Justicia y crisis econ¨®mica

La justicia es un indiscutible elemento dinamizador de la econom¨ªa. Lo es siempre. Pero parece m¨¢s urgente se?alarlo en tiempos como los actuales, marcados por una profunda y dolorosa crisis econ¨®mica. Y tiene esa capacidad, al menos, en una doble vertiente: como garante de los derechos de los ciudadanos (particulares o empresas, nacionales o extranjeros), proporcionando as¨ª una valiosa seguridad jur¨ªdica; y como agente capacitado extraordinariamente para dar salida a procedimientos que estrangulan a miles de mercantiles y que mantienen inmovilizados miles de millones de euros.

Solo en los ¨²ltimos 12 meses, los movimientos en las cuentas de consignaciones (en las que se deposita dinero en concepto de garant¨ªas, fianzas, cauciones; cantidades procedentes de la intervenci¨®n, aprehensi¨®n o incautaci¨®n de moneda met¨¢lica, billetes de banco, cheques bancarios o valores realizables; ingresos como consecuencia del embargo de bienes, en ejecuci¨®n voluntaria o forzosa de t¨ªtulos que lleven aparejada ejecuci¨®n) en toda Espa?a (ingresos m¨¢s devoluciones) han ascendido a m¨¢s de 14.000 millones de euros. Es decir, 2,3 billones de pesetas. Y esa cantidad responde a una m¨ªnima parte de los procesos que se tramitan en nuestro pa¨ªs, pues solo algunos conllevan consignaci¨®n en las cuentas de los juzgados.

Parece poco discutible que 14.000 millones de euros (solo 3.000 millones est¨¢n inmovilizados en procesos de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo) es un potencial econ¨®mico. Por tanto, vemos claramente que en los tribunales de Espa?a hay importantes sumas de dinero en dique seco durante a?os en espera de la decisi¨®n del juez, por lo que no fluyen, no se reinvierten y no generan riqueza. La justicia deber¨ªa ser precisamente el instrumento para engrasar el sistema dando certeza a los cr¨¦ditos en un plazo razonable. La justicia deber¨ªa ser capaz de reducir los tiempos de respuesta. Todos. Pero especialmente en las jurisdicciones de mercantil, social y civil. Eso supondr¨ªa que esas cantidades millonarias volver¨ªan a la circulaci¨®n. En Espa?a, el tiempo de respuesta en un proceso civil en primera instancia deber¨ªa ser de 120 d¨ªas frente a los 430 actuales. No es de extra?ar: tenemos la mitad de los jueces que la media europea, seg¨²n datos del Consejo de Europa.

Los jueces tienen inmovilizados 14.000? millones de euros

Esa agilizaci¨®n contribuye al otro factor al que he hecho referencia: potencia la tutela de los derechos de los ciudadanos. La judicatura debe ponerse a la cabeza. Se ha hecho, por ejemplo, en las ejecuciones hipotecarias, lo que coloquialmente se conoce como ¡°desahucios¡±. Los jueces hemos contribuido de forma determinante para activar la alarma frente a un grave problema social y hemos ofrecido soluciones concretas para paliar la rigidez del sistema, para potenciar la tutela del ciudadano consumidor. Hemos avanzado en seis meses lo que no hab¨ªamos progresado en 20 a?os. Ha habido un debate p¨²blico y se ha modificado la ley.

Pues avancemos. Seamos autocr¨ªticos y reconozcamos que ser¨¢ necesario en lo sucesivo prestar m¨¢s atenci¨®n a las decisiones y directrices del Tribunal de Luxemburgo. Lo cierto es que se ha producido una verdadera convulsi¨®n en el mundo judicial, sobre todo desde la famosa sentencia del Tribunal de 14 marzo de 2013, promovida por un juez espa?ol. No debe olvidarse que en materia de tutela de los derechos ciudadanos, tambi¨¦n estamos en Europa. Por otro lado, es alentador observar c¨®mo se suceden en los ¨²ltimos meses sentencias del Tribunal Supremo novedosas en materia de protecci¨®n de los derechos de los consumidores.

Hace unos d¨ªas pude constatar el paso de gigante que hemos dado en esta materia al leer un informe del CGPJ sobre el anteproyecto de ley de apoyo a emprendedores, que prev¨¦ medidas tendentes a favorecer que el peque?o empresario pueda, en caso de insolvencia, reiniciar su actividad econ¨®mica sin el lastre de deudas pret¨¦ritas, evitando su ¡°muerte civil¡±. En dicho informe se sugiere que dichas medidas deber¨ªan extenderse a las personas f¨ªsicas y a las familias en caso de sobreendeudamiento, y expresamente se menciona el concepto norteamericano del fresh start [nuevo comienzo] que se aplica en otros pa¨ªses europeos, algo realmente novedoso, impensable hasta fechas muy recientes.

La judicatura est¨¢ llamada a jugar un papel determinante

Estos cambios nos llevan a ser moderadamente optimistas: nuevos debates, aproximaci¨®n a otros sistemas jur¨ªdicos, nuevas normas y pioneras sentencias ponen de manifiesto que se pueden cambiar a mejor ciertas cosas en nuestro sistema jur¨ªdico.

La crisis nos ha abierto los ojos y la judicatura est¨¢ llamada a desempe?ar un determinante papel. Ya lo hace. Y pueden citarse ejemplos: procesos sobre participaciones preferentes, despidos, concursos, cl¨¢usulas abusivas, control de la actividad de la Administraci¨®n e incluso procesos penales sobre corrupci¨®n. Y es que, al final, tras la vulneraci¨®n de los derechos, solo quedar¨¢ el juez.

En suma, la justicia no puede ser un problema, sino la soluci¨®n. O al menos parte de ella.

Pero no debemos olvidar que el sistema judicial depende econ¨®micamente del Ejecutivo, y nunca ha sido una prioridad. No lo es ni lo ha sido en ¨¦poca de bonanza econ¨®mica. Tal vez, una reflexi¨®n sobre la incidencia en la dinamizaci¨®n econ¨®mica pueda cambiar voluntades. Siquiera desde una perspectiva puramente econ¨®mica: ?Ha llegado el d¨ªa de invertir seriamente en justicia en Espa?a? ?No valdr¨ªa la pena hacer un peque?o esfuerzo apostando por un sistema judicial ¨¢gil, eficiente y moderno? ?No ser¨ªa interesante valorar sus potencialidades como dinamizador del tr¨¢fico jur¨ªdico y econ¨®mico y como garante de los derechos ciudadanos? Sinceramente, s¨ª.

Pedro-Luis Viguer es magistrado-juez decano de los juzgados de Valencia.