Acaparamiento de tierra con acento espa?ol

En 2010, la empresa catalana Agrogeba aterrizaba en Guinea Bissau con la intenci¨®n de cultivar arroz. Sin embargo las tierras que el Gobierno le alquil¨®, en las proximidades del r¨ªo Geba en la regi¨®n de Bafat¨¢, ven¨ªan siendo explotadas de manera tradicional por los habitantes de los pueblos cercanos, unos 600 agricultores que ni fueron informados ni recibieron ninguna compensaci¨®n. Desde entonces, Agrogeba ha ocupado ya unas 520 hect¨¢reas, un nuevo caso de acaparamiento de tierras en ?frica denunciado por las ONG Interm¨®n Oxfam y Alianza por la Solidaridad (APS) pero que la empresa, sin embargo, niega con rotundidad. ¡°Agrogeba no ha echado a nadie, el Gobierno nos ha alquilado unos campos que no estaban siendo cultivados¡±, asegura Jaume Pons, gerente en Bafat¨¢.

Estamos en Sara Djae, uno de los pueblos afectados. C¨¢lido Ndjai recuerda c¨®mo fue su primer encuentro con Agrogeba. ¡°Fue en 2010. Ellos metieron las m¨¢quinas en la bola?a (campo de arroz) y luego vinieron a hablar con nosotros. Nos dijeron que s¨®lo iban a ocupar una parte del terreno, que nos iban a ayudar a preparar el resto para que pudi¨¦ramos cultivar, que construir¨ªan una escuela, un recinto para las vacas y un puesto de salud, pero no cumplieron ninguna de sus promesas¡±, asegura este agricultor, ¡°ahora nos hemos quedado sin tierras donde trabajar, nos las han arrebatado¡±. Otro problema a?adido es que dicho espacio era zona para el pastoreo en la estaci¨®n seca, pero Agrogeba impide el paso a las vacas. ¡°Ya nos han matado tres y otras 21 las ha requisado y luego tenemos que pagar 40.000 francos CFA (60 euros) por cada una para recuperarlas¡±, a?ade.

Enfadados, los habitantes de Sara Djae fueron a hablar con Mama N¨¦n¨¦ Bald¨¦, el r¨¦gulo de C¨®sara, la autoridad tradicional, pero no encontraron el apoyo que esperaban. ¡°En mi condici¨®n de rey estoy frenando que la poblaci¨®n se rebele y tratando de alcanzar acuerdos¡±, asegura Bald¨¦, ¡°s¨®lo el Gobierno sab¨ªa los planes de Agrogeba, los pueblos no hab¨ªan sido informados, de ah¨ª los problemas. La empresa ha cogido m¨¢s tierra de lo acordado y las comunidades no est¨¢n recibiendo nada a cambio, as¨ª que ahora Agrogeba debe devolver una parte de los arrozales¡±. Sin embargo, lo cierto es que casi cuatro a?os despu¨¦s de la llegada de esta empresa, no ha habido ni una sola compensaci¨®n a las comunidades.

Agrogeba pertenece al grupo empresarial Petromiralles, SL, cuyos principales directivos tienen un proceso abierto en la Audiencia Nacional por un presunto fraude fiscal a gran escala. En 2010, la empresa desembarca en Guinea Bissau con la intenci¨®n de cultivar arroz ¡°para abastecer a todo el pa¨ªs¡±, un macroproyecto para el que cuenta con el apoyo del entonces primer ministro, Carlos Gomes Jr, empe?ado en superar la dependencia exterior de este pa¨ªs en lo que respecta a la base de su alimentaci¨®n, el arroz.

Empresa y Gobierno se ponen pronto de acuerdo. El Estado cede entre 3.000 y 6.000 hect¨¢reas de arrozales a Agrogeba mediante un r¨¦gimen de alquiler por un periodo de 99 a?os. Sin embargo, en el proceso de negociaci¨®n se obvi¨® un tema capital: en Guinea Bissau, seg¨²n el derecho consuetudinario, las tierras de cultivo pertenecen a las comunidades que las trabajan y se benefician de ellas y, por tanto, seg¨²n la Ley de Tierras que incorpora todo el sistema de normas y costumbres tradicionales, es necesario el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades rurales para cualquier concesi¨®n. Aqu¨ª es donde surge el problema. Nadie pregunt¨® a los leg¨ªtimos propietarios de la tierra.

Precios y pesticidas

As¨ª lo admite el ingeniero Bunha Nambund¨¦, director general de Agricultura de Bafat¨¢, regi¨®n donde se encuentran los arrozales cedidos a Agrogeba. ¡°La Carta de la Pol¨ªtica Agraria de Guinea Bissau no se est¨¢ aplicando, tendr¨ªa que haber habido un acuerdo previo con las poblaciones afectadas. Agrogeba deber¨ªa dejar a las comunidades al menos una parte de la tierra que estas usaban de forma tradicional para sus cultivos¡±. Asimismo, Nambund¨¦ pone el acento en dos cuestiones preocupantes. Por un lado, la empresa espa?ola ¡°no est¨¢ cumpliendo su acuerdo de mantener el precio del saco de arroz por debajo del l¨ªmite de 15.000 francos CFA (unos 23 euros)¡± y, por otro, ¡°usa pesticidas con un avi¨®n sin que tengamos informaci¨®n de qu¨¦ productos se trata, sin una m¨ªnima evaluaci¨®n de su impacto¡±. Llama la atenci¨®n la posici¨®n cr¨ªtica del representante del Gobierno en temas agr¨ªcolas en la regi¨®n y que, sin embargo, Agrogeba pueda seguir con sus actividades sin problema. ¡°Hemos informado a Bissau en numerosas ocasiones, hasta ahora sin respuesta¡±, asegura un resignado Nambund¨¦.

En Sintcham Ioba, una de los pueblos afectados, est¨¢n muy preocupados por el tema de los pesticidas. Maimouna Bald¨¦, una mujer que como casi todas en el pueblo era la encargada del cultivo del arroz, asegura que desde que Agrogeba disemina estos productos qu¨ªmicos con el avi¨®n se nota una mayor presencia de mosquitos en el pueblo, ya que migran desde la finca hasta las zonas pobladas. Esto ha provocado un aumento de los casos de malaria, que a su vez es la principal causa de abortos seg¨²n las autoridades m¨¦dicas locales. C¨¦sar Baze, agricultor local de 51 a?os, explica: ¡°Las tierras y los ni?os son nuestra mayor riqueza. Si nos quitan las tierras y ponen en peligro a nuestros hijos, es la cat¨¢strofe¡±. En el seno de estas comunidades confiaban en que al menos algunos de sus j¨®venes pudieran trabajar para la empresa espa?ola, pero los bajos salarios y la inexistencia de contratos disuaden a muchos.

De las al menos 3.000 hect¨¢reas cedidas, Agrogeba explota en la actualidad unas 520, es decir, el proyecto est¨¢ en su fase inicial. Se trata de las fincas de Sara Djae (220 hect¨¢reas) y de Tchutcho (300 hect¨¢reas). Sin embargo, la empresa tambi¨¦n intent¨® explotar un tercer arrozal conocido como Xaianga y se encontr¨® con la oposici¨®n de la poblaci¨®n de los dos pueblos que tradicionalmente cultivaban all¨ª, Bidjini y Djanna, teniendo que desistir de sus planes. Lo cuenta Aladje Mlam Baio, jefe del pueblo de Bidjini: ¡°Cuando en mayo [de 2010] intentamos ir a nuestros arrozales para comenzar a sembrar nos encontramos con un guardi¨¢n de la empresa que llevaba un arma que nos dijo que ten¨ªa ¨®rdenes de no dejarnos entrar. Entonces nos fuimos a hablar con el gobernador, que nos inform¨® que ahora pertenec¨ªa a una empresa espa?ola¡±.

Pero los habitantes de estos dos pueblos no se contentaron con esta respuesta y decidieron alquilar un coche entre todos y plantarse en Bissau, la capital del pa¨ªs, para hablar directamente con el entonces presidente Malam Bacai Sanha. ¡°?Usted ha vendido nuestra tierra?¡±, le preguntaron. ¡°No, eso es mentira¡±, respondi¨® el jefe del Estado, ¡°nadie puede vender la tierra de los agricultores en este pa¨ªs¡±. As¨ª que dio instrucciones para que el derecho de uso de las bola?as arrebatadas a Bidjini y Djanna fuera restituido a sus leg¨ªtimos propietarios. ¡°Hombres, mujeres, viejos y ni?os, ¨¦ramos m¨¢s de 200 personas, bajamos al arrozal y recuperamos la tierra. Sin embargo, con las idas y venidas, perdimos aquel a?o y no pudimos cultivar, lo que nos hizo meternos en pr¨¦stamos para poder alimentar a nuestras familias que todav¨ªa estamos pagando¡±, asegura Baio, ¡°el pueblo espa?ol y el pueblo de Bissau pueden ser pueblos hermanos, pero nadie puede venir a quitarnos nuestra tierra¡±.

El gerente: ¡°A esta gente no le gusta trabajar¡±

Jaume Pons, gerente en Guinea Bissau de Agrogeba, asegura que esta empresa no ha arrebatado el uso de las tierras a nadie. ¡°Lo niego rotundamente. El Consejo de Estado nos cedi¨® 3.000 hect¨¢reas y s¨®lo estamos explotando 520 que estaban totalmente abandonadas. Ahora que hemos limpiado y puesto en producci¨®n la tierra es cuando vienen a reclamar que les pertenece¡±. Sin embargo, Pons admite que ha faltado di¨¢logo en el proceso. ¡°Nosotros no sab¨ªamos c¨®mo funcionaban las cosas aqu¨ª, cuando llegamos fuimos a hablar con los jefes de tabancas (pueblos) pero no con el r¨¦gulo. Aqu¨ª la ley es un poco comunista, establece que la tierra es para quien la trabaja, pero si en cinco a?os no se explota se pierde ese derecho sobre ella. Esas tierras no estaban siendo cultivadas, no hab¨ªa una propiedad sobre ella. No digo que no les pertenezca, pero si es as¨ª, que la trabajen. Ahora vienen a quejarse porque el blanco ha llegado, quieren sacar su beneficio. A esta gente no le gusta el trabajo, gran parte de c¨®mo est¨¢ el pa¨ªs es culpa nuestra, de los blancos, que les hemos dado muchas facilidades¡±.

El gerente de Agrogeba admite, sin embargo, que no han podido trabajar en la finca de Xalanga porque hubo oposici¨®n de las comunidades. ¡°Si ellos no quieren que estemos, pues nos vamos. El Gobierno nos cedi¨® las tierras, tenemos nuestros contratos en regla, y no nos inform¨® de que hab¨ªa nadie explot¨¢ndolas¡±. Tambi¨¦n reconoce la presencia de un vigilante con escopeta en la finca y la muerte y el ¡°secuestro¡± de vacas de las comunidades. ¡°S¨ª, es cierto, en 2010 dispar¨® y mat¨® una vaca, pero el caso est¨¢ cerrado, ya se la hemos pagado a su propietario. Y si cogemos sus vacas es porque estamos cansados de que entren en las fincas. Pero los 60 euros de multa no son para m¨ª, los reparto entre los trabajadores de la empresa¡±, a?ade.

Asimismo, explica que a¨²n no han cumplido con las promesas de construcci¨®n de escuelas y puestos de salud a las comunidades porque ¡°por ahora las producciones han sido bajas y no hemos recuperado la inversi¨®n, lo haremos cuando la empresa vaya bien¡± y que los herbicidas e insecticidas que utilizan est¨¢n legalizados por la Uni¨®n Europea. ¡°Malaria ha habido aqu¨ª toda la vida, el problema de la malaria es el agua sucia en las calles no las plantaciones de arroz¡±, asegura Pons. Respecto al precio del saco de arroz, reconoce que el de primera calidad se vende a 17.000 francos CFA, ¡°siempre por debajo del precio del arroz importado de China, que cuesta 22.000 francos CFA el saco, que era el acuerdo con el Gobierno siempre que se pudiera. No podemos venderlo m¨¢s barato¡±, explica, ¡°porque cada a?o pagamos el gasoil m¨¢s caro¡±. El gerente de Agrogeba responde tambi¨¦n a la acusaci¨®n de haber compensado al r¨¦gulo diciendo que ¡°tenemos con ¨¦l una buena relaci¨®n, no le damos dinero, pero si nos hace un favor, somos agradecidos y le damos un saco de arroz para llegar a un buen entendimiento¡±.

Jaume Pons insiste en que el proyecto inicial de Agrogeba, que seg¨²n ¨¦l deb¨ªa recibir 3.000 hect¨¢reas del Gobierno en concepto de alquiler (unos 1.000 euros anuales), no se ha llevado a la pr¨¢ctica y que el negocio no est¨¢ siendo tan rentable. ¡°No nos hemos ido porque ya has hecho la inversi¨®n y tienes todas las m¨¢quinas aqu¨ª. Pero nos han puesto muchas trabas, nos han querido utilizar para recuperar las bola?as antiguas, que conlleva altos costes. Han sido cuatro a?os de mucha lucha¡±. Dicha inversi¨®n se eleva a unos cuatro millones de euros.

El malestar generado entre la poblaci¨®n por la llegada de Agrogeba a la zona de Bafat¨¢ era tan evidente que lleg¨® a oidos de la ONG espa?ola Alianza por la Solidaridad (APS) que desde hace a?os desarrolla un proyecto de seguridad alimentaria y gobernanza medioambiental en Senegal, Gambia y Guinea Bissau. Con el objetivo de evaluar el impacto de las inversiones extranjeras en estos tres pa¨ªses, APS llev¨® a cabo junto a Intermon Oxfam un primer trabajo de campo entre mayo y junio de 2012 en el que se dieron de bruces con el caso de Agrogeba llegando a la conclusi¨®n de que unas 600 personas hab¨ªan sido desplazadas de sus tierras habituales de cultivo tras la irrupci¨®n de esta empresa espa?ola. Interm¨®n incluy¨® dichas conclusiones en un informe que se hizo p¨²blico poco despu¨¦s. En agosto de 2013 un segundo estudio de campo, a petici¨®n de la propia Agrogeba y en colaboraci¨®n con organizaciones locales, profundiz¨® a¨²n m¨¢s y lleg¨® a id¨¦nticas conclusiones, que estaban ante un caso claro de acaparamiento de tierras que amenazaba la seguridad alimentaria de la poblaci¨®n.

Con el apoyo del embajador

Sin embargo, Agrogeba parece contar con algunos aliados poderosos adem¨¢s del exprimer ministro Carlos Gomes Jr, que en 2012 fue desalojado del poder por un golpe de estado. El informe de Interm¨®n Oxfam, que para el caso de Guinea Bissau se apoya en las investigaciones y denuncias llevadas a cabo por Alianza por la Solidaridad, lleg¨® a manos del embajador de la Uni¨®n Europea en Guinea Bissau, el espa?ol Joaqu¨ªn Gonz¨¢lez-Ducay, quien en un correo enviado en junio de 2013 a Jaume Gaya, uno de los socios de Agrogeba, le manifest¨® su total apoyo y no dud¨® en calificar las informaciones contenidas en dicho informe de ¡°desprovistas de fundamento y contrarias a la verdad¡±. De hecho, Gonz¨¢lez-Ducay reitera a Gaya: ¡°...nuestro inter¨¦s en trabajar con ustedes y hacer beneficiar de su buena praxis t¨¦cnica, social y ambiental a otras comunidades agr¨ªcolas de Guinea Bissau ligadas al cultivo del arroz¡± en el marco de un proyecto de apoyo al desarrollo agr¨ªcola de este pa¨ªs africano con un importe previsto de 10 millones de euros.

Sin embargo, lo que el embajador de la UE en Guinea Bissau denomina buena praxis, las poblaciones locales y las ONG lo denominan abusos, enga?os y violaci¨®n de la legislaci¨®n. De hecho, el estudio de Interm¨®n o el informe que acaba de publicar APS no son los ¨²nicos que destacan las malas pr¨¢cticas de Agrogeba. La organizaci¨®n no gubernamental Coalici¨®n por la Protecci¨®n del Patrimonio Gen¨¦tico Africano (Copagen) public¨® en octubre pasado un estudio sobre el acaparamiento de tierras en el que cita a Agrogeba como un caso t¨ªpico de este fen¨®meno en alza en toda ?frica, llegando a id¨¦nticas conclusiones que Alianza por la Solidaridad.

La compra masiva de grandes extensiones de tierra cultivable ha afectado, en los ¨²ltimos 13 a?os, a unos 83,2 millones de hect¨¢reas en el planeta, que en muchos casos han pasado a manos de grandes terratenientes o empresas y gobiernos de pa¨ªses extranjeros. Y ?frica, donde el 90% de la tierra no est¨¢ escriturada y muchos gobiernos alientan estas inversiones sin proteger a su poblaci¨®n, es uno de los escenarios preferentes de estos intercambios. Sin embargo, en muchos casos como el de Guinea Bissau, la compra de tierras por empresas extranjeras para implantar modelos de producci¨®n intensivos amenazan la sostenibilidad de la agricultura local y las formas de vida tradicionales, adem¨¢s de suponer un serio peligro para la seguridad alimentaria de la poblaci¨®n. Como dice Malam Baio, jefe del pueblo de Bidjini, ¡°estamos de acuerdo con quien venga a apoyarnos para salir de la pobreza, pero no con quienes pretendan aumentarla¡±.