No irse a pique

Tras el abordaje de varios barcos de narcotraficantes en aguas pr¨®ximas a las espa?olas, se cierne un peligro de archivo de las causas judiciales abiertas al respecto. No hay problemas de confianza entre los colectivos que intervienen en la lucha (cuerpos de seguridad, fiscales, jueces), sino que todos ellos se ven obligados a aplicar una normativa que, en el mejor de los casos, crea confusi¨®n. No puede ser que los intentos precipitados de arreglar otros conflictos de la justicia universal conviertan en est¨¦riles operaciones basadas en buena informaci¨®n previa (propia o facilitada por servicios extranjeros), puesto que en todas ellas se encontraron fuertes cargamentos de droga.

La mayor¨ªa de los jueces penales de la Audiencia Nacional estiman que no son competentes en la materia. No porque se nieguen a actuar, sino porque creen que se lo impide la reciente limitaci¨®n legal de la justicia universal, que el PP hizo aprobar a la carrera. La fiscal¨ªa trata de sacar partido a una frase de la ley que declara la competencia espa?ola para actuar en ciertos delitos cometidos ¡°en los espacios marinos¡±, frente a otra frase de la misma norma que restringe la persecuci¨®n internacional del narcotr¨¢fico a asuntos donde se acredite una conexi¨®n espa?ola. La cuesti¨®n queda pendiente, pero confiar en recursos que van y vienen exige demasiado tiempo.

Es cierto que hay mucho que investigar y controlar en el espacio de jurisdicci¨®n espa?ola ¡ªmercado de drogas y puerta de entrada importante de esas mercanc¨ªas para el resto de la Uni¨®n Europea¡ª, y que puede existir la tentaci¨®n de desentenderse de los narcos cuando no pretenden alijar en este pa¨ªs. Solo as¨ª se comprenden las palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, cuando sostuvo que los espa?oles no pueden convertirse en ¡°los gendarmes internacionales en aguas internacionales¡±, matizadas despu¨¦s en el sentido de que los barcos de los narcotraficantes deben ser denunciados a ¡°tribunales competentes¡±, en referencia a los de otros pa¨ªses.

Mientras no haya una reconsideraci¨®n internacional del tratamiento que debe darse a esas sustancias ¡ªalgunas voces proponen regular legalmente el mercado del hach¨ªs, para reducir el peligro corruptor de las mafias¡ª est¨¢ claro que Espa?a no puede facilitar la creaci¨®n de espacios de impunidad.

Hay que resolver pronto el embrollo legal que ha dado origen a esa situaci¨®n. Queda suficientemente confirmado el error del Gobierno de haber promovido una reforma legal precipitada, salt¨¢ndose los dict¨¢menes de ¨®rganos consultivos (Consejo de Estado, Poder Judicial, Fiscal¨ªa) que probablemente habr¨ªan servido para detectar los agujeros o los problemas de interpretaci¨®n de la reforma. Urge encontrar soluciones sensatas, si no queremos que parte de la inversi¨®n de esfuerzos realizada en la lucha contra el narcotr¨¢fico se vaya a pique por problemas formales.