Por una Catalu?a solidaria

Como recordara El Roto, ¡°el sue?o de la naci¨®n produce ¡ªcuando menos¡ª exilios¡±. Ante las ¨²ltimas resoluciones del Parlamento de Catalu?a, de 27 de septiembre, se hacen indispensables ciertas reflexiones que pretenden hacer visible que, hoy en Catalu?a, hay otras voces y otras alternativas a lo que, bajo la cobertura del eufemismo llamado ¡°derecho a decidir¡±, es pura y simplemente la ruptura con los espa?oles que conviven y, posiblemente, sufren m¨¢s que la mayor¨ªa de los ciudadanos de Catalu?a.

Pero, resulta necesario llamar la atenci¨®n sobre la Declaraci¨®n de Soberan¨ªa del 23 de enero de este a?o, que constituye su precedente.

Primero, basta ya de manipulaciones hist¨®ricas. Ya sabemos lo que signific¨® para Barcelona y Catalu?a el 11 de septiembre de 1714, ?hace m¨¢s de tres siglos!, pero que no nos oculten la verdad. Manuel V¨¢zquez Montalb¨¢n se refiri¨® a ese acontecimiento as¨ª: ¡°La feroz resistencia de sus clases populares encabezada por Rafael Casanova y el general Villarroel, m¨¢rtires v¨ªctimas de una causa nacional perdida¡±. ?Qui¨¦n se acuerda de Villarroel? Y, en esa terrible fecha, los Comuneros de Barcelona, representantes del pueblo, lo animaban a soportar las consecuencias de la derrota, advirti¨¦ndoles ¨¦l que quedar¨ªan ¡°esclavos con todos los dem¨¢s espa?oles enga?ados¡±. ?D¨®nde estaba la ruptura con Espa?a?

En dicha Declaraci¨®n se atribu¨ªa exclusivamente al Estado espa?ol ¡°la involuci¨®n del autogobierno¡± de Catalu?a. Una mentira m¨¢s de los gobernantes de CiU, asumida por ERC e ICV. Por ejemplo, el proceso de destrucci¨®n del sistema sanitario p¨²blico catal¨¢n, ?es responsabilidad exclusiva del Gobierno de Rajoy? Evidentemente, no. Cuando el presidente Mas denuncia los ¡°agravios¡± del Estado espa?ol, se olvida de que son peores los agravios que ¨¦l y sus gobernantes han infligido a su pueblo, al que ahora trata de embaucar con delirios remotos. Su grupo parlamentario en el Congreso de Diputados apoy¨® las medidas m¨¢s duras del PP, como el RDL 20/2011, que inclu¨ªa enormes restricciones en el sector p¨²blico ¡ªincluidas la educaci¨®n y la sanidad¡ª y congelaci¨®n de salarios, as¨ª como cuantas medidas se adoptaron para la reestructuraci¨®n bancaria y saneamiento del sector financiero en beneficio de los m¨¢s poderosos. Pero, eso s¨ª, como denunci¨® el diputado Joan Coscubiela, el presidente Mas manten¨ªa ¡°un doble lenguaje¡± mientras ¡°defend¨ªa los intereses de sectores econ¨®micos y lobbys catalanes y espa?oles¡±.

Mas denuncia ¡°agravios¡± del Estado espa?ol, pero son peores los que ¨¦l ha infligido a su pueblo

Pero a¨²n es m¨¢s reprochable en esa Declaraci¨®n que no cite en ning¨²n momento a los ciudadanos y pueblos de Espa?a, como si las mujeres, hombres y ni?os/as de Espa?a pudieran ser confundidos con las instituciones y normas jur¨ªdicas que los regulan. Para los firmantes de esa Declaraci¨®n, Espa?a solo son el Estado espa?ol, la Constituci¨®n de 1978 y la II Rep¨²blica. Es muy grave. Como es, igualmente irritante e injusto, que si bien el apartado 5 de la Declaraci¨®n se refiere a ¡°Europa¡± ¡ªluego a la Uni¨®n Europea¡ª, se omita toda referencia a Espa?a, a la que Catalu?a ha estado vinculada hace centenares de a?os, y, en su lugar, se haga referencia al ¡°Estado espa?ol¡± como sujeto de negociaciones, al mismo nivel que las instituciones europeas o la comunidad internacional, cuando la continuidad o no de los lazos de Catalu?a con Espa?a es, en definitiva, el n¨²cleo del debate y el objetivo fundamental de la supuesta consulta. Al menos, as¨ª lo entendemos los denominados en el Estatuto ¡°ciutadans espanyols¡± y, sobre todo, los ciudadanos de esa Espa?a que, indignamente, se oculta. Y, por ¨²ltimo, en el apartado Legitimidad democr¨¢tica, se dice que en el proceso que plantea se garantizar¨¢ ¡°la pluralidad de opciones y el respeto a todas ellas¡±, afirmaci¨®n completamente falsa, que descalifica al propio proceso.

Frente a las pretensiones expuestas en dicha Declaraci¨®n, hay que hacer constar que el Gobierno de CiU est¨¢ incumpliendo de forma flagrante el Estatuto vigente, que ¡°quiere proseguir¡­ la construcci¨®n de una sociedad democr¨¢tica y avanzada¡­ solidaria con el conjunto de Espa?a¡­¡± y que quiere ¡°desarrollar su personalidad pol¨ªtica en el marco de un Estado que reconoce y respeta la diversidad de identidades de los pueblos de Espa?a¡±. Se niega a admitir que igual que hab¨ªa varias ¡°Barcelonas¡±, tambi¨¦n hay varias ¡°Catalu?as¡± que desean convivir en paz y armon¨ªa con todos los pueblos de Espa?a.

Naturalmente que Catalu?a es una indudable ¡°realidad nacional¡±, pero tambi¨¦n es cierto que esa realidad se ha fraguado, fundamentalmente en el siglo XX, por el apoyo que ha recibido constantemente de todos los pueblos de Espa?a. Catalu?a es lo que es porque, tras las oleadas migratorias de dentro y fuera de Espa?a, se ha construido una ¡°sociedad integradora¡± donde pueden convivir ¡°identidades diversas¡±. Esta es la gran riqueza de Catalu?a, como pueblo y como cultura.

Es la suma de los sufrimientos y aspiraciones de catalanes de origen y de inmigrantes, nacionales y extranjeros, que abandonaron sus tierras a causa de las pol¨ªticas capitalistas que gobernaron coordinadamente las burgues¨ªas de Espa?a y Catalu?a.

Esta tierra es la suma de los sufrimientos y aspiraciones
de catalanes de origen y de inmigrantes

En las resoluciones parlamentarias citadas se plantea un marco institucional inmediato, que es claramente contradictorio con nuestra Constituci¨®n democr¨¢tica. M¨¢s all¨¢ de las dificultades legales que ciertamente concurren para la celebraci¨®n de consultas, competencia exclusiva del Estado y que solo pueden ser consultivas, es justo reconocer que esta competencia del Estado es delegable en una comunidad aut¨®noma pero deber¨¢ hacerlo a trav¨¦s de una ley aprobada por el Congreso de Diputados. En todo caso, la pretensi¨®n de los partidos soberanistas se enfrenta a un precepto constitucional esencial, porque afecta a la igualdad de todos los ciudadanos: ¡°Todos los espa?oles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado¡±.

Ciertamente, se hace referencia a ¡°un proceso democr¨¢tico¡± y a un ¡°di¨¢logo con las instituciones del Estado para acordar las condiciones legales para el ejercicio del derecho a decidir¡±. Luego, se reitera ¡°el di¨¢logo y la negociaci¨®n con el Gobierno del Estado¡± con el objetivo de realizar una ¡°consulta democr¨¢tica¡± para determinar el resultado del ejercicio de aquel derecho. Para, a continuaci¨®n, argumentar, con evidente error, anticipaci¨®n hist¨®rica y manipulaci¨®n pol¨ªtica, que ¡°la voluntad mayoritaria del pueblo de Catalu?a¡± ha quedado expresada en la manifestaci¨®n del pasado 11 de septiembre. El Parlamento de Catalu?a llega, pues, a asociar derecho a decidir con independencia a partir de unos datos sociol¨®gicos, los que fueran, que en absoluto se corresponden a la libre y democr¨¢tica expresi¨®n de la voluntad popular en las urnas. Por tanto, ya no estamos hablando de derecho a decidir sino, pura y simplemente, de una consecuencia, la secesi¨®n de Espa?a, que es radicalmente incompatible con la Constituci¨®n vigente.

De aqu¨ª se desprende que en la Resoluci¨®n se plantee una situaci¨®n de ¡°transitoriedad jur¨ªdica¡± y de ¡°estructuras de Estado¡± cuando, hoy por hoy y no sabemos hasta cu¨¢ndo, el actual estatus institucional de Catalu?a es el establecido en el T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n. Y en un Estado democr¨¢tico choca que un Parlamento plantee unas propuestas con un cierto tono de provocaci¨®n como cuando afirma que el deseado di¨¢logo ¡°no se puede eternizar¡±. ?Es una velada amenaza? Y es igualmente rechazable, por la falta de respeto a otras opciones leg¨ªtimas sobre las relaciones de Catalu?a y Espa?a, que la pretendida ¡°consulta¡± solo verse sobre ¡°la pregunta¡±, dando a entender que es ¨²nica y excluyente fuera de la independencia. Si fuere as¨ª, debemos rechazar y denunciar un programa tan sesgado como enga?oso para los ciudadanos.

Y, para concluir, el objetivo constitucional de que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean ¡°reales y efectivas¡± en el marco de una democracia avanzada ¡ªcentro de la Constituci¨®n y del Estatuto vigente¡ª ha quedado limitado a una gen¨¦rica referencia a la ¡°profundizaci¨®n del Estado del Bienestar¡±. Proclamaci¨®n que, como ha sostenido SOS Racisme, est¨¢ ¡°en flagrante contradicci¨®n con las pol¨ªticas econ¨®micas del actual gobierno¡±. Realmente, estamos ante un grav¨ªsimo retroceso hist¨®rico que, como siempre, perjudicar¨¢ a las clases populares.

Carlos Jim¨¦nez Villarejo es jurista y miembro de Federalistes d¡¯Esquerres.