Canal sin salida

El conflicto entre la Autoridad del Canal de Panam¨¢ (ACP) y el consorcio que construye la ampliaci¨®n del canal, en el que participa la empresa espa?ola Sacyr, ha entrado en una fase en la que ya es improbable un acuerdo para decidir c¨®mo se financia el extracoste de 1.600 millones de d¨®lares necesario para acabar las obras en el plazo fijado. No se trata solo de que las negociaciones entre Panam¨¢ y el grupo constructor est¨¦n rotas; es que cualquier soluci¨®n tropieza con la negativa de Panam¨¢ de adelantar m¨¢s dinero sobre los 5.250 millones de d¨®lares pactados. Panam¨¢ acusa a los constructores de paralizar las obras mientras que estos aseguran que ya no pueden mejorar su oferta de financiar al 50% el sobrecoste a la espera de que el tribunal de arbitraje determine qui¨¦n tiene que pagarlo. La desconfianza y las decisiones percibidas como ofensivas dominan las relaciones entre las partes.

Todo permite suponer que las autoridades paname?as est¨¢n calculando los costes de sustituir al consorcio constructor (en el que adem¨¢s de Sacyr participan la italiana Salini-Impregilo, la belga Jan De Nul y la paname?a Constructora Urbana) por alguna de las empresas que participaron en el concurso original, como la estadounidense Bechtel, con gran influencia pol¨ªtica en Estados Unidos y Panam¨¢. Ser¨ªa una mala opci¨®n. En primer lugar, porque retrasar¨ªa en un m¨ªnimo de tres a?os la finalizaci¨®n de las obras y despu¨¦s porque el coste a?adido exceder¨ªa probablemente los 1.600 millones en litigio. Adem¨¢s, hay diferencias notables de dise?o entre la oferta del grupo constructor actual y la de sus competidores derrotados en julio de 2009. Todo esto ya lo sabe la ACP, por lo que es l¨®gico suponer que se siente enga?ada por el Consorcio y la p¨¦rdida de confianza pesa m¨¢s que los c¨¢lculos econ¨®micos.

Para el consorcio constructor ¡ªresponsable, no lo olvidemos, de calcular mal el coste de remover las tierras para la ampliaci¨®n¡ª una ruptura definitiva tendr¨ªa un impacto considerable en las cuentas de cada una de las empresas que lo forman. En el caso de Sacyr el efecto econ¨®mico superar¨ªa los 420 millones de euros entre avales, seguros y fianzas, adem¨¢s de una p¨¦rdida de unos 10.000 empleos. Pero hay otra consecuencia, tambi¨¦n grave, que debe tenerse en cuenta: el fracaso de la red de arbitrajes que se incluyen en los contratos para evitar un callej¨®n de salida como el actual en el c¨¢lculo y aceptaci¨®n del sobreprecio. Ni la ACP ni un organismo especial in situ para resolver disputas han encauzado el enfrentamiento. Ser¨¢ la C¨¢mara de Comercio Internacional la que tendr¨¢ que resolver el desacuerdo.

Formalmente, ambas partes se declaran dispuestas a seguir la negociaci¨®n; pero las posibilidades de acuerdo se han reducido. Este ser¨ªa el momento adecuado para recurrir a una intervenci¨®n pol¨ªtica contundente (ambos Gobiernos y Bruselas) y obligar a que las obras concluyan con una financiaci¨®n al 50% entre las partes, y que el arbitraje de la C¨¢mara Internacional decida qui¨¦n paga la factura.