Impuestos y recortes: favorecer a los favorecidos

El informe que Oxfam ha elaborado con motivo de la reuni¨®n del Foro Econ¨®mico Mundial en Davos los d¨ªas 22 a 25 de enero de 2014, y que parte de la base de que la desigualdad econ¨®mica crece r¨¢pidamente en la mayor¨ªa de los pa¨ªses del mundo, poniendo en peligro los sistemas democr¨¢ticos, como consecuencia de la influencia de los sectores m¨¢s poderosos en la pol¨ªtica, en detrimento de los intereses de la gran mayor¨ªa de los ciudadanos, es, sin duda y desgraciadamente, tambi¨¦n aplicable a Espa?a.

De hecho, desde el mes de mayo de 2010 venimos asistiendo a un continuo recorte de gasto p¨²blico, iniciado por el anterior gobierno y profundizado por el actual, con la finalidad de reducir la cifra de d¨¦ficit. Tal recorte comenz¨® afectando de manera espec¨ªfica a determinados colectivos como el de los empleados p¨²blicos, pensionistas y personas dependientes, y finalmente ha acabado incidiendo en la mayor parte de los ciudadanos, sobre todo en las capas m¨¢s desfavorecidas de la sociedad. Estos ajustes se han centrado en educaci¨®n, sanidad, dependencia y otros gastos sociales, que constituyen los pilares b¨¢sicos de nuestro estado de bienestar, que tanto esfuerzo nos ha costado levantar.

Al mismo tiempo, las medidas dirigidas a incrementar los ingresos a trav¨¦s de nuestro sistema fiscal, centradas sobre todo en las subidas del IRPF y del IVA y otros impuestos indirectos, han afectado fundamentalmente a las clases medias y a las m¨¢s desfavorecidas. Esto se explica por la regresividad de los impuestos indirectos, as¨ª como por las posibilidades que la minor¨ªa mejor posicionada de nuestra sociedad tiene para escapar de la tributaci¨®n del IRPF -utilizando con frecuencia las numerosas posibilidades de elusi¨®n que la vigente normativa les permite, cuando no a trav¨¦s directamente de la evasi¨®n fiscal-.

A estas medidas hay que sumar las que ya se ven¨ªan produciendo, como consecuencia de un proceso iniciado a?os antes, y que conllev¨® una paulatina y continua bajada de impuestos, en aras de una pretendida mejora de la eficiencia, pero con un perjuicio evidente para la equidad, dado que estas bajadas no afectaron en la misma medida a todos los contribuyentes, sino que tuvieron un efecto especialmente favorable para los de mayor poder econ¨®mico. Y en este sentido, podemos citar las bonificaciones de hasta el 99% en el Impuesto sobre sucesiones, la supresi¨®n del Impuesto de Patrimonio, la conversi¨®n de las rentas de capital en ¡°rentas del ahorro¡±, con distinto tratamiento, mucho m¨¢s beneficioso para ¨¦stas que para los rendimientos del trabajo, Pero sobre todo, destaca la rebaja en el Impuesto sobre Sociedades, primero nominal - del 35 al 30%- y luego encubierta, a trav¨¦s de la pl¨¦yade de deducciones, exenciones y reg¨ªmenes especiales, utilizados sobre todo por los grandes grupos empresariales (seg¨²n los ¨²ltimos datos publicados por la AEAT, el tipo efectivo sobre beneficios contables de los grupos de sociedades fue del 3,5%)

Como consecuencia de todo lo anterior, se viene produciendo un debilitamiento de la equidad que, seg¨²n el art¨ªculo 31 de la Constituci¨®n Espa?ola, debe inspirar nuestro sistema tributario, as¨ª como de los principios de igualdad, generalidad y progresividad, a los que se refiere dicho precepto. Y de este proceso son plenamente conscientes los ciudadanos, como refleja elocuentemente el Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas en su ¨²ltimo estudio sobre Opini¨®n p¨²blica y pol¨ªtica fiscal, seg¨²n el cual casi el 90% de los espa?oles piensa que los impuestos no se pagan justamente. Adem¨¢s, en el mismo estudio, m¨¢s del 70% de los ciudadanos cree que los tributos se deber¨ªan recaudar sobre todo a trav¨¦s de impuestos directos, lo que choca con el discurso del FMI, de la Comisi¨®n Europea y del propio Gobierno, cuyo actual ministro de Hacienda se?alaba en una entrevista reciente, en relaci¨®n con las l¨ªneas por las que deber¨ªa discurrir la reforma fiscal anunciada para los pr¨®ximos meses, que ¡°estamos en Europa y nos tenemos que apoyar mucho en la imposici¨®n indirecta.¡±

Sumado a esto, la percepci¨®n de los espa?oles de que los impuestos no se pagan justamente se ve plenamente confirmada por muchos otros datos, entre los que adem¨¢s de la amnist¨ªa fiscal decretada en el a?o 2012 -la tercera desde la aprobaci¨®n de nuestra Constituci¨®n- se pueden citar a t¨ªtulo de ejemplo los siguientes: el IRPF, que aporta m¨¢s del 40% de los ingresos tributarios del Estado, se nutre en un 85% del gravamen a los rendimientos del trabajo, frente al 8% del referido a las rentas del capital y el 7% del correspondiente a los beneficios de las actividades empresariales y profesionales; se mantienen instrumentos de elusi¨®n como las sociedades de capital variable y las entidades de tenencia de valores extranjeros, utilizadas por grandes patrimonios y empresas, respectivamente, para reducir considerablemente su factura fiscal o demorar eternamente el pago de impuestos; se dice luchar contra los para¨ªsos fiscales al tiempo que se favorece a los capitales que operan en ellos, permitiendo a los residentes en estos territorios adquirir deuda p¨²blica sin retenci¨®n fiscal¡­

Por ¨²ltimo, y en lo que se refiere a los aspectos relativos a la aplicaci¨®n y control del sistema tributario, la actuaci¨®n de la Agencia Tributaria (AEAT), en lo fundamental, no est¨¢ en concordancia con los antes citados principios constitucionales que deben inspirar nuestro sistema tributario. De hecho, su forma de actuar est¨¢ m¨¢s volcada en el control de las discrepancias que resultan entre lo declarado por los perceptores de rentas del trabajo y de capital sometidos a retenci¨®n y los datos de que dispone, que con la investigaci¨®n de las bases no declaradas. A esta ¨²ltima tarea de investigaci¨®n dedica unos recursos menores, por no hablar del control de las grandes empresas y fortunas, al que s¨®lo dedica un 20% de su plantilla, a pesar de que es donde se concentran las grandes bolsas de fraude. Todo lo cual supone, sin duda, obviar los principio de generalidad e igualdad del art¨ªculo 31 de la Constituci¨®n Espa?ola, al que no s¨®lo se debe sujetar el legislador al aprobar las normas tributarias, sino tambi¨¦n el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, en su control y aplicaci¨®n.

Asimismo, podr¨ªamos citar diversas actuaciones que han tenido cierta repercusi¨®n medi¨¢tica y que suponen el haber dado un tratamiento distinto a unos contribuyentes frente a otros, como es el caso del trato que la AEAT dio en el a?o 2010 a las m¨¢s de 600 grandes fortunas espa?olas con dep¨®sitos no declarados en el Banco HSBC, en Suiza. Tras recibir la informaci¨®n sobre la existencia de dichas cuentas opacas, la Administraci¨®n tributaria, en vez de abrir los correspondientes procedimientos de inspecci¨®n, como ser¨ªa lo usual con cualquier otro contribuyente, les brind¨® la oportunidad de saldar ¡°voluntariamente¡± sus cuentas con el fisco, con lo que se ahorraron sanciones y la posibilidad de ser condenados, en su caso, por delito fiscal.

Todos estos datos nos pueden llevar a pensar que los sucesivos gobiernos atienden, m¨¢s que a la generalidad de los ciudadanos y a los principios constitucionales que deben regir el sistema tributario, a los grupos de presi¨®n correspondientes a esas ¨¦lites econ¨®micas que, finalmente, son los beneficiados por las actuaciones y pol¨ªticas tributarias seguidas, a las que nos hemos referido.

En conclusi¨®n, y como destaca Oxfam en su informe, es necesario adoptar soluciones pol¨ªticas valientes que pongan freno a la influencia de la riqueza en la pol¨ªtica. Ha llegado el momento de acabar con la inequidad. El aumento de la desigualdad, una tendencia que no ha dejado de crecer en los ¨²ltimos 30 a?os, debe revertirse.

Art¨ªculo Anexo al informe 'Gobernar para las ¨¦lites', de Oxfam Interm¨®n.