As¨ª se fabrican guerrilleros muertos

Los soldados colombianos que asesinaron a Leonardo Porras cometieron errores flagrantes al disfrazar su crimen. Gracias al empe?o de Luz Marina Bernal, madre de Leonardo, el caso sirvi¨® para destapar un negocio siniestro dentro del Ej¨¦rcito: los falsos positivos. Secuestraban a j¨®venes para asesinarlos, luego los vest¨ªan como guerrilleros y as¨ª cobraban recompensas secretas del Gobierno de ?lvaro Uribe. La Fiscal¨ªa ha registrado 4.716 casos de homicidios presuntamente cometidos por agentes de las fuerzas p¨²blicas. Bernal y las otras Madres de Soacha? (el primer municipio donde se supo de esto) luchan desde entonces contra la impunidad. Los observadores internacionales denuncian la dejadez, incluso la complicidad del Estado en estos cr¨ªmenes masivos.

-As¨ª que es usted la madre del comandante narcoguerrillero -le dijo el fiscal de la ciudad de Oca?a.

-No, se?or. Yo soy la madre de Fair Leonardo Porras Bernal.

-Eso mismo, pues. Su hijo dirig¨ªa un grupo armado. Se enfrentaron a tiros con la Brigada M¨®vil n¨²mero 15 y ¨¦l muri¨® en el combate. Vest¨ªa de camuflaje y llevaba una pistola de 9 mil¨ªmetros en la mano derecha. Las pruebas indican que dispar¨® el arma.

Luz Marina Bernal respondi¨® que su hijo Leonardo, de 26 a?os, ten¨ªa limitaciones mentales de nacimiento, que su capacidad intelectual equival¨ªa a la de un ni?o de 8 a?os, que no sab¨ªa leer ni escribir, que le hab¨ªan certificado una discapacidad del 53%. Que ten¨ªa la parte derecha del cuerpo paralizada, incluida esa mano con la que dec¨ªan que manejaba una pistola. Que desapareci¨® de casa el 8 de enero y lo mataron el 12, a setecientos kil¨®metros. ?C¨®mo iba a ser comandante de un grupo guerrillero?

-Yo no s¨¦, se?ora, es lo que dice el reporte del Ej¨¦rcito.

A Luz Marina no le dejaron ver el cuerpo de su hijo en la fosa com¨²n. Unos veinte militares vigilaban la exhumaci¨®n y le entregaron un ata¨²d sellado. Un a?o y medio m¨¢s tarde, cuando lo abrieron para las investigaciones del caso, descubrieron que all¨ª solo hab¨ªa un torso humano con seis v¨¦rtebras y un cr¨¢neo relleno con una camiseta en el lugar del cerebro. Correspond¨ªan, efectivamente, a Leonardo Porras.

Este fue uno de los casos que destap¨® el esc¨¢ndalo de los falsos positivos: miembros del Ej¨¦rcito colombiano secuestraban a j¨®venes de barriadas marginales, los trasladaban a cientos de kil¨®metros de sus casas, all¨ª los asesinaban y los hac¨ªan pasar por guerrilleros muertos en combate, para cobrar as¨ª las recompensas establecidas en secreto por el Gobierno de ?lvaro Uribe. De ah¨ª el t¨¦rmino ¡°falsos positivos¡±, en referencia a la fabricaci¨®n de las pruebas.

Diecinueve mujeres, cuyos hijos fueron secuestrados y asesinados por el Ej¨¦rcito a principios de 2008, fundaron el grupo de las Madres de Soacha para exigir justicia. A mediados de 2013, la Fiscal¨ªa General contaba 4.716 denuncias por homicidios presuntamente cometidos por agentes p¨²blicos (entre ellos, 3.925 correspond¨ªan a falsos positivos). Navanethem Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, denuncia que las investigaciones son muy escasas y muy lentas, que los militares vinculados a los cr¨ªmenes contin¨²an en activo, que incluso reciben ascensos, y que sus delitos gozan de una ¡°impunidad sist¨¦mica¡±.

¡°Escog¨ªamos a los m¨¢s chirretes¡±

Leonardo Porras desapareci¨® el 8 de enero de 2008 en Soacha, pr¨¢cticamente un suburbio de Bogot¨¢, una ciudad de aluvi¨®n en la que se api?an miles de desplazados por el conflicto colombiano, miles de inmigrantes de todo el pa¨ªs, una poblaci¨®n que en los ¨²ltimos veinte a?os pas¨® de 200.000 a 500.000 habitantes, muchos de ellos api?ados en casetas de ladrillo y tejado de chapa, estancados en asentamientos ilegales, divididos por las fronteras invisibles entre bandas de paramilitares y narcotraficantes.

El mediod¨ªa del 8 de enero alguien llam¨® por tel¨¦fono a Leonardo. ?l solo respondi¨® ¡°s¨ª, patroncito, voy para all¨¢¡±, colg¨® y le dijo a su hermano John Smith que le acababan de ofrecer un trabajo. Sali¨® de casa y nunca m¨¢s lo vieron.

En Soacha todos conoc¨ªan a Leonardo, el chico ¡°de educaci¨®n especial¡± que se apuntaba siempre a los trabajos comunitarios, a limpiar calles y parques, a trabajar en la iglesia, y que hac¨ªa recados a los vecinos a cambio de propinas. Algunos abusaban de su entusiasmo: le ten¨ªan acarreando ladrillos o mezclando cemento en las obras y al final de la jornada le daban un billete de mil pesos (38 c¨¦ntimos de euro).

-?l no distingu¨ªa el valor del dinero -dice Luz Marina Bernal- pero le gustaba mucho ayudar a la gente, era muy trabajador, muy sociable, muy cari?oso. Cuando ganaba unos pesos, me tra¨ªa una rosa roja y una chocolatina, y me dec¨ªa: ¡®Mira, mam¨¢, me acord¨¦ de ti¡¯.

Alex¨¢nder Carretero D¨ªaz s¨ª distingu¨ªa el valor del dinero: acept¨® doscientos mil pesos colombianos (unos 75 euros) a cambio de enga?ar a Leonardo y entreg¨¢rselo a los militares. Carretero viv¨ªa en Soacha, a pocas calles de la familia Porras Bernal, y llevaba varias semanas prometi¨¦ndole a Leonardo un trabajo como sembrador de palma en una finca agr¨ªcola. El 8 de enero le llam¨® por tel¨¦fono, se reuni¨® con ¨¦l y al d¨ªa siguiente viajaron juntos en autob¨²s unos 600 kil¨®metros, hasta la ciudad de Aguachica, en el departamento de Norte de Santander. All¨ª dej¨® a Leonardo en manos del soldado Dairo Palomino, de la Brigada M¨®vil n¨²mero 15, quien lo llev¨® otros 150 kil¨®metros hasta ?brego. ¡°El muchacho no era normal, hablaba muy poco, miraba muy raro¡±, dijo Carretero ante el juez, casi cuatro a?os m¨¢s tarde. A Leonardo los soldados lo llamaban ¡°el bobito¡±, explic¨®.

Carretero era uno de los reclutadores que surt¨ªa de v¨ªctimas a los militares. Otro de los reclutadores, un joven de 21 a?os, testigo protegido durante uno de los juicios, explic¨® que enga?aban a chicos desempleados, drogadictos, peque?os delincuentes: ¡°Escog¨ªamos a los m¨¢s chirretes, a los que estuvieran vagando por la calle y dispuestos a irse a otras regiones a ganar plata en trabajos raros¡±. Confes¨® haber enga?ado y entregado a m¨¢s de treinta j¨®venes a los militares, por cada uno de los cuales cobraba 75 euros, la tarifa habitual. Tambi¨¦n hizo negocio revendiendo pistolas y balas del mercado negro a los soldados del Batall¨®n 15, que luego se las colocaban a sus v¨ªctimas para hacerlas pasar as¨ª por guerrilleros.

El reclutador Carretero entreg¨® a Leonardo a los militares el 10 de enero. Le quitaron la documentaci¨®n y su nombre desapareci¨®. A partir de entonces aquel chico ya solo fue uno de los cad¨¢veres indocumentados de los supuestos guerrilleros que la Brigada M¨®vil 15 afirm¨® haber matado en combate, a las 2.24 de la ma?ana del 12 de enero de 2008, en el municipio de ?brego. Ya solo fue uno de los cuerpos acribillados, guardados en bolsas de pl¨¢stico y arrojados a una fosa com¨²n. No existi¨® nadie llamado Fair Leonardo Porras Bernal, ni vivo ni muerto, en los siguientes 252 d¨ªas.

Esos 252 d¨ªas los pas¨® Luz Marina Bernal buscando a su hijo en comisar¨ªas, hospitales, juzgados y morgues, levant¨¢ndose a las cinco de la ma?ana para recorrer los barrios de Soacha y Bogot¨¢, por si su hijo hab¨ªa perdido la memoria y dorm¨ªa en la calle. Su hijo estar¨¢ de fiesta, le dec¨ªan los funcionarios, se habr¨¢ escapado con alguna muchacha. En agosto empezaron a identificar algunos cad¨¢veres hallados en una fosa com¨²n de la ciudad de Oca?a, departamento de Norte de Santander: pertenec¨ªan a otros chicos de Soacha, desaparecidos en la misma ¨¦poca que Leonardo Porras. El 16 de septiembre una doctora forense ense?¨® a Luz Marina Bernal una fotograf¨ªa.

-Era mi hijo. Fue espantoso verlo. La cara estaba desfigurada por varios balazos pero lo reconoc¨ª.

Le ped¨ªan unos cinco mil euros por exhumar y transportar el cad¨¢ver, una cantidad desorbitada para una familia pobre de Soacha. Durante ocho d¨ªas reuni¨® dinero, pidi¨® pr¨¦stamos y al fin alquil¨® una furgoneta en la que viaj¨® hasta Oca?a con su marido y su hijo John Smith. All¨ª el fiscal le dijo que Leonardo era un comandante narcoguerrillero y que hab¨ªa muerto en combate.

?Uribe: ¡°No fueron a coger caf¨¦¡±

Luz Marina Bernal, 54 a?os, es una mujer de gestos pausados, con un discurso tranquilo del que brotan verdades punzantes; parece que ha amasado el dolor hasta cuajarlo en una firmeza gran¨ªtica. Vive en una de las peque?as casas de ladrillo de Soacha. El dormitorio de Leonardo es ahora un santuario en memoria del hijo asesinado, un peque?o museo con fotograf¨ªas, recortes de prensa y velas. Luz Marina muestra un retrato enmarcado de su hijo: un joven de hombros anchos y porte elegante, vestido con chaqueta negra, camisa blanca y corbata celeste, que mira a la c¨¢mara con la mand¨ªbula prieta y unos ojos claros deslumbrantes. Son los mismos ojos claros de Luz Marina, que acerca mucho el retrato a su cara.

Desde la cocina se extiende el olor de las arepas que est¨¢ cocinando John Smith Porras, hermano de Leonardo, para desayunar. John Smith viene a casa de vez en cuando pero tuvo que marcharse a vivir a otro lado porque recibi¨® amenazas de muerte. Y porque ya asesinaron al familiar de otra v¨ªctima de Soacha, ¡°por no cerrar la boca¡±. Ante la pasividad judicial, John Nilson G¨®mez decidi¨® averiguar por su cuenta qui¨¦nes hab¨ªan sido los reclutadores y los asesinos de su hermano V¨ªctor. Recibi¨® amenazas telef¨®nicas, le conminaron a marcharse de la ciudad y al final alguien se le acerc¨® en una moto y le peg¨® un tiro en la cara. La familia Porras Bernal ha recibido amenazas por tel¨¦fono, por debajo de la puerta y en plena calle. Para que cierren la boca.

Luz Marina abre un ¨¢lbum. Colecciona las portadas que publicaron los peri¨®dicos en aquellos d¨ªas de septiembre de 2008, cuando iban apareciendo los cad¨¢veres de los chicos de Soacha. Clava el dedo ¨ªndice sobre uno de los titulares: ¡°Hallan fosa de 14 j¨®venes reclutas de las Farc¡±.

El presidente ?lvaro Uribe compareci¨® ante los medios para ratificar que los chicos de Soacha hab¨ªan muerto en combate: ¡°No fueron a coger caf¨¦. Iban con prop¨®sitos delincuenciales¡±. Luz Marina Bernal mastica despacio esa frase, con una media sonrisa dolorida: ¡°No fueron a coger caf¨¦. No fueron a coger caf¨¦. Fue terrible escuchar de la boca del presidente que nuestros hijos eran delincuentes¡±.

Luis Fernando Escobar, personero de Soacha, defensor de la comunidad ante la administraci¨®n, denunci¨® las sospechosas irregularidades de estas muertes. Tres semanas m¨¢s tarde el esc¨¢ndalo era ya indisimulable. Se demostr¨® que los chicos hab¨ªan sido asesinados muy lejos de sus casas a los dos o tres d¨ªas de su desaparici¨®n (y no al cabo de un mes, como afirm¨® Uribe para defender la idea de que hab¨ªan organizado una banda) y se encontraron diversas chapuzas en los montajes de los cr¨ªmenes: algunas v¨ªctimas llevaban botas de distinto tama?o en cada pie; otras aparecieron con disparos en el cuerpo pero les hab¨ªan puesto unas ropas de guerrillero en las que no hab¨ªa un solo orificio; incluso aparecieron cad¨¢veres acribillados en terrenos donde no hab¨ªa ni una sola huella de disparos. El caso del discapacitado mental al que los militares presentaron como comandante colm¨® el vaso.

Ante la avalancha de pruebas, Uribe no tuvo m¨¢s remedio que comparecer de nuevo, esta vez acompa?ado por generales y por el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia. Y dijo: ¡°En algunas instancias del Ej¨¦rcito ha habido negligencia, falta de cuidado en los procedimientos, y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en cr¨ªmenes¡±. Luego anunci¨® la destituci¨®n de 27 militares.

Las destituciones fueron un mero gesto administrativo. No se emprendieron investigaciones sobre las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, que se iban acumulando por cientos, sino todo lo contrario: el Estado las obstaculiz¨® de mil maneras. Y cuando el general Mario Montoya, comandante del Ej¨¦rcito, dej¨® su cargo por el esc¨¢ndalo de Soacha, Uribe lo nombr¨® embajador en la Rep¨²blica Dominicana.

Ante la proliferaci¨®n de casos denunciados y documentados, Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, viaj¨® a Colombia en junio de 2009. ¡°Las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas¡±, declar¨® al final de su estancia, ¡°pero mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg¡±. El t¨¦rmino ¡°falsos positivos¡±, seg¨²n Alston, ¡°da una apariencia t¨¦cnica a una pr¨¢ctica que en realidad es el asesinato premeditado y a sangre fr¨ªa de civiles inocentes, con fines de lucro¡±. Describi¨® de manera detallada los reclutamientos con enga?os, los asesinatos y los montajes. Afirm¨® que los familiares de las v¨ªctimas sufr¨ªan amenazas cuando se atrev¨ªan a denunciar. Y rechaz¨® que se tratara de cr¨ªmenes aislados, cometidos ¡°por algunas manzanas podridas dentro del Ej¨¦rcito¡±, como defend¨ªa el Gobierno de Uribe. La gran cantidad de casos, su reparto geogr¨¢fico por todo el pa¨ªs y la diversidad de unidades militares implicadas indicaban ¡°una estrategia sistem¨¢tica¡±, ejecutada por ¡°una cantidad significativa de elementos del Ej¨¦rcito¡±.

Se sucedieron las denuncias de observadores internacionales y asociaciones colombianas de derechos humanos: las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales eran una pr¨¢ctica frecuente dentro de las fuerzas p¨²blicas y el Estado obstaculizaba las investigaciones y hasta homenajeaba a los agresores. En palabras de la Fundaci¨®n para la Educaci¨®n y el Desarrollo (FEDES), de Bogot¨¢: en Colombia la impunidad es una pol¨ªtica de Estado.

El presidente Uribe respondi¨® que ¡°la mayor¨ªa¡± de las acusaciones eran falsas. Que ven¨ªan de ¡°un c¨²mulo de abogados pagados por organizaciones internacionales¡±, cargados ¡°de odio y de sesgos ideol¨®gicos¡±. Y sali¨® una y otra vez a defender a los militares: ¡°Nosotros sufrimos la pena de ver c¨®mo llevan a la c¨¢rcel a nuestros hombres, que no ofrecen ninguna amenaza de huida, simplemente para que sean indagados. Tenemos que asumir la defensa de nuestros hombres contra las falsas acusaciones¡±.

Mientras el presidente desplegaba los recursos p¨²blicos para defender a los militares imputados en los asesinatos, los familiares de las v¨ªctimas solo recib¨ªan portazos de las instituciones. Cuando las Madres de Soacha decidieron manifestarse un viernes al mes para reclamar el apoyo de las autoridades, cuando contaron sus historias en los medios, empezaron las amenazas. El 7 de marzo de 2009, Mar¨ªa Sanabria caminaba por una calle angosta cuando se le acercaron dos hombres en una moto. El que iba detr¨¢s, sin quitarse el casco, se baj¨®, agarr¨® a Sanabria del pelo y la empuj¨® contra la pared: ¡°Vieja hijueputa, a usted la queremos calladita. Nosotros no jugamos. Siga abriendo la boca y va a acabar como su hijo, con la cara llena de moscas¡±.

El hijo de Mar¨ªa, Jaime Estiven Valencia Sanabria, ten¨ªa 16 a?os y estudiaba el bachillerato en Soacha cuando lo secuestraron, lo llevaron al Norte de Santander y lo asesinaron. Cuando su madre empez¨® a buscarlo, un fiscal le dijo que su hijo estar¨ªa de farra con alguna novia mientras ella lloraba ¡°como una boba¡±. Cuando lleg¨® a Oca?a, a sacarlo de la fosa com¨²n, le dijeron que su hijo era un guerrillero. Cuando se van a cumplir seis a?os del asesinato, ni siquiera se ha abierto una investigaci¨®n judicial, Mar¨ªa ni siquiera sabe si el caso est¨¢ en los juzgados de C¨²cuta o de Bogot¨¢, porque en la Fiscal¨ªa nadie le responde.

¡°Sabemos que a nuestros hijos los mataron a cambio de una medalla¡±, dice Sanabria, ¡°a cambio de un ascenso, a cambio del dinero que les pagaba el Estado¡±.

A 1.400 euros el muerto

El Estado pagaba recompensas a los asesinos. A los pocos d¨ªas de que Uribe alegara ¡°negligencia¡± y ¡°falta de cuidado en los procedimientos¡± del Ej¨¦rcito, el periodista F¨¦lix de Bedout revel¨® una directiva secreta del ministerio de Defensa. La directiva 029, del 17 de noviembre de 2005, establec¨ªa recompensas por la ¡°captura o el abatimiento en combate¡± de miembros de organizaciones armadas ilegales. Se contemplaban cinco escalas: desde los 1.400 euros por un combatiente raso, hasta 1,8 millones de euros por los m¨¢ximos dirigentes. Tambi¨¦n inclu¨ªa una tabla exhaustiva de seis p¨¢ginas con las recompensas por el material incautado a los combatientes, material que iba desde aviones hasta pantalones de camuflaje, pasando por ametralladoras, misiles, minas, balas, discos duros, tel¨¦fonos o marmitas.

En enero de 2008, en las mismas fechas en que los soldados de la Brigada 15 estaban secuestrando y asesinando a los chicos de Soacha, uno de los antiguos miembros de esa brigada revel¨® en la prensa la pr¨¢ctica de los falsos positivos. El sargento Alex¨¢nder Rodr¨ªguez ya hab¨ªa denunciado los asesinatos y los montajes en diciembre ante sus superiores militares. A los tres d¨ªas lo retiraron de su puesto. Entonces acudi¨® a la revista Semana y cont¨® c¨®mo sus compa?eros de la Brigada 15 hab¨ªan asesinado a un campesino, c¨®mo hab¨ªan puesto un dinero com¨²n para comprar la pistola que despu¨¦s le colocaron a la v¨ªctima y c¨®mo a cambio de su colaboraci¨®n en el crimen obtuvieron cinco d¨ªas de descanso. Las denuncias del sargento Rodr¨ªguez fueron acalladas por los altos mandos y as¨ª no hubo ning¨²n problema para que en las siguientes semanas secuestraran y asesinaran a los chicos de Soacha.

Las recompensas alentaron un negocio siniestro dentro del Ej¨¦rcito: la fabricaci¨®n de cad¨¢veres de guerrilleros. A ra¨ªz de la directiva 029, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales se multiplicaron: en 2007 ya eran m¨¢s del triple que en 2005 (de 73 pasaron a 245, seg¨²n la Fiscal¨ªa colombiana). Y a¨²n no hab¨ªa llegado la oleada de denuncias tras el esc¨¢ndalo de Soacha en 2008. Los dedos empezaron a se?alar las pol¨ªticas del presidente Uribe.

?lvaro Uribe estableci¨® como eje de sus mandatos entre 2002 y 2010 la llamada Pol¨ªtica de Seguridad Democr¨¢tica: una ofensiva del Estado, principalmente militar, para imponerse a las guerrillas (que sufrieron grandes derrotas pero a¨²n cuentan con m¨¢s de nueve mil miembros), a los paramilitares (que pactaron una desmovilizaci¨®n pero que en realidad mutaron en nuevas bandas) y al narcotr¨¢fico (un fen¨®meno que sigue envolviendo como una hiedra al conflicto colombiano).

Uribe multiplic¨® el presupuesto y la actividad del Ej¨¦rcito. Con la bandera de la ¡°lucha contra el terrorismo¡±, empezaron las detenciones masivas y arbitrarias de civiles. En los dos primeros a?os arrestaron a siete mil personas de forma ilegal, seg¨²n denunciaron asociaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas. Los agentes llegaban a un pueblo y deten¨ªan a montones de personas, con una acusaci¨®n gen¨¦rica de colaborar con las guerrillas, sin indicios ni fundamentos. Arrestaban a pueblos enteros y luego los investigaban, para ver si descubr¨ªan alguna conexi¨®n con los guerrilleros.

En la madrugada del 18 de agosto de 2003, la Polic¨ªa detuvo a 128 personas en Montes de Mar¨ªa, acusadas de rebeli¨®n. El fiscal Orlando Pacheco vio que no hab¨ªa ninguna prueba, que los informes policiales estaban plagados de disparates, y orden¨® liberar a todos los detenidos. Entonces el fiscal general de Colombia destituy¨® inmediatamente al fiscal Pacheco y lo tuvo dos a?os y medio bajo arresto domiciliario. Al cabo de tres a?os, tras las denuncias de asociaciones jur¨ªdicas internacionales, la Corte Suprema dio la raz¨®n al fiscal Pacheco. Pero nadie fue castigado por las detenciones ilegales multitudinarias.

En Arauca, una de las zonas con mayor presencia de las guerrillas, el presidente Uribe hizo esta declaraci¨®n el 10 de diciembre de 2003: ¡°Le dije al general Castro que en esa zona no pod¨ªamos seguir con capturas de cuarenta o cincuenta personas todos los domingos, sino de doscientos, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas¡±. Miles de personas fueron detenidas sin pruebas ni garant¨ªas, pasaron temporadas largas en la c¨¢rcel y salieron absueltas pero con un estigma social muy grave. ¡°La pol¨ªtica de seguridad democr¨¢tica de Uribe ha vulnerado masiva, sistem¨¢tica y permanentemente el derecho a la libertad¡±, denunci¨® la misi¨®n de observadores internacionales CCEEUU (Coordinaci¨®n Colombia-Europa-Estados Unidos).

Tambi¨¦n se desat¨® una persecuci¨®n sistem¨¢tica a los opositores pol¨ªticos. La revista Semana revel¨® en 2009 abundantes casos de espionajes ilegales, grabaciones, pinchazos de tel¨¦fonos, acosos y criminalizaciones contra periodistas, jueces, pol¨ªticos, abogados y defensores de derechos humanos, persecuciones montadas por el DAS, los servicios secretos directamente dependientes de Uribe. El DAS ya hab¨ªa protagonizado otro esc¨¢ndalo en 2006, cuando su director Jorge Noguera, hombre de confianza de Uribe, fue acusado de colaborar con grupos paramilitares y de facilitarles informaci¨®n sobre sindicalistas y defensores de derechos humanos que luego fueron asesinados. En plena tormenta, Noguera dej¨® la direcci¨®n del DAS. Pero Uribe afirm¨® que pon¨ªa la mano en el fuego por ¨¦l y lo nombr¨® c¨®nsul en Mil¨¢n. Cuando en 2011 condenaron a Noguera a 25 a?os de c¨¢rcel por homicidio, concierto para delinquir, revelaci¨®n de secretos y destrucci¨®n de documentos p¨²blicos, Uribe public¨® este mensaje en Twitter: ¡°Si Noguera hubiera delinquido, me duele y ofrezco disculpas a la ciudadan¨ªa¡±. Algunos de los delitos, como el espionaje a periodistas y jueces, se fueron extinguiendo por la lentitud de los procesos judiciales y prescribieron.

Al final de sus ocho a?os de mandato, la Oficina de la Presidencia de Uribe dio estas cifras para mostrar la eficacia de sus pol¨ªticas: 19.405 combatientes fueron ¡°abatidos¡± (un eufemismo para no decir ¡°muertos¡±), 63.747 fueron capturados y 44.954 fueron desmovilizados.

La suma alcanza 128.106 personas y resulta asombrosa. La fundaci¨®n FEDES calcula que en el a?o 2002 hab¨ªa unos 32.000 miembros armados ilegales en Colombia, entre guerrilleros y paramilitares. Es decir: o cayeron todos y se renovaron por completo cuatro veces seguidas o en realidad ¡°la llamada Pol¨ªtica de Seguridad Democr¨¢tica no estaba exclusivamente dirigida contra miembros de estos grupos sino en contra de un amplio espectro de la poblaci¨®n civil, que fue v¨ªctima constante de cr¨ªmenes como los falsos positivos¡±.

Con la necesidad de presentar cifras de bajas y con el est¨ªmulo de las recompensas secretas fijadas en 2005, en los a?os de Uribe se multiplicaron las ejecuciones extrajudiciales. La misi¨®n de observadores internacionales CCEEUU document¨® 3.796 ejecuciones extrajudiciales entre 1994 y 2009, de las cuales 3.084 ocurrieron en la segunda mitad de este periodo, durante la Pol¨ªtica de Seguridad Democr¨¢tica.

Una grieta en la impunidad

La familia Porras Bernal no ten¨ªa dinero suficiente para una tumba en Soacha. Un amigo les dej¨® un espacio en el cementerio de La Inmaculada, una extensa pradera con peque?as l¨¢pidas dispersas, en el extremo norte de Bogot¨¢. Desde Soacha, en el extremo sur, Luz Marina tarda dos horas en autob¨²s cada vez que va a visitar la tumba de Leonardo.

A la entrada del cementerio compra tres ramos de claveles y margaritas. Camina por la hierba mullida, coloca las flores en el lugar donde reposan los restos de Leonardo, se sienta en el c¨¦sped y acaricia la tierra. Llora en silencio y habla en susurros, mirando al suelo.

-Le doy las noticias de la familia. Le explico c¨®mo estamos, qu¨¦ hacemos, cu¨¢nto le echamos de menos. Y le cuento c¨®mo va la lucha de las Madres de Soacha. Le digo que los diecinueve muchachos asesinados tienen que pedirle a Diosito que nos d¨¦ fuerzas, que estamos luchando por ellos, para que les hagan justicia. Se lo cuento todo a Leonardo y vuelvo a casa m¨¢s tranquila y m¨¢s fuerte.

Luz Marina cumple otra cita con Leonardo y los muchachos asesinados: las concentraciones de las madres en un parque de Soacha, el ¨²ltimo viernes de cada mes. Mar¨ªa Sanabria le ayuda a llevar una gran pancarta en la que denuncian casos de tortura, desapariciones forzadas, montajes, fosas comunes, y en las que acusan a los presidentes ?lvaro Uribe y Juan Manuel Santos de ser responsables de m¨¢s de 4.700 cr¨ªmenes de lesa humanidad. Las Madres de Soacha visten t¨²nicas blancas, llevan al cuello las fotos de sus hijos asesinados y despliegan pancartas.

Cuando empezaron a reunirse y a reclamar la verdad, llegaron las amenazas, las persecuciones, los ataques. Pero ellas nunca callaron. Y sus gritos y sus cantos quebraron el silencio: los medios relataron sus historias; Amnist¨ªa Internacional les envi¨® 5.500 rosas y 25.000 mensajes de todo el planeta y les organiz¨® una gira por Europa en 2010 para denunciar sus casos; y en marzo de 2013, a propuesta de Oxfam-Interm¨®n, recibieron el premio Constructoras de Paz en el parlamento de Catalu?a.

-Nos siguen acosando -dice Luz Marina Bernal- pero la comunidad internacional vigila y esa es nuestra protecci¨®n. Si nos ocurre algo, nosotras se?alamos al Estado.

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene a Colombia en la lista de los pa¨ªses en observaci¨®n, desde 2005, por la sospecha de que no investiga ni juzga debidamente los cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos por las Farc, los paramilitares y los agentes de las fuerzas p¨²blicas. Uno de los casos bajo la lupa es precisamente el de los falsos positivos. En un informe de noviembre de 2012, la CPI afirm¨® que hab¨ªa ¡°bases razonables¡± para creer que estos cr¨ªmenes corresponden a una pol¨ªtica estatal, conocida desde hace a?os por altos mandos militares y como m¨ªnimo ¡°maquillada¡± o ¡°tolerada¡± por los niveles superiores del Estado.

El empe?o de Luz Marina Bernal y las Madres de Soacha consigui¨® un triunfo may¨²sculo el 31 de julio de 2013. El Tribunal Superior de Cundinamarca (departamento al que pertenece Soacha) aument¨® la condena a los seis militares culpables de la muerte de Leonardo: de los 35 y 51 a?os de prisi¨®n con los que fueron castigados en primera instancia, pasaron todos a 53 o 54 a?os. Y lo m¨¢s importante: adem¨¢s de considerarlos culpables de desaparici¨®n forzada, falsificaci¨®n de documentos p¨²blicos y homicidio, como se estableci¨® en el primer juicio, el Tribunal Superior a?adi¨® que se trataba de un plan criminal sistem¨¢tico de los militares, ejercido contra poblaci¨®n civil, y que por tanto deb¨ªa considerarse como crimen de lesa humanidad. Y que as¨ª deb¨ªan considerarse todos los casos de falsos positivos.

Como cr¨ªmenes contra la humanidad

Esta sentencia fue un terremoto: los cr¨ªmenes contra la humanidad no prescriben y pueden juzgarse en cualquier pa¨ªs. As¨ª se abrieron las primeras grietas en la impunidad. Los 4.716 casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados ante la Fiscal¨ªa colombiana, muchos de ellos encerrados en un sarc¨®fago de olvido, podr¨ªan recibir alguna luz a trav¨¦s de esas grietas.

Pero no ser¨¢ f¨¢cil. Los abogados recurrieron la sentencia, que tardar¨¢ en ser firme. Los observadores internacionales insisten en que las investigaciones son escasas y lentas. Y el asesinato de Leonardo Porras fue el m¨¢s flagrante pero a¨²n quedan muchas muertes que no han recibido ninguna atenci¨®n. Como la de Jaime Estiven Valencia, el estudiante de 16 a?os, el chico que quer¨ªa ser cantante y veterinario, el hijo de Mar¨ªa Sanabria.

-A mi ni?o me lo asesinaron el 8 de febrero de 2008, va para seis a?os, y no se ha dado ni una orden de investigaci¨®n ¨Cdice-. A mi ni?o me lo mataron y a nadie le importa. La impunidad me enferma. Me muero de tristeza. Pero sigo viviendo para que nuestros hijos no hayan muerto en vano. Porque al denunciar sus casos conseguimos salvar muchas otras vidas.

-Necesitamos la verdad para seguir viviendo -dice Luz Marina Bernal-. Y no nos basta con saber qui¨¦nes apretaron el gatillo. Solo est¨¢n condenando a los soldados, a los rangos bajos, pero queremos saber qui¨¦nes lo organizaron todo, qui¨¦nes dieron ¨®rdenes y qui¨¦nes pagaron los asesinatos con dinero del Estado.