La huella del consumo: cuando pagan justos por pecadores

Por ?lvaro Porro de la revista Opciones

Esta es la segunda entrada sobre ¡°Lo social y lo ambiental¡± que ha publicado el autor en el blog. La primera fue ¡°Pobreza energ¨¦tica: ejemplo de una crisis ecol¨®gica¡±

Cuando manejamos datos sobre consumo, y especialmente datos de impacto ambiental, acostumbramos a trabajar con medias, por lo que estamos considerando a la sociedad como una entidad uniforme; y ello presenta graves limitaciones. Las diferencias de impactos entre unos grupos sociales y otros han sido estudiados y denunciados en las relaciones Norte-Sur global: la deuda ecol¨®gica nos muestra c¨®mo los pa¨ªses empobrecidos, sin ser los mayores causantes de los impactos ambientales, s¨ª sufren en su geograf¨ªa una parte considerable de ellos.O¨ªmos frases como los espa?oles consumen de media tantos litros de agua m¨¢s que un et¨ªope, o los estadounidenses emiten de media tantas veces m¨¢s que un banglades¨ª... Pero, ?entre los propios espa?oles mismos, o los estadounidenses o los et¨ªopes y banglades¨ªes, no hay diferencias significativas?

Cu¨¢nto y c¨®mo consumimos, y por tanto el impacto ambiental individual, est¨¢ muy influido por diferentes caracter¨ªsticas (edad, lugar de residencia, nivel cultural, profesi¨®n, h¨¢bitos...). El nivel de renta tiende a ser una variable determinante para entender los patrones de consumo de los grupos sociales. Si las diferencias econ¨®micas son cada vez m¨¢s grandes, nuestros consumos e impactos en principio tender¨¢n a serlo tambi¨¦n.

Para el caso de Espa?a, hemos encontrado pocos estudios que hayan analizado en alguna medida la relaci¨®n entre renta y tasas de consumo, y sus diferentes responsabilidades ante los impactos ambientales. En el caso de Catalu?a, un estudio de 2002 apunta que cuanta m¨¢s renta familiar, mayor generaci¨®n de residuos entre otras variables. Esta influencia se manifiesta tambi¨¦n en otros consumos, como el del agua, y otros estudios la relacionan con otras variables, como las caracter¨ªsticas socio-econ¨®micas del barrio o municipio.

Por tanto, es clave que las propuestas, diagn¨®sticos, discursos y por supuesto las pol¨ªticas que traten de hacer frente a la crisis ecol¨®gica tengan en cuenta esta dimensi¨®n que podr¨ªamos llamar justicia ambiental, no s¨®lo Norte-Sur sino dentro de las sociedades nacionales. Esto ser¨ªa importante tanto para dar una respuesta equitativa al problema como por efectividad

Que las pol¨ªticas ambientales y las pol¨ªticas sociales est¨¦n desligadas no es casualidad. Y es que, entre otras cosas, el discurso ambientalista tiende a estar muy basado en la responsabilidad y la educaci¨®n, marginando el hecho de que el problema ambiental tambi¨¦n es consecuencia de relaciones sociales y econ¨®micas injustas.

Los recursos y sistemas naturales son parte de unos ¡°comunes¡± globales y locales de los que todos dependemos; la apropiaci¨®n o destrucci¨®n desproporcionada por parte de unos nos afecta a todos. Al igual que en muchos problemas socioambientales, las decisiones privadas del productor sobre c¨®mo quiere fabricar/vender su producto, o del consumidor sobre c¨®mo quiere consumir, acaban repercutiendo sobre el ¨¢mbito colectivo. Si como productor pongo mucho empaquetado innecesario a mi producto, ese impacto, tanto ambiental como econ¨®mico, lo sufriremos todos. Y lo mismo ocurre si como consumidor decido tener un todoterreno, o no reciclar mis residuos. Por tanto, hace falta un marco m¨¢s coherente entre decisiones privadas y consecuencias colectivas.

De hecho, poner este elemento en primera l¨ªnea al conformar las pol¨ªticas ambientales ser¨ªa no s¨®lo un acto de justicia, sino un paso necesario hacia la aceptabilidad social, la consolidaci¨®n y la extensi¨®n de dichas pol¨ªticas. Probablemente mucha m¨¢s gente estar¨ªa dispuesta a apoyarlas, promoverlas o aceptarlas si tuvieran una dimensi¨®n de reparto justo de esfuerzos y consecuencias. Sin embargo no ser¨¢ f¨¢cil, ya que la gesti¨®n que hagamos como sociedad de la incompatibilidad entre unas necesidades crecientes y los l¨ªmites biof¨ªsicos del planeta plantea rotundas preguntas, ?Hasta qu¨¦ punto es aceptable que alguien pueda ser sancionado por utilizar m¨¢s energ¨ªa? ?Qu¨¦ es m¨¢s democr¨¢tico: que cada persona consuma recursos en funci¨®n de su capacidad de gasto y libertad individual, o que se establezcan umbrales colectivos que limiten las decisiones individuales en la b¨²squeda de un reparto m¨¢s equitativo del impacto?La pregunta ser¨ªa si estamos en una situaci¨®n suficientemente grave donde resultar¨ªa leg¨ªtimo establecer significativas restricciones a las decisiones individuales, que actualmente se consideran como parte de la esfera personal, dentro de la soberan¨ªa del consumidor, y por tanto incuestionables desde el ¨¢mbito colectivo.

En la historia reciente contamos con ejemplos ilustrativos que establecen l¨ªmites a la soberan¨ªa individual del consumidor por intereses colectivos. Por ejemplo, durante la crisis del petr¨®leo de 1973 en Alemania se prohibi¨® circular los domingos, mientras que en Suecia se racion¨® la gasolina y el combustible para calefacci¨®n mediante cartillas. Actualmente algunas ciudades han tomado medidas de este tipo con el objetivo de hacer frente a la contaminaci¨®n atmosf¨¦rica local o a la congesti¨®n vial: Pek¨ªn durante los Juegos Ol¨ªmpicos restringi¨® a la mitad la flota de veh¨ªculos privados en circulaci¨®n mediante la numeraci¨®n de las matr¨ªculas, y comprobaron que con un tercio menos de veh¨ªculos las emisiones disminu¨ªan en un 40%.

En nuestro pa¨ªs, se hab¨ªa restringido la velocidad en las v¨ªas r¨¢pidas de circunvalaci¨®n a Barcelona a 80 km/h, para reducir la contaminaci¨®n y por seguridad vial. Pese a los buenos resultados, la medida fue v¨ªctima de una campa?a medi¨¢tica en su contra, y en el posterior cambio de gobierno de la Generalitat fue derogada. Un caso similar tenemos con la medida de ahorro energ¨¦tico y econ¨®mico que se tom¨® a nivel estatal reduciendo a 110 km/h la velocidad m¨¢xima en autopistas, que pese a sus buenos resultados tambi¨¦n ha sido eliminada. Estos dos ejemplos recientes de t¨ªmidas pol¨ªticas de restricci¨®n de decisiones individuales nos dan una idea del poder medi¨¢tico de los sectores que se oponen a ellas, y del debate social que generan.

Afrontar el dilema plantea una serie de riesgos morales asociados a estas cuestiones: ?qui¨¦n decide cu¨¢ndo el da?o a terceros es suficiente como para legitimar una restricci¨®n? A pesar de los riesgos asociados, enfrentarse a este dilema es fundamental, y la ¨²nica forma de gestionar el riesgo de arbitrariedad moral es mediante la creaci¨®n de procesos y marcos de consenso democr¨¢ticos. Por tanto, hacer frente a la crisis ambiental en t¨¦rminos de justicia requiere tambi¨¦n, como hemos comentado en diversas ocasiones, regeneraci¨®n democr¨¢tica.

En cualquier caso, no afrontar el reto es dificultar la situaci¨®n, ya que a medida que la escasez de recursos se intensifique por la crisis ecol¨®gica, previsiblemente se har¨¢n m¨¢s complicados dichos debates y procesos democr¨¢ticos por la situaci¨®n de urgencia y, probablemente, las respuestas ser¨¢n m¨¢s salom¨®nicas y precipitadas, y por tanto menos democr¨¢ticas. Es decir, estar¨¢n m¨¢s condicionadas por los desequilibrios de fuerzas de nuestras sociedades.

Puede consultarse una versi¨®n m¨¢s extensa de este art¨ªculo en el n¨²mero 45 de Opciones.

Fotograf¨ªa de apertura: CO2 emissions, de Ian Britton v¨ªa Flickr / Creative Commons