Indefensos y en silencio

El pasado martes Amnist¨ªa Internacional, Greenpeace y Oxfam Interm¨®n estuvieron en Moncloa siguiendo con las acciones conjuntas ya iniciadas enfebrero de este a?o. Esteban Beltr¨¢n (@_estebanbeltran) firma la segunda de las tres entradas de este monogr¨¢fico.

Foto:Alberto Senante.

?Retirar una tarjeta sanitaria a una persona migrante que tiene una situaci¨®n administrativa irregular es una violaci¨®n de derechos humanos? ?Y retirar 873.000? Cuando esta pregunta se la hacen desde el Gobierno, mal vamos. No hay respuesta, porque sigue sin haber evaluaci¨®n p¨²blica del Ejecutivo sobre los efectos que la aplicaci¨®n del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL) est¨¢ teniendo especialmente en uno de los colectivos m¨¢s vulnerables y tambi¨¦n m¨¢s afectado por la crisis.

Amnist¨ªa Internacional y diversos organismos de Naciones Unidas, s¨ª ven que medidas como el RDL son regresivas, discriminatorias y contrarias a los est¨¢ndares internacionales, y que son leyes que erosionan los derechos humanos de las personas. Silvia es uruguaya y vive en Espa?a. Desde hace siete a?os padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cr¨®nica), un trastorno pulmonar que disminuye la capacidad respiratoria, es una enfermedad progresiva y no reversible. Antes ten¨ªa revisiones cada pocos meses. Ahora depende de la voluntad de los m¨¦dicos. Dejar sin atenci¨®n m¨¦dica a enfermos cr¨®nicos, tal y como se recoge en el RDL, entre ellos enfermos de c¨¢ncer, diabetes o EPOC, es vulnerar el derecho al acceso a la salud de estas personas.

La respuesta del Gobierno ante esta situaci¨®n no puede seguir siendo un discurso que asocie inmigraci¨®n y utilizaci¨®n indebida y abusiva de la sanidad. El Gobierno debe modificar el RDL y garantizar el acceso a la salud para todas las personas sin discriminaci¨®n e independientemente de su situaci¨®n administrativa. Y no debe olvidar que los periodos de dificultades financieras, como el que est¨¢ viviendo Espa?a, no pueden ser una excusa para restringir los derechos de las personas m¨¢s vulnerables.

Pero la crisis econ¨®mica y las medidas que se est¨¢n llevando a cabo por el Ejecutivo tambi¨¦n nos activan las alertas sobre otras posibles violaciones de derechos humanos. Desde 2008 se han llevado a cabo m¨¢s de 400.000 ejecuciones hipotecarias. Y pese a que el Ejecutivo aprob¨® una Ley para reforzar la protecci¨®n de los deudores hipotecarios en la que se aplazaba el desahucio por dos a?os en situaciones de m¨¢xima vulnerabilidad, sigue sin abordarse el problema de fondo: la protecci¨®n del derecho a la vivienda. Hemos pedido al Gobierno que establezca una legislaci¨®n que proh¨ªba expresamente los desalojos forzosos, tal y como establecen las salvaguardas del Comit¨¦ DESC de Naciones Unidas, que desaconseja los desalojos cuando las personas afectadas no dispongan de recursos, ni cuenten con una alternativa de vivienda.

Esta crisis es una crisis de derechos. Por un lado, nos encontramos con personas indefensas que no pueden defenderse de violaciones de derechos humanos. Por otro lado, con interpretaciones judiciales sobre estos derechos que no se ajustan a la legislaci¨®n internacional. Y por ¨²ltimo, con noticias aparecidas en medios de comunicaci¨®n sobre posibles reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del anteproyecto del C¨®digo Penal que podr¨ªan limitar el derecho a la protesta pac¨ªfica y el derecho a la libertad de expresi¨®n.

Amnist¨ªa Internacional considera que la protesta social, informada o espont¨¢nea, sea en la forma que sea (manifestaci¨®n, escrache o acampada), siempre que se lleve a cabo de forma pac¨ªfica, es libertad de expresi¨®n y de reuni¨®n. El Gobierno debe recordar que el derecho internacional de los derechos humanos no permite, y muchos menos establece, la restricci¨®n a la libertad de expresi¨®n, simplemente porque otras personas lo encuentren ofensivo o porque las autoridades digan que constituye un riesgo para el orden p¨²blico. Y el Estado espa?ol tiene la obligaci¨®n de garantizar este derecho.

El pasado martes los directores de Amnist¨ªa Internacional, Greenpeace y Oxfam Interm¨®n nos reunimos con el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Jorge Moragas para presentarle un Dec¨¢logo de Medidas frente a la Crisis. Un primer paso que abre un di¨¢logo imprescindible con la sociedad civil para afrontar la crisis sin olvidarnos de los derechos humanos, el medio ambiente y la justicia social. No quiero sentirme indefenso, no quiero estar en silencio. Los derechos humanos son demasiado importantes como para dejarlos s¨®lo en manos de los gobiernos.

Enlaces relacionados:

S¨ª que hay dineropor Chema Vera director de @oxfamintermon

Art¨ªculos publicados en febrero:

http://elpais.com/elpais/2013/02/20/3500_millones/1361340000_136134.html

http://elpais.com/elpais/2013/02/19/3500_millones/1361253240_136125.html

http://elpais.com/elpais/2013/02/21/3500_millones/1361425620_136142.html