Tomar la iniciativa

La sesi¨®n prevista para el martes en el Congreso de los Diputados no dar¨¢ satisfacci¨®n a la propuesta del Parlamento catal¨¢n para organizar un refer¨¦ndum, porque las principales fuerzas pol¨ªticas representadas en el Congreso no pueden ni deben aceptar el camino que Converg¨¨ncia i Uni¨® y Esquerra Republicana han tomado de forma unilateral, sin negociaci¨®n, con plazos perentorios y escaso inter¨¦s por demostrar un respeto estricto a la legalidad. Sin embargo, el debate previo a esa votaci¨®n tampoco debe limitarse a un tr¨¢mite tan obligado como in¨²til, tras el cual unos sigan el camino secesionista y otros se limiten a la interpretaci¨®n inmovilista de la Constituci¨®n.

Si eso es todo lo que ocurre el 8 de abril, se habr¨¢ perdido lamentablemente el tiempo y se habr¨¢ dado un nuevo paso hacia la situaci¨®n indeseable del enfrentamiento entre la voluntad de los soberanistas y la del conjunto de los espa?oles, incluidos todos aquellos que viven en Catalu?a y desean seguir juntos con los dem¨¢s espa?oles.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sugiere emprender otro camino. Por una parte cierra la puerta a la soberan¨ªa proclamada unilateralmente por el Parlamento catal¨¢n, y en ese punto conforta la posici¨®n del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero tambi¨¦n abre la posibilidad constitucional de un ¡°derecho a decidir¡± como ¡°aspiraci¨®n pol¨ªtica¡± a la que se puede llegar mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional. El tribunal la considera leg¨ªtima, siempre que no se identifique ni con el derecho de autodeterminaci¨®n ni con la atribuci¨®n de una soberan¨ªa de la que carece, por s¨ª sola, la ciudadan¨ªa catalana.

Ser¨ªa inaceptable que la sesi¨®n del pr¨®ximo martes en el Congreso se convirtiera en un front¨®n en el que rebotaran los argumentos de unos y otros. El Tribunal Constitucional ofrece la salida cuando se?ala el car¨¢cter pol¨ªtico del problema planteado y la imposibilidad de que sea el propio Constitucional el que lo resuelva, como se le ha exigido en otras ocasiones. Eso corresponde a las fuerzas pol¨ªticas, y especialmente a los dos grandes partidos y a los nacionalistas. Por unanimidad, los jueces constitucionales afirman que debe hacerse ¡°mediante el di¨¢logo y la cooperaci¨®n¡±, limitando su propia funci¨®n a la vigilancia de que los procedimientos sean constitucionales. Tampoco tiene sentido perderse en bizantinismos sobre el car¨¢cter consultivo o decisorio de una consulta, porque todos los refer¨¦ndums son consultivos, como dice al art¨ªculo 92 de la Constituci¨®n.

El Congreso, donde se sientan los representantes de la soberan¨ªa, puede afinar una salida positiva para una sesi¨®n que muchos querr¨ªan reducir a un simple portazo. De ning¨²n modo se debe seguir alimentando la demagogia de los bloqueos ni de los chantajes. El debate del martes solo ser¨¢ serio y ¨²til si alumbra el compromiso de avanzar por la senda del di¨¢logo.