Protesta indigna

Un grupo de sindicalistas de UGT y CC OO se congregaron el jueves delante del juzgado sevillano de la magistrada Mercedes Alaya para protestar contra la instrucci¨®n del sumario de los ERE. La protesta, que contaba con la presencia de los secretarios generales de UGT y CC OO de Sevilla, se convirti¨® r¨¢pidamente en una escalada de insultos a la juez, algunos alusivos a un supuesto sesgo pol¨ªtico (¡°Alaya, pepera, m¨¦tete en la lechera¡±) y otros de ¨ªndole personal y de mal gusto (¡°fea¡± u ¡°hortera¡±). La Fiscal¨ªa General y el Tribunal Superior de Andaluc¨ªa ya han condenado el acto de protesta, porque, fuera cual fuese en su origen, se convirti¨® en un acoso a la magistrada, con todos los ingredientes para calificarlo como un intento de coacci¨®n a un juez en el ejercicio de sus funciones.

La protesta tumultuaria no es el mejor procedimiento para defender la honradez de los sindicalistas imputados o involucrados en el fraude de los ERE. Los procedimientos judiciales garantizan la independencia de los magistrados y la equidad de la investigaci¨®n. Si los afiliados sevillanos a UGT y CC OO abrigan dudas al respecto, existen procedimientos legales para transmitir su rechazo o pedir garant¨ªas. El peor de los m¨¦todos, pol¨ªticos y jur¨ªdicos, es precisamente el de presionar con gritos e insultos a una juez encargada de una investigaci¨®n tan delicada como la de los ERE. Sea cual sea la opini¨®n que merezca la instrucci¨®n que est¨¢ desarrollando Mercedes Alaya, que sin duda ofrece aspectos discutibles, las protestas tienen l¨ªmites y, como sostuvo el fiscal general Torres Dulce, esos l¨ªmites se sobrepasaron el jueves.

No es de recibo tampoco la presencia de los secretarios generales de los sindicatos sevillanos en una protesta de esta naturaleza. Las organizaciones sindicales son una de las instituciones del Estado; adem¨¢s, en algunas funciones de su papel institucional reciben dinero p¨²blico. Por tanto, lo que se espera de ellos es que no contribuyan al descr¨¦dito de otras instituciones del Estado, sin perjuicio, claro est¨¢, de su libertad de expresi¨®n y manifestaci¨®n.

No hay raz¨®n, entonces, para una algarada frente a un juzgado. Es comprensible que los sindicalistas honrados, la gran mayor¨ªa, se encuentren inc¨®modos e impotentes ante un proceso que da?a su imagen; pero el alboroto ofensivo contra la juez tambi¨¦n deteriora su prestigio social. Al menos tanto como el propio proceso.