Un retroceso para los derechos humanos de la mujer en Espa?a

El plan del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, para dar marcha atr¨¢s al acceso al aborto ha indignado a las mujeres de toda Espa?a, ha expuesto las profundas divisiones dentro del Partido Popular gobernante y amenaza con excluir a Espa?a del criterio que siguen la gran mayor¨ªa de los Estados miembros de la Uni¨®n Europea. La restricci¨®n de abortos seguros y legales tambi¨¦n pondr¨¢ a Espa?a en riesgo de incumplir muchas de sus obligaciones de respetar los derechos en virtud del derecho internacional, y de exponerse a un intenso escrutinio por parte de los organismos internacionales de derechos humanos.

Desde 2010, las mujeres espa?olas han tenido el derecho a interrumpir el embarazo hasta la semana 14. Los cambios propuestos, aprobados por el Gobierno a finales de diciembre pero todav¨ªa pendientes de ser presentados ante el Parlamento, permitir¨ªan el aborto ¨²nicamente si la salud f¨ªsica o mental de la mujer est¨¢ en peligro (hasta 22 semanas) y en los casos de violaci¨®n (hasta 12 semanas).

Bajo la propuesta de ley, dos m¨¦dicos tendr¨ªan que certificar que la salud de la mujer est¨¢ en peligro, una v¨ªctima de violaci¨®n tendr¨ªa que haber denunciado la violaci¨®n a la polic¨ªa y las menores de edad tendr¨ªan que obtener el consentimiento de sus padres o tutor legal. El proyecto de ley permitir¨ªa que los m¨¦dicos se nieguen a practicar abortos por razones de conciencia, tambi¨¦n posibilitar¨ªa amenazar con la persecuci¨®n penal a los m¨¦dicos que llevaron a cabo abortos al margen de la ley y prohibir¨ªa la publicidad de los servicios de aborto.

La propuesta del Gobierno es a¨²n m¨¢s restrictiva que la ley de 1985 que fue sustituida en 2010, ya que no permitir¨ªa la interrupci¨®n del embarazo debido a anomal¨ªas fetales, excepto cuando estas anormalidades fueran incompatibles con la vida fuera del ¨²tero y pudieran poner en riesgo la salud mental de la mujer. Este punto en particular ha sido el centro del debate y puede ser uno de los aspectos del proyecto de ley por el cual el Gobierno est¨¢ dispuesto a aceptar revisiones.

Si es aprobada por el Parlamento, incluso con las modestas modificaciones que el Gobierno ha se?alado, esta ley ser¨ªa un gran retroceso para los derechos humanos de las mujeres en Espa?a. Es probable que el Gobierno afronte preguntas dif¨ªciles de la Comisi¨®n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando se re¨²na en octubre para comenzar la revisi¨®n del cumplimiento de Espa?a con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos. El comit¨¦ de la ONU podr¨ªa pedirle al Gobierno que explique c¨®mo se ajustan las restricciones al derecho a la vida, que seg¨²n el derecho internacional de los derechos humanos en general comienza cuando una persona nace, dada la evidencia de que las leyes de aborto restrictivas empujan a las mujeres a someterse a abortos inseguros que pueden llevar a la muerte.

Los miembros del comit¨¦ de la ONU tambi¨¦n podr¨ªan interrogar a las autoridades competentes sobre el derecho a la privacidad, que incluye el derecho de la mujer embarazada a decidir si someterse a un aborto. O podr¨ªan citar el derecho a la informaci¨®n, que obliga a los pa¨ªses a proporcionar informaci¨®n completa, precisa y necesaria para proteger y promover el derecho a la salud, incluida la salud reproductiva.

El Comit¨¦ tambi¨¦n podr¨ªa tener preguntas sobre el impacto desproporcionado que la ley tendr¨ªa sobre las pobres y las marginadas. Las nuevas restricciones podr¨ªan obligar a las mujeres y ni?as a buscar un aborto fuera de Espa?a, lo que plantea importantes preocupaciones sobre el costo y el riesgo para cualquier mujer o adolescente con un embarazo no deseado. Las inmigrantes irregulares, las desempleadas o las mujeres en extrema pobreza podr¨ªan encontrarse en una situaci¨®n en la que simplemente les resulte imposible buscar servicios de aborto en el extranjero.

La ley figurar¨¢ seguramente en la agenda cuando el Comit¨¦ de la ONU sobre la Eliminaci¨®n de todas las Formas de Discriminaci¨®n contra la Mujer (Comit¨¦ CEDAW ) se re¨²na en noviembre para plantear sus preguntas al gobierno de Espa?a sobre su historial en la protecci¨®n de los derechos humanos de las mujeres. El acceso legal y seguro a servicios de aborto es esencial para la protecci¨®n de una serie de derechos de la mujer, incluidos los derechos a la salud y a la no discriminaci¨®n. Tambi¨¦n est¨¢ en juego el derecho de las mujeres a decidir sobre el n¨²mero y el espaciamiento de sus hijos. El Comit¨¦ CEDAW ya ha criticado leyes que penalizan ciertas intervenciones dirigidas exclusivamente a las mujeres calific¨¢ndolas como barreras discriminatorias al acceso de las mujeres a los servicios de salud.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la salud tambi¨¦n estar¨¢ pendiente de los acontecimientos en Espa?a. En un informe de 2011 que marc¨® un antes y un despu¨¦s, critic¨® las restricciones en pa¨ªses de todo el mundo que dificultan el acceso de las mujeres a los procedimientos para abortos legales, tales como, los requisitos de que los abortos sean aprobados por m¨¢s de un profesional de la salud y las obstructivas leyes de objeci¨®n de conciencia.

En pocas palabras, el proyecto de ley denegar¨ªa a las mujeres embarazadas el derecho a tomar decisiones independientes sobre sus cuerpos, lo que representa un riesgo para una amplia serie de derechos humanos. Ser¨ªa una interferencia irrazonable con el ejercicio de la mujer de su amplia gama de derechos humanos. Es por eso que, de ser aprobada, el Gobierno espa?ol ser¨¢ blanco de muchas preguntas dif¨ªciles de responder cuando afronte el escrutinio de los organismos de derechos humanos de la ONU.

Judith Sunderland es investigadora s¨¦nior sobre Europa occidental de Human Rights Watch.