Regreso al siglo XIX

El nuevo Consejo General del Poder Judicial se ha constituido tras un cambio legal que confirma la experiencia de que cada reforma de esta instituci¨®n desdichada es para peor: en su nueva versi¨®n es menos plural, con un predominio absoluto de la mayor¨ªa, vocales de primera, segunda y tercera, y menos poderes para cumplir su funci¨®n constitucional. El Consejo ha funcionado mal desde su creaci¨®n en 1980, inane en la defensa de la independencia de los jueces y deslegitimado por su condici¨®n de teatro secundario de la pol¨ªtica general. Pero esta reforma no lo hace m¨¢s efectivo: utiliza su ineficacia anterior para justificar un vaciamiento de sus competencias y un proceso de concentraci¨®n del poder de nombrar a los cargos judiciales y disciplinar a los jueces.

Pese a la cr¨ªtica un¨¢nime y a las promesas electorales, la renovaci¨®n de 2013 se ha hecho como siempre. Aburre volver a contarlo: los dos partidos mayores se han repartido los vocales por cuotas y convidado a otros tres. Cada uno ha propuesto a sus candidatos sin opinar sobre los dem¨¢s. El Congreso y el Senado ha examinado solo a los que no son jueces en comparecencias de 15 minutos ¡ªcomprendidos los de llegar al estrado, ponerse las gafas y beber agua¡ª y resuelto que son id¨®neos. Constituidos luego en Consejo, los nuevos vocales han elegido como presidente al que los medios llevaban semanas anunciando.

El nuevo sistema pretend¨ªa desapoderar a las asociaciones judiciales, que ya no proponen a los candidatos que deben ser elegidos entre jueces. Pero entre los 12 nombrados hay cuatro de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, cinco de Jueces para la Democracia, solo tres no asociados y ninguno de las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que han puesto voz al hartazgo de los jueces desde 2007. Tambi¨¦n pesa la jerarqu¨ªa: aunque la Constituci¨®n dice que tiene que haber vocales de cada una de las tres categor¨ªas judiciales, los magistrados del Tribunal Supremo (4 de 83) est¨¢n sobrerrepresentados; los magistrados a secas, infrarrepresentados (9 de 4.455); los jueces, que son 648, ausentes. Cinco de los elegidos son presidentes de tribunales, salas o audiencias.

El cambio esencial es que el Consejo nombrar¨¢ por mayor¨ªa simple (en vez de la cualificada precisa hasta ahora) a los magistrados del Tribunal Supremo, a dos del Constitucional y a los cargos judiciales. Durante los pr¨®ximos cinco a?os, la mayor¨ªa nombrar¨¢ a la mitad de los magistrados del Supremo y a los presidentes de todos los tribunales superiores sin tener que alcanzar acuerdos con o aceptar candidatos de la minor¨ªa. Es verdad que no siempre se acierta ¡ªhay personas imprevisibles, impenetrables, que siguen su criterio sin concesiones¡ª, pero la intenci¨®n suele ser nombrar a los cercanos, ideol¨®gica o socialmente.

La mayor¨ªa nombrar¨¢ a la mitad del Supremo y a los presidentes de todos los tribunales superiores

El nuevo Consejo concentra sus poderes en una comisi¨®n permanente de seis miembros, los ¨²nicos que tendr¨¢n dedicaci¨®n y sueldo completos. A los dem¨¢s les quedan un pleno desangelado y unas dietas. Habr¨¢, por tanto, vocales de primera (los de la comisi¨®n permanente), segunda (los dem¨¢s de la mayor¨ªa) y tercera (los de la minor¨ªa). El empe?o en eliminar esos 15 sueldos busca producir un efecto, pero quiz¨¢ hubiera sido m¨¢s ¨²til aprovechar a tiempo completo la experiencia y el buen sentido de los vocales y renunciar a alguno de los cientos de contratados de confianza en las Administraciones P¨²blicas. Y, de paso, a los problemas y recusaciones que provocar¨¢ el inusual r¨¦gimen de (in)compatibilidades.

Claro que para la concepci¨®n que inspira la reforma no sobran 15 vocales, sobran los 20: bastar¨ªa un presidente con una oficina. Lo que pasa es que eso es... el Ministerio de Justicia. Y la Constituci¨®n quiso, adem¨¢s, otra cosa: un Consejo numeroso, articulado como un colegio, todos cuyos vocales tengan voz y voto, para reflejar la pluralidad ideol¨®gica de los profesionales jur¨ªdicos y de la sociedad a la que sirven y alejar las decisiones sobre nombramientos, estatuto y disciplina de la ¨®rbita del ministerio.

La reforma acent¨²a su condici¨®n auxiliar, o jubilar, de una pol¨ªtica que se ocupa poco de que el sistema jurisdiccional produzca mejores sentencias y a¨²n menos de que los jueces que investigan al presidente de una diputaci¨®n, a un consejero auton¨®mico o al tesorero de un partido se sientan protegidos si las resistencias normales se tornan presiones o amenazas. Ha creado un ¡°promotor de la acci¨®n de la justicia¡± para los procedimientos disciplinarios contra los jueces, pero ning¨²n instrumento eficaz para defenderles en esos casos.

En la reducci¨®n del Consejo a un papel de reparto convergen varios afanes: uno cl¨¢sico de concentraci¨®n del poder, en que el Ministerio de Justicia ha neutralizado a una instituci¨®n rival; otro que juega con los eternos deseos de inmunidad del poder; un tercero de autoafirmaci¨®n de una parte del Tribunal Supremo, que sufre con irritaci¨®n la deficiente articulaci¨®n con el Constitucional; otro, en fin, de normalizaci¨®n frente a las huelgas, las asociaciones protestantes y el Consejo de 2008, que fue sensible al malestar de los jueces e impuls¨® mejoras en el estatuto y las condiciones de trabajo de los jueces, hasta que su segundo presidente reuni¨® una mayor¨ªa m¨¢s preocupada de no molestar que de mejorar alguna cosa.

Los vocales han 'elegido' como cabeza del CGPJ a quien se sab¨ªa de antemano que iba a serlo

El resultado es una reacci¨®n contra la propia idea constitucional de un CGPJ: un paso de vuelta hacia el sistema de gobierno del siglo?XIX, con su apoliticidad profundamente conservadora, su jerarquizaci¨®n inductora del conformismo y los incentivos de una carrera en cuyos escalones superiores ¡ªla alta magistratura que describe Alejandro Nieto¡ª se hace un trabajo interesante y queda tiempo para pensar y escribir, mientras los inferiores ¡ªla baja magistratura¡ª sobreviven como pueden a la monta?a sis¨ªfea de sentencias pendientes, a las bajadas de sueldo y a los constantes cambios legales en las competencias, los procedimientos y las tasas. Que como no son consecuencia de estudios rigurosos, parecen cosa de artilleros que no supieran matem¨¢ticas: a veces aciertan, pero sobre todo hacen ruido y crean confusi¨®n, tambi¨¦n en las propias filas.

La idea de que una mayor¨ªa simple, que representa quiz¨¢ a un tercio del electorado, decida por s¨ª sola qui¨¦nes ser¨¢n todos los m¨¢s altos jueces del pa¨ªs revela una concepci¨®n preocupante del poder. La calidad de una cultura democr¨¢tica se mide precisamente por lo contrario: por la divisi¨®n y la limitaci¨®n del poder, la complejidad y el pluralismo que incorpora. Para ser eficaz, el Consejo no necesitaba ser reducido a una m¨¢quina monocroma y jer¨¢rquica. Necesita m¨¢s transparencia sobre los m¨¦ritos de sus integrantes y las razones de su elecci¨®n; m¨¢s pluralismo en su composici¨®n y sus nombramientos; m¨¢s compromiso en su funcionamiento con los fines de la instituci¨®n y con las viejas exigencias del derecho administrativo: m¨¦rito, capacidad, publicidad, motivaci¨®n, eficacia... Necesita aportar m¨¢s, y no menos, al sistema de garant¨ªas de la independencia judicial. No es una cuesti¨®n corporativa: la distancia entre los elevados principios y la triste pr¨¢ctica del Consejo contamina la percepci¨®n p¨²blica del entero sistema jurisdiccional, alimenta la sospecha de desigualdad ante la ley y perjudica al cr¨¦dito del pa¨ªs en las terribles clasificaciones globales.

La prisa que se han dado los partidos en sumarse al acuerdo de reparto no es un buen augurio sobre lo que vendr¨¢ cuando cambie el turno. Pero ni el sistema de gobierno judicial ni el de partidos est¨¢n a salvo de la creciente conciencia de que esto no es¡­ Y ning¨²n retorno al pasado es para siempre: el paso del tiempo, el cansancio de los sometidos y la entrop¨ªa lo erosionan indefectiblemente, hasta que un momento de lucidez colectiva o un reformador impulsan de nuevo el predominio de los valores sobre la autoridad, el inter¨¦s de los ciudadanos sobre el de la pol¨ªtica, el pluralismo sobre el acaparamiento de las instituciones. Siempre hay ¡ªa la derecha y a la izquierda¡ª vocales conscientes de que su cargo es para servir a un fin constitucional, no a estrategias de poder. Si sobreviven a la dieta que les espera, las asociaciones judiciales quiz¨¢ logren explicar lo que pasa de modo inteligible para el p¨²blico en general. Habr¨¢ jueces que no se resignen al malestar y salgan de su aislamiento para colaborar con otros ¡ªy pasarlo bien¡ª, porque hay que filosofar y re¨ªr al tiempo, como aconseja el sabio Epicuro.

Diego ??iguez es magistrado.