada y discutible cifra con lo que los sufridos contribuyentes catalanes pagamos de m¨¢s a la Hacienda espa?ola ¡ªo con lo que Espa?a nos roba, si nos atenemos al lenguaje en boga entre los m¨¢s exaltados defensores de la tesis del expolio.

La maniobra es transparente. Bajo el ropaje formal de un informe pretendidamente t¨¦cnico no hay m¨¢s que un instrumento de agitaci¨®n y propaganda dise?ado para cabrear al personal y acercarlo a las tesis nacionalistas. Desde un punto de vista t¨¦cnico, no hay por donde coger la cosa. Identificar el saldo fiscal de un territorio con lo que sus residentes pagan de m¨¢s es un disparate en cualquier caso, y mucho m¨¢s cuando tal saldo se calcula por el simp¨¢tico m¨¦todo del flujo monetario que tanto le gusta al Gobierno catal¨¢n.

Vayamos por partes. Supongamos en primer lugar que la Generalitat ha hecho bien los c¨¢lculos. En ese caso, lo que exigen airadamente los nacionalistas catalanes es que los impuestos vuelvan a quien los paga en forma de un volumen equivalente de servicios, sin dejar espacio alguno para la redistribuci¨®n, que es precisamente una de las funciones b¨¢sicas del sistema fiscal en cualquier estado moderno. Entiendo que los defensores de tan llamativa tesis no pretenden trasladarla a t¨ªtulo individual, pues si los impuestos son de quien los paga, no habr¨ªa necesidad alguna de pagarlos para empezar.

El Gobierno deber¨ªa explicar m¨¢s el efecto territorial del Estado de bienestar

La tesis ser¨ªa, por tanto, v¨¢lida solo en el ¨¢mbito nacional: puesto que los nacionalistas catalanes no se sienten parte de la naci¨®n espa?ola, les fastidia repartir con sus conciudadanos de otras regiones y se resisten a hacerlo. Esto es hasta cierto punto comprensible, pero dif¨ªcil de defender de una forma argumentada. Si los sentimientos generan derechos fiscales, los residentes de Catalu?a que no nos sentimos parte de la naci¨®n catalana tendremos derecho a no pagar impuestos auton¨®micos, excepto en la medida en que resulte necesario para sufragar el coste de los servicios que la Generalitat nos presta a cada uno. Supongo que al Gobierno catal¨¢n no le har¨ªa mucha gracia la idea, y con raz¨®n.

Pero la cosa es a¨²n peor. Puesto que la Generalitat excluye arbitrariamente de sus c¨¢lculos una parte significativa de los costes de los servicios que la Administraci¨®n central nos presta a los que vivimos en Catalu?a, lo que est¨¢ diciendo realmente el que exige la desaparici¨®n del d¨¦ficit fiscal catal¨¢n es que no deber¨ªamos pagar ni siquiera la parte que nos toca de tales servicios, lo cual tiene perendengues.

Cojamos un ejemplo concreto y dejemos que sea el lector el que decida si la forma en la que la Generalitat hace las cuentas ¡ªel llamado m¨¦todo de flujo monetario¡ª es o no razonable. Consideremos la inversi¨®n del Ministerio de Defensa espa?ol en un avi¨®n militar de combate que se destina, por concretar, a la base a¨¦rea de Zaragoza. A la hora de repartir entre autonom¨ªas el gasto correspondiente (y de pensar sobre qui¨¦n ha de pagarlo en ¨²ltima instancia) hay dos posibilidades. La primera (el m¨¦todo del flujo de beneficio) es considerar que el avi¨®n proporciona servicios de defensa que nos benefician por igual a todos los ciudadanos espa?oles, lo que lleva a repartir su coste entre regiones en proporci¨®n a su poblaci¨®n. La segunda es imput¨¢rselo por entero a Arag¨®n, puesto que el avi¨®n est¨¢ f¨ªsicamente all¨ª.

Una falacia mil veces repetida sigue siendo una falacia, pero eso no impide que pueda ser efectiva

Aunque el sentido com¨²n seguramente sugiere lo contrario, la Generalitat argumenta que la segunda opci¨®n es, de hecho, la m¨¢s razonable porque recoge mejor el impacto del gasto p¨²blico sobre la actividad econ¨®mica. Pero esto es bastante dudoso y, en cualquier caso, no es relevante. Empezando por el final, los Gobiernos compran aviones militares para patrullar el espacio a¨¦reo y no para crear empleo. Y el avi¨®n es, adem¨¢s, un buen recordatorio de que la localizaci¨®n del gasto p¨²blico y su impacto econ¨®mico pueden tener poco o nada que ver la una con el otro. Donde realmente se crea empleo y renta en este caso no es donde se aparca el avi¨®n, sino donde se fabrica, lo que seguramente nos lleva fuera de Espa?a (y seg¨²n y como, a la peregrina conclusi¨®n de que nadie deber¨ªa pagar el aparato). Algo m¨¢s de sentido tiene el argumento de la Generalitat cuando hablamos del piloto y de los mec¨¢nicos de la aeronave. Sin duda, todos ellos tendr¨¢n que alquilar o comprar una casa en Zaragoza e ir¨¢n all¨ª al peluquero y al supermercado. Pero, incluso en este caso, existir¨¢n efectos desbordamiento importantes que hacen muy dif¨ªcil predecir el impacto territorial del gasto p¨²blico sobre la actividad econ¨®mica. Los coches del personal militar pueden venir de la propia Zaragoza, pero tambi¨¦n de Vigo, Martorell, Valladolid o Corea, su ropa puede estar hecha en Galicia o en Asia, su comida puede provenir de cualquier parte del mundo y los azulejos de su casa seguramente vendr¨¢n de Castell¨®n.

Una falacia mil veces repetida sigue siendo una falacia, pero eso no impide que pueda ser efectiva. No se puede negar que la gota malaya de la propaganda nacionalista sobre el expolio ha ido calando hasta el punto de crear entre una buena parte de la poblaci¨®n catalana la percepci¨®n de que la comunidad sufre un maltrato fiscal insoportable. La mejor forma de combatir tal percepci¨®n es con luz y taqu¨ªgrafos. En vez de dar la callada por respuesta como ha hecho siempre, el Gobierno espa?ol deber¨ªa tomar la iniciativa poniendo encima de la mesa los datos necesarios para un debate informado sobre la dimensi¨®n territorial de sus actuaciones, explic¨¢ndolos en detalle y haciendo un poco de pedagog¨ªa sobre las implicaciones territoriales del Estado de bienestar.

?ngel de la Fuente es investigador en el Instituto de An¨¢lisis Econ¨®mico, CSIC.