?Un refer¨¦ndum democr¨¢tico?

Los criterios para la aceptaci¨®n por parte de la comunidad internacional del resultado de un hipot¨¦tico refer¨¦ndum de independencia en Catalu?a son claros. Primero, el respeto del Estado de Derecho, es decir de las leyes (incluida la Constituci¨®n) y de las sentencias de los tribunales y, por lo tanto, la necesidad de un acuerdo con el Gobierno espa?ol.

Segundo, y en base a la sentencia del Tribunal Supremo de Canad¨¢ sobre las consultas celebradas en Quebec, el refer¨¦ndum deber¨ªa realizarse con una pregunta clara y que obtuviera una mayor¨ªa clara a favor. Precisamente, esas fueron las condiciones impuestas por la UE en el refer¨¦ndum de independencia de Montenegro en 2006: una pregunta clara (?desea que la Rep¨²blica de Montenegro sea Estado independiente con plena legitimidad conforme al Derecho internacional?), una participaci¨®n m¨ªnima del 50% del electorado, as¨ª como el 55% de votos afirmativos de los v¨¢lidamente emitidos. En este contexto, solo recordar que la ratificaci¨®n del actual Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a no habr¨ªa sido posible bajo esas mismas condiciones, ya que la participaci¨®n del electorado fue menor del 50%.

Pero existen otras condiciones tambi¨¦n importantes que se refieren al entorno en el que se celebran las votaciones. En Europa, la valoraci¨®n de este entorno la realiza la OSCE, a trav¨¦s de la llamada ¡°observaci¨®n electoral¡±, sin cuyo aval democr¨¢tico a la consulta no se puede aspirar al reconocimiento internacional de sus resultados. Y lo efect¨²a de una manera transparente, con el env¨ªo de ¡°observadores electorales¡± unos meses antes de su celebraci¨®n, reforzados con expertos adicionales durante los d¨ªas previos a la consulta, y en base a unos criterios bien conocidos: 1) Respeto de los derechos humanos relativos al ejercicio del derecho de sufragio, es decir, se eval¨²a si la libertad de expresi¨®n, la libertad de asociaci¨®n, el derecho de reuni¨®n, etc¨¦tera, se ejercen sin ning¨²n tipo de cortapisas con el fin de comprobar que las votaciones se realizan con igualdad de oportunidades para las diferentes opciones. 2) Buen funcionamiento e independencia del poder judicial, incluida la relativa al organismo encargado de velar por el buen desarrollo del proceso electoral, con el fin de asegurarse que tanto las votaciones en s¨ª mismas, como el control de todo el proceso y las posibles reclamaciones se efect¨²an conforme a la ley y reflejan fielmente la voluntad del electorado. 3) La no utilizaci¨®n por parte de las instituciones del Estado en cuesti¨®n de los recursos p¨²blicos o de los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos y subvencionados con el fin de apoyar a una de las opciones.

Una consulta sin encaje constitucional no ser¨¢ aceptada internacionalmente

En vista de la actual situaci¨®n en Catalu?a, y en base a mi experiencia en unos cuantos procesos electorales en diferentes partes del mundo, ?cu¨¢l podr¨ªa ser la evaluaci¨®n de la OSCE si el refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n se celebrara ma?ana?

Para empezar, la OSCE no podr¨ªa aceptar la validez del resultado de un refer¨¦ndum que no tuviera un encaje legal anclado en la Constituci¨®n y en un acuerdo con el Gobierno espa?ol. En dicho caso, con toda seguridad ni siquiera enviar¨ªa un equipo de observadores electorales. Asimismo, la doble pregunta acordada entre CiU, ERC, ICV y CUP tendr¨ªa pocas posibilidades de ser considerada como aceptable debido a su falta de claridad, en concreto respecto de su primera parte.

En cuanto a la evaluaci¨®n del respeto de los derechos humanos fundamentales relativos al ejercicio del derecho de sufragio, la evaluaci¨®n deber¨ªa ser globalmente positiva, si bien es posible que se realizaran cr¨ªticas a la intimidaci¨®n que determinados sectores proindependencia llevan a cabo en contra de los partidos opuestos a la misma, como por ejemplo los boicoteos que estos sufren regularmente en sus actos p¨²blicos, en particular si los responsables del orden p¨²blico no hacen nada por impedirlo.

En cuanto a las instituciones encargadas de velar por el buen desarrollo del proceso (Junta Electoral y tribunales de justicia), no deber¨ªa haber ning¨²n problema en el supuesto de que estas siguieran siendo las que la legislaci¨®n espa?ola designa, ya que hasta el presente as¨ª ha sido desde la reinstauraci¨®n de la democracia en Espa?a. En este contexto, ni que decir tiene que las consultas secesionistas celebradas en determinados ayuntamientos de Catalu?a en 2009 y 2010 no pasar¨ªan este test de validez. Lo mismo ocurrir¨ªa, con mucha probabilidad, en el caso de que la Generalitat convocase un refer¨¦ndum al margen de las instituciones designadas para su ejecuci¨®n y control.

En lo que se refiere a la utilizaci¨®n de recursos p¨²blicos para promover la opci¨®n independentista, ser¨ªa probable que la OSCE mencionara como problem¨¢ticos dos elementos: la creaci¨®n de las llamadas ¡°estructuras de Estado¡± financiadas por el erario incluso antes de que el electorado haya podido pronunciarse a su favor en una consulta y, adicionalmente, el apoyo financiero brindado desde las autoridades auton¨®micas catalanas hacia determinados organismos, ONGs y dem¨¢s actores econ¨®micos y sociales con el prop¨®sito de promover el ideal soberanista entre el electorado.

El escoramiento de los medios p¨²blicos de Catalu?a hacia el soberanismo es otro de los puntos negros

Finalmente, y en lo que se refiere a la utilizaci¨®n de los medios de comunicaci¨®n, el claro escoramiento de los canales p¨²blicos de televisi¨®n y radiodifusi¨®n catalanes (en particular, TV3 en los ¨²ltimos tiempos), as¨ª como de los medios impresos subvencionados por la Generalitat (oficialmente para la promoci¨®n de la lengua catalana) hacia posiciones en defensa del proceso soberanista (si bien alguno de ellos ha cambiado ¨²ltimamente su l¨ªnea hacia una posici¨®n de mayor neutralidad) ser¨ªa otro punto negro a destacar por parte de la OSCE. Efectivamente, los expertos miden los tiempos y espacios dedicados por los medios p¨²blicos y subvencionados a la defensa de cada una de las opciones, pero no solo durante la campa?a electoral, sino tambi¨¦n en su programaci¨®n general y desde la llegada de los expertos unos meses antes de la consulta. Se podr¨ªa aducir que lo mismo sucede, pero en sentido contrario, en los medios de comunicaci¨®n estatales p¨²blicos y subvencionados (fundamentalmente RTVE, pues no existen subvenciones estatales a los medios impresos), lo que ¡°compensar¨ªa¡± la situaci¨®n; yo no creo que sea comparable el apoyo que reciben las tesis soberanistas por parte de TV3 con el posicionamiento m¨¢s neutral de RTVE al respecto. Asimismo, har¨ªan un an¨¢lisis de los medios de comunicaci¨®n privados, pero sin que su conclusi¨®n tuviera el mismo grado de importancia.

El problema de fondo no es que los partidarios de la independencia hagan todo tipo de promoci¨®n de su ideario, sino que lo hagan desde las instituciones y, m¨¢s a¨²n, con el dinero del contribuyente que nos pertenece a todos nosotros, los ciudadanos de Catalu?a.

En resumen, dada la actual situaci¨®n en Catalu?a, es dudoso que, de celebrarse hoy, un refer¨¦ndum de independencia cumpliera con los est¨¢ndares internacionales que lo avalaran como plenamente democr¨¢tico y que, por lo tanto, su resultado recibiera el reconocimiento internacional.

V¨ªctor Andr¨¦s Maldonado es licenciado y MBA por ESADE. Fue funcionario de las instituciones de la UE durante el periodo 1986-2012.