Algo estamos haciendo mal

Esta es una situaci¨®n de emergencia. Apenas podemos sostener el Estado social, las instituciones del Estado democr¨¢tico est¨¢n en declive. Luchemos, en fin, al menos, por mantener en pie el Estado de derecho. Esta es la conclusi¨®n, que result¨® estremecedora, aunque incontestable, expuesta por uno de los participantes del seminario sobre reforma del Estado, cuya ¨²ltima sesi¨®n se ha celebrado recientemente. Fue un seminario en el que se mantuvo, con la activa participaci¨®n de un nutrido grupo de catedr¨¢ticos y profesores de universidad y funcionarios de altos cuerpos de la Administraci¨®n, un interesante debate sobre la huella de la crisis econ¨®mica en el Estado, y la singularidad del derecho y las ideas que emanan de esta situaci¨®n de emergencia.

La impresi¨®n en ese seminario dirigido por el profesor Santiago Mu?oz Machado no es halag¨¹e?a. Ha surgido una nueva relaci¨®n entre el Estado ¡ªque parec¨ªa todopoderoso hace no tanto¡ª y la sociedad. La intervenci¨®n estatal y el espacio de lo p¨²blico andan en retroceso por diversas causas: la privatizaci¨®n de la seguridad ciudadana o de la sanidad, la autorregulaci¨®n, la sustituci¨®n de la ley por el contrato en todos los niveles, el desplazamiento de los tribunales en su funci¨®n de resolver los conflictos en beneficio de otras alternativas de car¨¢cter privado, la redimensi¨®n a la baja del Estado prestacional, el desmoronamiento del garantismo en aras de la autoprotecci¨®n, el desd¨¦n hacia las leyes y las sentencias, que se manifiesta expl¨ªcitamente incluso por responsables de instituciones p¨²blicas, etc¨¦tera.

Deber¨ªamos abrigar con prudencia lo que queda de un Estado seriamente menguado por las acuciantes exigencias de la Uni¨®n Europea sobre la estabilidad presupuestaria, y, sobre todo, por las condiciones de los acreedores privados en los mercados que no cesan de reclamar reformas en todos los campos. Al hilo de palabras m¨¢gicas como son racionalidad, racionalizaci¨®n o sostenibilidad financiera se han hecho muchas reformas a la carrera, con serio impacto en el Estado social y el Estado aut¨®nomo, de las cuales es a¨²n pronto para estar seguros de su resultado. El Estado de derecho y el ordenamiento jur¨ªdico parecen ya seriamente da?ados desde la Constituci¨®n hasta el pelda?o m¨¢s bajo.

Desde 2012 se han aprobado una cincuentena de decretos leyes convalidados sin apenas debate

Desde 2012 se han aprobado nada menos que una cincuentena de decretos leyes que el Congreso ha convalidado sin apenas discusi¨®n parlamentaria y solo muy pocos han iniciado su tramitaci¨®n como leyes. ?D¨®nde queda el parlamentarismo y la participaci¨®n de las minor¨ªas y la confianza en la discusi¨®n con publicidad? Algunas de las leyes que se han aprobado con demasiadas prisas bien resultan de dif¨ªcil lectura y comprensi¨®n o sencillamente se han modificado tres o cuatro veces nada m¨¢s aprobarse. Todo ello indica una premura e inseguridad en su gestaci¨®n muy lejanas de las supuestas verdades ¨²nicas que la invocaci¨®n en las leyes de la racionalizaci¨®n financiera trata a veces de presentar como la ¨²nica decisi¨®n posible.

El gobierno de la crisis se ha llevado sobre todo desde la Uni¨®n Europea, de donde procede el impulso para la s¨²bita y trascendente reforma del art¨ªculo 135 de nuestra Constituci¨®n. La direcci¨®n de la pol¨ªtica econ¨®mica se ha centralizado fuertemente en una corriente hacia arriba. Hemos podido visualizar el poder de Bruselas mejor que en d¨¦cadas de disquisiciones. No tenemos hoy m¨¢s derecho constitucional econ¨®mico que el europeo, pues conforme a ¨¦l se toman las decisiones pol¨ªticas b¨¢sicas en esta materia. Sin embargo, seguimos sin tener una verdadera Constituci¨®n en Europa, aunque sea bajo la forma de tratados, dotada de un circuito democr¨¢tico representativo, rendici¨®n de cuentas y subsiguiente responsabilidad pol¨ªtica. Ha surgido, con la crisis, una organizaci¨®n econ¨®mica mediante una tupida red de soft-law ¡ªde recomendaciones, memorandos y gu¨ªas¡ª, de complejos paquetes normativos en directivas y reglamentos, y de compromisos en relaciones intergubernamentales que no se recogen en la reforma de los tratados originarios. ?Es ese un buen modelo desde la l¨®gica del Estado de derecho y de otras razones o necesita revisarse? ?Siquiera alguien se plantea el dilema?

Muy densas normas europeas regulan las nuevas pol¨ªticas sin que pueda alejarse la sensaci¨®n de constante improvisaci¨®n y del apoderamiento de las decisiones en instituciones no representativas. ?Qui¨¦n nos gobierna? ?Qu¨¦ racionalidad tiene esa madeja de normas? Hemos cedido a Europa la coordinaci¨®n presupuestaria y tambi¨¦n la pol¨ªtica monetaria, pero no el resto de las facultades que har¨ªan posible una verdadera direcci¨®n de la pol¨ªtica econ¨®mica. Mientras tanto, nuestros desapoderados Estados, desprovistos de sus tradicionales herramientas, permanecen inermes. Al tiempo, la desigualdad entre los Estados miembros es cada vez mayor: entre los que est¨¢n o no en la eurozona, entre los firmantes o no del Tratado de Estabilidad, y, especialmente, entre los ricos y acreedores pa¨ªses del norte y los pobres y deudores vecinos del sur. ?Qu¨¦ queda de la idea de integraci¨®n europea?

No renovar la Constituci¨®n y no buscar pactos generacionales es un lento suicidio

Si en Europa tenemos un derecho constitucional econ¨®mico sin una Constituci¨®n, en Espa?a tenemos una vieja Constituci¨®n con cada vez menos derecho constitucional. La crisis econ¨®mica ha descosido las costuras del traje y como una poderosa lupa nos ha permitido ver numerosos defectos. La mayor parte de las instituciones tienen hoy serios problemas de legitimidad democr¨¢tica o de funcionamiento o de ambas cosas a la vez. No hay casa alguna ¡ªy tampoco la Constituci¨®n¡ª que pueda habitarse dignamente sin reformas estructurales y algo de mantenimiento despu¨¦s de tanto tiempo. Espa?a no es diferente. Pero nos hemos obstinado en actuar de otra manera, diversa a la habitual en el resto de los pa¨ªses europeos con tradiciones democr¨¢ticas, enroc¨¢ndonos en la intangibilidad de la ley fundamental. Parapetarse tras la Constituci¨®n sin revisarla, sin renovarla y crear nuevos pactos generacionales que legitimen las decisiones es un lento suicidio. Es urgente generar di¨¢logos y acuerdos lo m¨¢s amplios posibles.

Qu¨¦ duda cabe de que debemos tratar de salir de la crisis financiera y de empleo lo antes posible, pero convendr¨ªa hacerlo sin haber destrozado en el camino todo el buen tejido de normas e instituciones del Estado logradas con un esfuerzo de d¨¦cadas. Preservando el Estado social que permite nuestra convivencia pac¨ªfica y nos hace iguales, aunque sea con prestaciones m¨¢s austeras. Manteniendo el Estado de derecho que nos hace respetar los derechos fundamentales de todos y vivir libres. El Estado de las autonom¨ªas, que obedece al pluralismo y las diferencias territoriales, pero busca la integraci¨®n y la solidaridad entre todos los espa?oles sin agravios comparativos. Habr¨¢ que esperar a que el polvo que cubre nuestros ojos ¡ªla depresi¨®n que genera la crisis¡ª se asiente para poder observar mejor la realidad y hacer un diagn¨®stico m¨¢s preciso, pero la impresi¨®n general no es halag¨¹e?a. Algo estamos haciendo mal.

El respeto al Estado de derecho y a sus principios, la voluntad de compromiso constante entre todos los partidos que respetan las leyes y el marco constitucional, un ¨¢nimo decidido de participar activamente en la Uni¨®n Europea, el sitio donde nos gobiernan realmente, parecen f¨¢rmacos de amplio espectro muy beneficiosos para nuestras enfermedades. Pero habr¨ªa que impulsar y acometer lo antes que se pueda reformas constitucionales y legales convenientemente pactadas en todos los niveles de gobierno. No hay otra forma de salir de esta desorientaci¨®n ciudadana, de la actual inseguridad jur¨ªdica y p¨¦rdida de la legitimidad democr¨¢tica.

Javier Garc¨ªa Roca y Jos¨¦ Esteve Pardo son catedr¨¢ticos de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo de las universidades Complutense de Madrid y de Barcelona respectivamente. Firman este art¨ªculo en nombre de 60 catedr¨¢ticos, profesores universitarios y altos funcionarios de la Administraci¨®n.