Carne picada

1. ?A qui¨¦n debe preocuparle ¡ªsobre todo de entre quienes no pertenecen a un sindicato¡ª que la afiliaci¨®n sindical se sit¨²e en Espa?a en niveles muy bajos y que lo m¨¢s probable es que baje a¨²n m¨¢s? A los asalariados, a los parados, a las clases media y baja. Est¨¢ demostrado que cuanto m¨¢s d¨¦biles son los sindicatos, m¨¢s empeora la suerte de esos colectivos. Los sindicatos garantizan que los trabajadores tengan una voz que les represente tanto en el mercado como en la democracia. Cuando los sindicatos son fuertes pueden garantizar salarios m¨¢s justos y que se tenga en cuenta a los asalariados en la toma de decisiones de las empresas y las Administraciones. En el mejor de los casos, los sindicatos tambi¨¦n fomentan la participaci¨®n p¨²blica entre todos los ciudadanos y ayudan a los trabajadores a conseguir mejorar las pol¨ªticas y los bienes p¨²blicos, como las pensiones o un salario m¨ªnimo.

El descr¨¦dito en que ha ca¨ªdo UGT en las ¨²ltimas semanas ¡ªy que arrastra, se quiera o no, en una parte a CC?OO¡ª debilita al sindicalismo espa?ol en un momento en el que es m¨¢s necesario que nunca. Otra de las instituciones intermedias susceptible de convertirse en carne picada.

2. La Agencia Tributaria, el organismo que recauda los impuestos de los ciudadanos, ha entrado en una nube de sospechas acerca de las posibles interferencias pol¨ªticas (en el caso de las inspecciones a una multinacional, en el caso de un miembro de la Casa del Rey) que permite especular, con razones o no, sobre el distinto trato a unos y a otros. Las dimisiones, los cambios, abonan esta sospecha. Es urgente que los responsables pol¨ªticos las disipen y convenzan, so pena de menguar la credibilidad sobre la recaudaci¨®n y el uso de los impuestos, mucho m¨¢s despu¨¦s de la amnist¨ªa fiscal. Si no, la Agencia Tributaria se incorporar¨¢ a la lista de instituciones (judiciales, pol¨ªticas, econ¨®micas...) que forman parte de las preocupaciones ciudadanas en lugar de facilitarles la vida.

3. En el ¨²ltimo momento, por medio de una enmienda en el Senado, el PP rompi¨® sin consultar un acuerdo con las empresas el¨¦ctricas para que el Gobierno aportase su esfuerzo con objeto de reducir el d¨¦ficit el¨¦ctrico, junto a las propias empresas y los consumidores, en forma de ayudas presupuestarias por valor de 3.600 millones de euros. Es secundario el modo en que se arregla este problema; lo significativo para esta reflexi¨®n es que las compa?¨ªas el¨¦ctricas se encontraron, de repente, con que aquello que hab¨ªan pactado con el Ministerio de Industria no serv¨ªa para nada. Una especie de inseguridad jur¨ªdica, de aplicaci¨®n nada sutil del principio de retroactividad, similar a lo que una temporada antes la industria de energ¨ªas renovables hab¨ªa acusado al Gobierno en el mismo contexto de la ley el¨¦ctrica. Solo hay un principio sagrado: cumplir el d¨¦ficit p¨²blico, en este caso a costa de engordar el d¨¦ficit el¨¦ctrico.

Por el camino van quedando, una tras otra, las certezas que aseguraban el cemento que cohesiona a una sociedad.